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El presidente estadounidense Barack Obama finalmente cedió hoy a autorizar el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México, tras resistir más de un año la presión de republicanos y conservadores que le exigían hacerlo.
Sin embargo, los mil 200 soldados que serán desplegados en la frontera sur de Estados Unidos constituyen una cantidad muy limitada en comparación a los seis mil que demandaban senadores republicanos como John McCain y Jon Kyl, ambos de Arizona.
Tan sólo el gobernador de Texas, Rick Perry, ha pedido el envío de mil soldados para vigilar la frontera entre Texas y México, mientras la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha solicitado 250 más para esa entidad.
Los detalles sobre los puntos de la frontera a donde serán desplegadas las tropas, no han sido dados a conocer.
Obama se resistió por meses al envío de tropas, pero una serie de acontecimientos recientes pudieron haberlo inclinado finalmente a tomar la decisión de autorizarlo.
Acciones como el homicidio de un ranchero en el sur de Arizona en marzo pasado y la promulgación un mes después en esa entidad de la ley antiinmigrante SB 1070, vinieron a incrementar la presión para el presidente estadunidense.
Incluso, miembros de su propio partido, como el gobernador demócrata de Nuevo México, Bill Richardson, se sumaron a la presión. Richardson ordenó a finales de marzo un limitado despliegue de tropas de la Guardia Nacional de esa entidad.
La exigencia para el envío de tropas, comenzó a presentarse en febrero de 2009, semanas después de que Obama llegara a la Casa Blanca.
La petición se sustentó desde entonces en la necesidad de asegurar la frontera para contrarrestar la potencial amenaza de violencia por parte de los cárteles de la droga en el lado estadunidense.
Por meses, Obama fue presionado para relanzar la Operación Jump Start, ordenada en mayo de 1996 por su antecesor, el presidente George W. Bush.
La operación, que a lo largo de dos años colocó a seis mil soldados de la Guardia Nacional en apoyo a la vigilancia de la Patrulla Fronteriza, fue considerada un éxito cuando concluyó en junio de 2008.
El despliegue militar tenía entonces el propósito de reforzar la seguridad ante una ola de inmigración indocumentada y un creciente tráfico de drogas, a fin de dar tiempo para poder reclutar y entrenar a unos seis mil nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza.
La Guardia Nacional sirvió como los ''ojos y oídos'' de la Patrulla Fronteriza en el combate a la inmigración ilegal, a lo largo de esos dos años.
Sin embargo, ahora el objetivo de enviar tropas a la frontera ha variado, ante la prioridad de que los soldados colaboren en el combate a las pandillas y a organizaciones de traficantes de drogas.
Una encuesta realizada el mes pasado por la compañía especializada Rasmussen Reports mostró que 72 por ciento de los estadunidenses apoya la presencia militar en la frontera con México, mientras sólo 16 por ciento expresó que las tropas no son necesarias en la zona.
Paradójicamente, la mayor oposición al envío de tropas se da precisamente entre los residentes fronterizos.
La Coalición Fronteriza de Texas, que reúne a alcaldes, jueces, funcionarios y líderes sociales y empresariales de más de una veintena de comunidades, han expresado en distintas ocasiones su oposición al despliegue militar en la zona.
Los miembros de la coalición advierten que la presencia de soldados en la frontera aumentaría el temor y las tensiones y sería perjudicial para el clima de negocios en el área.
''Existen consecuencias no intencionales cuando uno dice: voy a enviar soldados a la frontera'', advirtió Richard Cortez, alcalde de McAllen, al asegurar que su ciudad atestiguó de primera mano en fecha reciente el efecto negativo de la mala publicidad en la prensa.
El debate sobre el uso de tropas en la frontera con México no es nuevo y se ha venido ventilando desde la década de los 80.
El debate enfrenta por un lado a republicanos y conservadores, que pugnan por una mayor presencia militar en la zona, y por el otro a demócratas y liberales, que se resisten a la idea del uso de las fuerzas armadas en labores de vigilancia en las comunidades fronterizas.
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