"Elogio a la judicatura colombiana por su decisión, que supone un paso importante en la lucha contra la impunidad, y que insta al Gobierno del país a apoyarla y respetarla", resaltó
Pillay en un comunicado.
"También apremio al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para continuar la salvaguarda de la seguridad de la Juez María Stella Jara, que se enfrenta a numerosas amenazas", añadió
Pillay.
La delegación colombiana, así como los relatores especiales de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos y sobre la independencia de jueces y abogados, insistieron también en recomendar a las autoridades que aumenten las medidas actuales para salvaguardar la integridad de
Jara.
En referencia a la actuación de
Plazas,
Pillay recalcó que
"el uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad y mantener el orden público es un derecho y una obligación del Estado con sus ciudadanos; sin embargo, el Estado debe cumplir ciertos límites dirigidos a respetar los derechos fundamentales de los individuos y el imperio de la Ley, incluso cuando responda a ataques injustificados de grupos armados ilegales", apostilló.
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