ONU insta a debatir la justicia indígena en el país

En un comunicado difundido por la oficina en Quito de las Naciones Unidas, Anaya exhortó al diálogo entre actores políticos y organizaciones indígenas de Ecuador, "para construir de manera participativa y consultada los mecanismos de coordinación y de cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena".

"La clave está en el diálogo basado en los principios de tolerancia y respeto a los derechos humanos", subrayó el experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos para estudiar la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.

Según él, "resulta contraproducente para la construcción del Estado intercultural y plurinacional, que declara la nueva Constitución de Ecuador" el que se califique de "salvaje y violatoria de los derechos humanos a toda expresión de la justicia indígena", basada en noticias parciales de medios de comunicación.

Se refirió a un caso ocurrido el pasado 9 de mayo en la comunidad indígena de La Cocha, en la provincia andina de Cotopaxi, donde los campesinos detuvieron a unos jóvenes acusados de asesinar a un miembro de esa localidad.

Aunque en un principio la comunidad sentenció a la pena de muerte al principal sospechoso, luego le condenó a un escarnio público y a trabajo, lo que fue calificado por medios de información y varias autoridades como una "barbaridad".

Por ello, Anaya, en el escrito, expresó su "profunda preocupación" por el "ambiente de polarización" que ha surgido por algunos comentarios de prensa y de autoridades, que "trascienden la crítica razonable y ponderada de un caso concreto de aplicación de la justicia indígena".

Esas declaraciones "corren el riesgo de ser percibidas como posiciones que alientan visiones racistas y discriminatorias contra el conjunto de los pueblos indígenas de Ecuador", añadió.

Anaya recordó que la Constitución ecuatoriana reconoce la igualdad entre la jurisdicción indígena y la ordinaria, y establece que los principios de relación entre ambas son de cooperación y coordinación.

"La norma constitucional no sólo es coherente con los estándares internacionales sobre la materia", sino que "reconoce la realidad innegable de la existencia y funcionamiento efectivo durante centenares de años de varios sistemas de justicia indígena", agregó.

Instó a la sociedad y las autoridades ecuatorianas a "reconocer el funcionamiento efectivo y pacífico de las justicias ancestrales en la enorme mayoría de casos", pero a "no confundir casos de justicia por mano propia y hechos de violencia tumultuaria con las genuinas expresiones de la justicia indígena".

"Esto supone un proceso de mayor diálogo con las autoridades indígenas y conocimiento de las justicias ancestrales, así como el apoyo de análisis jurídico-antropológicos, especialmente en el tema de los derechos humanos", recalcó Anaya.

Para garantizar "el derecho de todos a la justicia", las autoridades ecuatorianas deben "redoblar sus esfuerzos para fortalecer las capacidades, tanto la justicia ordinaria como la justicia indígena", para que ambos luchen "contra la impunidad dentro del respeto a los derechos humanos", subrayó.