La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con un video y un audio con los cuales intentará demostrar que gente cercana a Carlos Ahumada trató de convencer a un testigo para modificar su declaración en favor del empresario de origen argentino, reveló hoy el periódico matutino de la ciudad de México, El Universal en oportuna nota de la reportera Icela lagunas.
En la averiguación previa, en poder de EL UNIVERSAL, se establece que los abogados de Ahumada presuntamente ofrecieron 1.5 millones de dólares a Rosalío Rodríguez Jiménez para cambiar su versión sobre la investigación de los fraudes contra la delegación Gustavo A. Madero.
El operativo para descubrir el cohecho se originó a partir de que Rodríguez Jiménez denunció en dos ocasiones que fue amenazado por Ahumada.
Para convencer a Rodríguez, Ahumada recurrió en 2005 a su amigo el arquitecto Luis Molina y ambos se apoyaron en Lidia Rodríguez Flores, quien era secretaria de acuerdos del juez Carlos Casiano Morales, en cuyo juzgado estuvo el caso.
En el video y en la cinta de audio la secretaria de acuerdos y Molina trata de convencer a Rodríguez de cambiar su testimonio e, incluso, lo instruyen sobre la forma como deberá responder ante el Ministerio Público para desconocer su primera declaración.
Rodríguez fue lavacarros de Ahumada, quien lo usó para firmar contratos y documentos notariales de su empresa. Después se convirtió en testigo de la Procuraduría, que lo empleó para grabar a escondidas la conversación.
Lidia Rodríguez escapó al conocer que era investigada y el juez dejó de tener a su cargo el caso.
Audio y video en poder de la procuraduría capitalina
Carlos Ahumada y su amigo, el arquitecto Luis Molina, presuntamente ofrecieron 1.5 millones de dólares a un testigo de la Procuraduría capitalina, Rosalío Rodríguez Jiménez, para que cambiara su declaración en el juicio contra el empresario de origen argentino por los delitos de fraude genérico contra la delegación Gustavo A. Madero.
Para convencer y presionar a Rodríguez, tanto Ahumada como Molina se apoyaron en Lidia Rodríguez Flores, quien era secretaria de Acuerdos del juez Carlos Casiano Morales, en cuyo juzgado estuvo el caso.
La Procuraduría de Justicia capitalina tiene un video y una cinta de audio en las que se evidencia a la secretaria de acuerdos y a Molina tratando de convencer a Rodríguez de cambiar su testimonio e, incluso, lo instruyen sobre la forma como deberá responder ante un nuevo agente del Ministerio Público para desconocer su primera declaración.
Rodríguez empezó a trabajar con Ahumada como vigilante, lavacarros y lustrador de zapatos. Luego, el dueño de Quart lo usó para que firmara contratos y documentos notariales de su empresa.
Después se convirtió en testigo de la Procuraduría, que lo empleó para grabar a escondidas una conversación con Lidia y Luis en las escaleras del Reclusorio Norte.
La Fiscalía para Delitos Especiales de la Procuraduría del DF investiga tres depósitos bancarios por 270 mil pesos en total, que la secretaria de acuerdos y cercana al juez Casiano recibió de otras personas presuntamente ligadas al empresario en su cuenta bancaria de Inverlat.
Lidia no atendió diversos citatorios de la Fiscalía y al saberse investigada se dio a la fuga, mientras que el juez Casiano dejó de tener a su cargo el juicio contra Ahumada.
Según la averiguación previa, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, los entonces abogados de Ahumada presuntamente le ofrecieron a Rosalío 1.5 millones de dólares para que cambiara su versión sobre la investigación de los fraudes contra la GAM.
El operativo para descubrir el cohecho se originó a partir de que Rosalío denunció en dos ocasiones que fue amenazado por Ahumada y Molina.
Por lo anterior, la Policía Judicial grabó a la funcionaria judicial con la colaboración de Rosalío.
El Fiscal para Delitos Especiales de la PGJDF, Rafael Mateo, explicó que luego de la grabación, realizada el 7 de septiembre de 2005, Lidia renunció a la Secretaría de Acuerdos del Juzgado 11, el 2 de enero y escapó.
En su momento, el juez Casiano fue notificado para que presentara a declarar a su trabajadora.
"Sin duda, el comportamiento de la secretaria de acuerdos pudo ser contundente para el cambio de juez", indicó el fiscal.
Hasta el momento se investiga a las dos personas que hicieron los depósitos a favor de Lidia.
En cuanto a Luis Molina, el arquitecto que también aparece en el video, aún tiene que ampliar su declaración y se le podría tipificar el delito de cohecho o amenazas.
El audiocasete de 90 minutos de duración forma parte de la averiguación previa del Ministerio Público.
Estos son fragmentos de la conversación trasncrita en las actas:
- Lidia: Vengo a darle una asesorada ¿no?... La situación es la siguiente, usted va a declarar en el asunto de aquí, de un conocido, este, del señor Ahumada.
- Rosalío: Sí.
- Lidia: Le van a decir ¿ratifica o no? y pues en parte, porque si son mis firmas las que obran al margen de esa declaración... pero no fue lo que yo dije... y el MP lo asentó.
- Rosalío: Qué, cuando me digan ´¿y el millón que te ofreció Díaz Sosa´, ahí qué digo?
- Luis: Es que cuando recién traen a Carlos (de Cuba), en su desesperación, me dice, oye dile a Rosalío que me ayude.
- Lidia: Si le llegasen a decir, oiga y por qué usted firmaba (los concursos), ¡ahh!, porque yo era el representante legal de Quart.
Congresistas piden informes
La Comisión de Seguridad Pública de la ALDF envió un oficio al procurador capitalino Rodolfo Félix Cárdenas, en el que le solicita una explicación sobre los hechos ocurridos a la salida del empresario Carlos Ahumada del Reclusorio Norte.
En el documento, firmado por Carmen Segura y Jorge Schiaffino, integrantes de dicha comisión, piden saber con qué fecha y qué autoridades giraron órdenes de presentación contra el empresario de origen argentino; qué las motivó y cuántas fueron.
Asimismo, con qué fundamento legal se le detuvo, sin existir flagrancia, notoria urgencia ni orden de aprehensión; por qué no se le tomó la declaración correspondiente en el tiempo que estuvo en reclusión.
Los diputados locales preguntan por qué no se le giró citatorio previo al empresario para presentarse a declarar y por qué se utilizó la fuerza en una simple orden de presentación y aún en presencia de los familiares se le detuvo.
También pidieron el resultado del dictamen del médico legista sobre la revisión practicada a Ahumada y qué argumento sustentaría una acción contra los escoltas del aludido, así como si se prevé ejercitar acciones por el uso ilegal de la fuerza pública.
Los diputados destacan que la petición a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) responde a su obligación de velar por el mantenimiento del orden con libertad, donde haya equilibrio entre el respeto a los derechos humanos, garantías individuales, la tranquilidad y estabilidad social.
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No(
