Tras el encuentro, que se duró más de diez horas, Gobierno, empresarios y sindicatos no consiguieron acercar unas posturas distanciadas desde hace meses y perdieron la oportunidad de sacar adelante una reforma pactada, tal y como pretendía el Ejecutivo.
Según confirmaron fuentes sindicales, el Gobierno enviará el texto del eventual decreto el viernes a los sindicatos y se reunirán por la tarde para evaluarlo. Con la CEOE celebrarán un encuentro diferente.
Ésta es la segunda vez en esta legislatura que fracasa el proceso de diálogo sobre la reforma, ya que el pasado mes de julio se rompieron también las negociaciones ante la insistencia de la patronal por reducir cotizaciones sociales.
Tras el nuevo fracaso, el Ejecutivo tendrá que empezar a buscar el apoyo de los grupos políticos para sacar adelante la reforma en el Congreso, sólo unas semanas después de que consiguiera dar 'luz verde' al decreto antidéficit por un solo voto de diferencia.
Además, el Gobierno corre el riesgo de tener que hacer frente a una huelga general, ya que los sindicatos llevan semanas advirtiendo de que si la reforma lesiona los derechos de los trabajadores con medidas como el abaratamiento del despido convocarán una movilización de este tipo.
Lo que proponía el Ejecutivo
En cuanto a propuestas concretas, el Gobierno había propuesto a sindicatos y empresarios que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asuma el pago de 8 días en las indemnizaciones por despido, por lo que ambas partes ganaban, ya que se garantizaría un despido más barato para los empresarios, pero sin tocar la cantidad que reciben los trabajadores despedidos.
El Gobierno también pretende aplicar otras medidas relacionadas con la contratación y el despido, como la extensión del contrato de fomento del empleo, con una indemnización de 33 días en lugar de 45. Este tipo de contrato, creado en 1997, se puede utilizar para numerosos colectivos, ya que, actualmente, sólo están fuera los hombres de entre 30 y 45 años.
De la misma forma, una de las propuestas podría ser facilitar el uso del despido por causas objetivos, con una indemnización de 20 días, basado en razones económicas, tecnológicas y organizativas.
Este tipo de despido exige al empresario que ha despedido al trabajador que acredite dichas causas ante el juez, arriesgándose a que, después del trámite judicial, se estime improcedente el despido y tenga que pagar finalmente 45 días de indemnización al trabajador.
La reunión había comenzado sobre las 19.30 horas del miércoles en el Ministerio de Trabajo y contaba con la presencia del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente.
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El Gobierno propone que el Estado asuma el pago de 8 días de las indemnizaciones por despido
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