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Casas consigue aprobar su borrador en bloques 8 a 2 y 6 a 4 votos

La sentencia del Estatut tumba 15 artículos en temas clave como financiación, lengua o Justicia

>> No declara inconstitucional el término "nación" porque el preámbulo no es jurídicamente vinculante

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) logró este lunes sacar adelante por mayoría una sentencia que avala la inclusión en el Preámbulo del Estatut de Cataluña del término "nación", si bien deja claro que la misma carece de eficacia jurídica interpretativa, dada la indisoluble unidad de la nación española, informaron fuentes del alto tribunal.
Esta interpretación restrictiva ha contado con el apoyo de seis de los magistrados, los del bloque "conservador" más Manuel Aragón Reyes, y el voto en contra de los magistrados progresistas. El fallo dado a conocer avala amplias partes del Estatut de Cataluña, si bien anula 15 de sus preceptos, que fueron declarados inconstitucionales por ocho de los diez magistrados que deliberan sobre este asunto, según informaron fuentes conocedoras del fallo.

Los magistrados votaron el fallo en cuatro bloques, siendo el que aglutina los inconstitucionales el único que obtuvo el apoyo de ocho magistrados, en el resto de votaciones (sobre artículos que pasan el filtro de constitucionalidad, los más de treinta que tendrán una redacción interpretativa y sobre el Preámbulo, donde se incluye el término 'nación') se saldó con un resultado de seis votos frente a cuatro.

Los magistrados discrepantes en las votaciones sobre los artículos del Estatut que pasan el filtro constitucional y sobre las interpretaciones que se dan a la norma fueron los "conservadores" Vicente Conde, Jorgue Rodríguez-Zapata, Javier Delgado y Ramón Rodríguez-Arribas. En el caso del Preámbulo, sin embargo, los que votaron en contra fueron precisamente los "progresistas", la propia presidenta María Emilia Casas, Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay y Pascual Sala.

Finalmente no ha sido necesario que la presidenta, María Emilia Casas, emitiera voto de calidad, puesto que al bloque "progresista" se habrían sumado a última hora para avalar la mayor parte del texto tanto el vicepresidente del tribunal, Guillermo Jiménez como el magistrado Manuel Aragón Reyes, que fue uno de los que más oposición mostró durante las deliberaciones sobre el contenido del Preámbulo.

El punto y final respecto del primer recurso presentado contra el Estatut -el formulado por el PP contra 126 de sus preceptos-, ha sido posible después de que la presienta del Tribunal y ponente de la resolución, María Emilia Casas, modificara la redacción inicial de su borrador durante los encuentros que mantuvo a cabo con sus compañeros durante todo el fin de semana e incluso durante el día de hoy, tras el breve Pleno de apenas 20 minutos que se celebró en la mañana de este lunes.

La versión inicial declaraba incialmente inconstitucionales 14 preceptos del Estatut, mientras que otra veintena se sometían a interpretación jurídica. Finalmente, y tras aumentar en dos los preceptos anulados y en casi una decena los que tendrán que ser interpretados, Casas ha conseguido atraer hacia sus posturas a Jiménez y Aragón, muy reacios en principio a avalar sus posturas.

Según fuentes del órgano constitucional, el borrador de Casas que ha obtenido finalmente los apoyos del TC asume con algunas modificaciones las mismas tesis que la que elaboró en su día la magistrada del "sector progresista" Elisa Pérez Vera respecto a los aspectos más polémicos de la norma, tales como la inclusión del término 'nación' en el Preámbulo, la mayoría de los preceptos referidos al uso de la lengua catalana y la bilateralidad de las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado. Entre los preceptos anulados estarían varios relativos a las competencias del Poder Judicial en Cataluña y del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán).

Las deliberaciones sobre el texto se reanudaron este lunes una vez que se dio carpetazo definitivo a los diferentes intentos procesales del Gobierno de la Generalitat para evitar que los magistrados que actualmente componen el tribunal acabaran dictando la sentencia. El Govern alegaba razones de falta de legitimidad, por haber concluido un tercio de ellos el mandato para el que fueron designados en diciembre de 2007.

Los principales preceptos inconstitucionales

La lengua catalana


La sentencia sobre el Estatuto de Cataluña rechaza, por ocho votos a favor y dos en contra, que el catalán sea la lengua "preferente" en Cataluña, niega el "carácter exclusivo" del Síndic de Greuges y elimina todas las atribuciones del Consejo de Justicia. En el artículo 6.1, que regula que la lengua propia de Cataluña es el catalán, el Constitucional elimina la expresión "y preferente", pero mantiene que ésta es "la lengua de uso normal de las Administraciones y de los medios de comunicación".

Así, la redacción definitiva de este artículo quedaría de la siguiente manera: "La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza".

