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No hubo acuerdo en la mesa de diálogo; habrá decreto

No hubo acuerdo en la mesa de diálogo; habrá decreto

jueves 10 de junio de 2010, 11:26h
   Definitivamente, no fue posible el acuerdo en la mesa de diálogo, y la reforma laboral saldrá adelante sin acuerdo. Tras casi 11 horas de intensa reunión, pocos minutos antes de las seis de esta pasada madrugada del jueves, el Gobierno, la patronal y los sindicatos han concluido las negociaciones para pactar los cambios en el mercado de trabajo. Pese a que la duración del encuentro hacía presagiar que el acuerdo estaba más próximo que hace unos días, las diferencias en los planteamientos, especialmente en lo referente al despido, frustraron, finalmente, las expectativas. Fuentes del Ministerio de Trabajo constataban que "no hubo margen para el acuerdo" entre las tres partes. Con este último esfuerzo en el que los responsables de patronal y sindicatos recibieron dos documentos con las propuestas principales del Ejecutivo, las partes dan por concluida la negociación de la reforma laboral. El Gobierno citará ahora por separado a patronal y sindicatos para establecer una ronda de consultas -no negociación- sobre el decreto que lleva semanas preparando ante la probabilidad de que el acuerdo resultaba complejo. Será el próximo viernes, aseguran fuentes de la negociación, después de que los agentes sociales reciban el documento final que el Ejecutivo pretende aprobar en el Consejo de Ministros del próximo día 16. Con el texto en la mano, sindicatos y patronal expresarán su opinión a los representantes del Ministerio de Trabajo.

   El encuentro concluido esta pasada madrugada había comenzado a las 19.30. A las 2.30 de la madrugada aún le quedaban "horas", según aventuraban fuentes de la negociación. A las 3.30 la reunión continuaba. Un poco antes, asesores jurídicos de los sindicatos UGT y CCOO y de la patronal llegaban al Ministerio de Trabajo para incorporarse a la reunión. Finalmente, concluyó poco antes de las seis de la madrugada. Ninguna de las partes admite que lo dilatado de la sesión haya sido sintomático de un acercamiento de posturas. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y el jefe de gabinete de La Moncloa, José Enrique Serrano, presidieron la reunión en la sede de Trabajo. Por la parte sindical participaron los secretarios generales de UGT (Cándido Méndez) y CCOO (Ignacio Fernández Toxo) y por CEOE, su presidente, Gerardo Díaz Ferrán. El encuentro se había fijado como la última oportunidad, aunque el propio Corbacho abrió la puerta a seguir negociando hasta este domingo. En los debates de estas últimas horas, la principal novedad del esquema de seis puntos presentado por Corbacho radica en el coste del despido. El Ejecutivo ha ensayado una vía intermedia para aligerar las cantidades que pagan los empresarios sin rebajar lo que perciben los trabajadores. La solución es que el Estado financie, a través del Fondo de Garantía Salarial, una parte de las indemnizaciones por despido (ocho días en todos los casos). El único requisito es que los despidos sean por razones económicas, no disciplinarias, y se podrá aplicar tanto a los casos procedentes como a los improcedentes. Con esta fórmula, el fondo, engrosado con aportaciones empresariales, abonará una parte fija de cualquier despido (de 20 días, de 33 o de 45). Hasta ahora el Fondo de Garantía Salarial sólo costeaba los despidos objetivos de empresas con menos de 25 trabajadores.

   Además de la subvención del despido, el otro elemento fundamental del documento consiste en allanar el camino a las empresas para que puedan acogerse al despido por causas económicas, cuya indemnización es de 20 días por año trabajado frente a los 45 del improcedente. Esa sería la vía más eficaz para aligerarles el coste del despido. Porque la legislación actual ya permite acogerse a los 20 días por año cuando la empresa reduce plantilla por motivos económicos, pero los procesos judiciales suelen ser tan largos e inciertos que los empresarios prefieren pagar un despido improcedente a cambio de olvidarse del trámite. Aun en estos años de crisis, el 80 por ciento de los despidos se han resuelto como improcedentes, lo que constituye una anomalía. Otra vía para abaratar el coste del despido consistirá en generalizar como contrato indefinido el de 33 días de indemnización (frente a los 45 ordinarios). La contrapartida a esa propuesta, demandada por los empresarios, radica en el freno a la contratación temporal. Se aumentará hasta 12 días por año trabajado la indemnización por finalización de contrato temporal (ahora son ocho) y se acotará a un máximo de dos años la duración del contrato por obra y servicio, un auténtico coladero de eventualidad injustificada que ahora no tiene límite temporal.

   El modelo alemán de reducción de jornada es uno de los puntos del esquema del Gobierno que más unanimidad suscitan. Consiste en fomentar que las empresas reduzcan la jornada de sus trabajadores en tiempos de crisis en lugar de despedirlos. Los empleados cobrarían el paro en la parte de la jornada que dejan de realizar. También recibe un respaldo prácticamente unánime la elaboración de un plan de empleo para jóvenes que concentre la mayor parte de las bonificaciones al empleo en este colectivo y amplíe el uso del contrato de formación, ahora residual. Menos posibilidades de acuerdo se vislumbraban en el sexto punto del documento: la entrada de agencias privadas de colocación en el ámbito de los servicios públicos de empleo para fomentar la intermediación laboral.

   Pero, como decíamos, tras más de 10 horas de reunión, el diálogo social para salvar la reforma laboral ha fracasado. La última y maratoniana reunión entre agentes sociales y el Ejecutivo de Zapatero terminaba al alba, minutos antes de las seis, y sin acuerdo. Gobierno, empresarios y sindicatos no consiguieron acercar unas posturas distanciadas desde hace meses y perdieron la oportunidad de sacar adelante una reforma pactada, tal y como pretendía el Ejecutivo. Según fuentes sindicales, el fracaso de la reunión se ha debido a las grandes diferencias que existen por la posición de la patronal. Todo apunta a que las principales diferencias estaban en torno al abaratamiento del despido y en especial sus causas. A partir de ahora, el Gobierno tendrá que elaborar el borrador del nuevo decreto y empezar a negociar con los grupos parlamentarios para asegurarse el apoyo al texto en el Congreso de los Diputados. El Gobierno enviará el texto del eventual decreto el viernes a los sindicatos y se reunirán por la tarde para evaluarlo. Con la CEOE celebrarán un encuentro diferente. Las fuentes añadieron que la patronal ha pedido que las nuevas citas con los agentes sociales sean por separado.


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