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¿Impunidad a militares o garantías a héroes?

¿Impunidad a militares o garantías a héroes?

La condena de 30 años proferida contra el coronel retirado del Ejército Nacional Adolfo Plazas, por su responsabilidad en la desaparición de al menos diez civiles durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985, cayó como un auténtico ‘balde de agua’ al interior del Gobierno y de la Fuerza Pública.

Tan grande fue la crisis generada por la decisión judicial, que el presidente Álvaro Uribe, quien se ha caracterizado por su férrea defensa de los miembros de la Fuerza Pública, decidió celebrar una reunión entre algunos miembros de su Gobierno y la cúpula militar, con el objeto de analizar y tomar decisiones al respecto.

Los asistentes al encuentro fueron: el mandatario, el Ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján; el Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León; el Comandante del Ejército Nacional, general Óscar Enrique González Peña; el Comandante de la Armada Nacional, Almirante Guillermo Barrera Hurtado; el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Jorge Ballesteros Rodríguez y el Director General de la Policía, General Óscar Naranjo Trujillo.

Horas después de terminada la reunión, Uribe, mediante una alocución presidencial, se dirigió al país para manifestar una vez más su desacuerdo frente a la decisión judicial y señalar su preocupación por la desmotivación que pueda generar el juzgamiento de sus miembros por hechos sucedidos en el "cumplimiento de su deber”.

"Nosotros necesitamos la eficacia y el respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos no se pueden invocar para cometer abusos contra la Fuerza Pública. Registro con tristeza hoy un gran desestimulo de las Fuerzas Armadas de Colombia por estas decisiones que se han tomado"
, declaró el jefe de Estado.

Además, el mandatario anunció que se evalúa la posibilidad de crear un proyecto de ley para darle garantías a la Fuerza Pública, ante la evolución de las sentencias, que está creando una enorme desmotivación y una profunda preocupación en las Fuerzas Armadas de Colombia.

El Congreso de Colombia aprobó en 1991 el indulto y la amnistía contra los integrantes de la guerrilla del M-19, que entregó las armas y se desmovilizó en 1990. Por su parte, el coronel Plazas se declaró inocente, anunció que apelará el fallo y afirmó ser víctima de una persecución política.

Amnistía Internacional calificó el fallo de la jueza como una condena histórica que se impuso sobre la decisión de las Fuerzas Armadas de Colombia de ocultar la verdad.  "Con esta sentencia pionera para las familias de las víctimas, que durante casi un cuarto de siglo han hecho campaña por la justicia, se ha comenzado a romper el silencio que durante tanto tiempo ha protegido a los responsables", expresó Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional para Colombia.

De otro lado, la decisión judicial de iniciar una investigación en contra del ex – presidente Belisario Betancur, quien al momento de la toma era el mandatario, fue calificada por Uribe como un "abuso". Betancur ya había sido investigado y absuelto por este mismo hecho, por una comisión legislativa. 
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