Consejo de Garantías Constitucionales

El TC también considera inconstitucional el artículo 76.4, que regula el funcionamiento del Consejo de Garantías Estatutarias. Este precepto dice: "Los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias tienen carácter vinculante con relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley del Parlamento que desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el presente Estatuto".

Elimina, además, el "carácter exclusivo" del Síndic de Greuges, una especie de Defensor del Pueblo catalán cuyas funciones se recogen en el artículo 78.1. La nueva redacción de este precepto sería la siguiente: "El Síndic de Greuges tiene la función de proteger y defender los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución y el presente Estatuto".
También añade que "a tal fin supervisa, la actividad de la Administración de la Generalitat, la de los organismos públicos o privados vinculados o que dependen de la misma, la de las empresas privadas que gestionan servicios públicos o realizan actividades de interés general o universal o actividades equivalentes de forma concertada o indirecta y la de las demás personas con vínculo contractual con la Administración de la Generalitat y con las entidades públicas dependientes de ella. También supervisa la actividad de la Administración local de Cataluña y la de los organismos públicos o privados vinculados o que dependen de la misma".

El Consejo de Justicia, inconstitucional

Asimismo, el fallo del Estatut considera inconstitucional el Consejo de Justicia de Cataluña, recogido en el artículo 97. Su redacción completa aprobada por el Parlamente decía : "El Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña. Actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las competencias de este último, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial".
En relación con el artículo 98, que versa sobre las atribuciones de este organismo, se eliminan los siguientes preceptos: "Las atribuciones del Consejo de Justicia de Cataluña respecto a los órganos jurisdiccionales situados en el territorio de Cataluña son, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las siguientes:

a) Participar en la designación del Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como en la de los Presidentes de Sala de dicho Tribunal Superior y de los Presidentes de las Audiencias Provinciales.

b) Proponer al Consejo General del Poder Judicial y expedir los nombramientos y los ceses de los Jueces y Magistrados incorporados a la carrera judicial temporalmente con funciones de asistencia, apoyo o sustitución, así como determinar la adscripción de estos Jueces y Magistrados a los órganos judiciales que requieran medidas de refuerzo.

c) Instruir expedientes y, en general, ejercer las funciones disciplinarias sobre Jueces y Magistrados en los términos previstos por las leyes.

d) Participar en la planificación de la inspección de juzgados y tribunales, ordenar, en su caso, su inspección y vigilancia y realizar propuestas en este ámbito, atender a las órdenes de inspección de los juzgados y tribunales que inste el Gobierno y dar cuenta de la resolución y de las medidas adoptadas.

También es inconstitucional y, por tanto, será eliminado del texto del Estatut el artículo 98.3, que afirma que "las resoluciones del Consejo de Justicia de Cataluña en materia de nombramientos, autorizaciones, licencias y permisos deben adoptarse de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo General del Poder Judicial".

Participación del Consejo

En relación con el artículo 95, se eliminan los incisos en los que se dice "y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña" del apartado 5. El texto original decía: "El Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el representante del poder judicial en Cataluña. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña en los términos que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Presidente o Presidenta de la Generalitat ordena que se publique su nombramiento en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya".

También se elimina esta misma referencia del artículo 95.6, que señala: "Los Presidentes de Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña en los términos que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial".

En el artículo 99.1 se retira el inciso "por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". Este precepto afirma: "El Consejo de Justicia de Cataluña está integrado por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo preside, y por los miembros que se nombren, de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre Jueces, Magistrados, Fiscales o juristas de reconocido prestigio. El Parlamento de Cataluña designa a los miembros del Consejo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Recursos ante el Consejo del Poder Judicial

Del mismo modo, se considera inconstitucional el artículo 100.1, que defiende que "los actos del Consejo de Justicia de Cataluña serán recurribles en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, salvo que hayan sido dictados en el ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma".

En el artículo 101.1 se elimina la referencia "o al Consejo de Justicia de Cataluña". Estos artículos defienden en su redacción original: "La Generalitat propone al Gobierno del Estado, al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo de Justicia de Cataluña, según corresponda, la convocatoria de oposiciones y concursos para cubrir las plazas vacantes de Magistrados, Jueces y Fiscales en Cataluña".

Esta misma expresión se retira del artículo 101.2, que faculta al Consejo de Justicia de Cataluña para "convocar los concursos para cubrir plazas vacantes de Jueces y Magistrados en Cataluña en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial".


Artículos inconstitucionales:

> Los referidos al Consejo de la Justicia Cataluña
> Los referidos al Defensor del Pueblo
> Los referidos a la lengua catalana como preferente y no vehicular en Cataluña
> Los referidos a las Cajas de Ahorro con compentencia catala
> Los referidos a la aportación de Cataluña a la financiación autonómica
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