Nuevo orden jurídico

En el país, con el abierto impulso del MAS, se intenta construir un nuevo orden jurídico, de alguna manera, sustitutivo del anterior ordenamiento legal institucional implantado durante la etapa colonial y enriquecido durante los dos siglos de vida republicana.

En sintonía con la lógica de ruptura de la revolución democrático-cultural, el nuevo orden jurídico busca suplantar un conjunto de normas, procedimientos y, en definitiva, a una época y a una doctrina jurídica.

En realidad, el nuevo orden que se anuncia, cuyos elementos simbólicos y materiales más destacados se hallan en la CPE aprobada en 2009, es más de lo mismo con algunas vetas y elementos novedosos.

La actual Constitución, a manera de ejemplo, estructura el poder público a través de cuatro órganos: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. El 13 de agosto de 1825, la Asamblea Constituyente de la recién fundada República adoptó la división del poder público en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Un año más tarde, la Constitución concebida y legada por Simón Bolívar a la joven República, en 1826, reconocía la división de poderes y le agregaba el cuarto poder, el electoral.

Casi dos siglos más tarde, la Constitución enarbolada por el MAS ratifica los cuatro poderes estatales. Hoy se llaman Órganos, pero son lo mismo de antes.

Este hecho y otros de similares características despiertan el temor en la ciudadanía de que en el país, como en otros momentos de nuestra historia, todo cambia para que nada cambie. Excepto la voracidad y angurria de poder.

El poder electoral de los albores de la época republicana fue eliminado de la estructura estatal en la reforma constitucional propiciada por el Mariscal Santa Cruz, en 1831. Dicha institución o la mentalidad de la época no calzaron adecuadamente. El poder electoral fue sepultado y olvidado sin llantos ni lamentaciones por más de siglo y medio, hasta su incierto retorno en la CPE 2009.

El cuarto poder de la Constitución bolivariana no tenía razón de ser ni funcionalidad en una sociedad en formación, que estaba saliendo del Estado monárquico centralista y se proponía construir una novísima y desconocida, hasta ese momento, sociedad democrática. En la que la idea de ciudadanía buscaba imponerse en sustitución del concepto de súbdito, colono o indiano. Por vez primera en la historia de estos territorios, el pueblo había conquistado el derecho a organizar y elegir su gobierno. Pero tuvieron que transcurrir 127 años para que el ideal republicano de elegir gobierno se pudiera alcanzar a plenitud con la Revolución Nacional de 1952.

Tanto el restituido Órgano Electoral como la polémica Ley del Órgano Electoral, norma recientemente aprobada por la aplastante mayoría oficialista, forman parte del intento de desmontar las instituciones estatales republicanas y sustituirlas por un nuevo orden jurídico. Pero, al mismo tiempo, constituyen intentos por conservar y reproducir, casi infinitamente, el poder político.

La Ley del Régimen Electoral, cuando por fin la ciudadanía conozca dicha norma (hasta el presente es un secreto bien guardado), buscará consolidar un sistema de elección y representación, orientado por la idea de concentrar todo el poder posible en las manos del partido de Gobierno. Y dicha norma será aprobada. ¿Les queda alguna duda?

Sin embargo, quedan las lecciones de la historia y de la vida, nada dura lo suficiente.

ccordero@estudiosdemocraticos.org

Politólogo