Por lo menos, esa es la tesis que mantiene una crónica política aparecida este martes en El Confidencial: que la secretaria general
Cospedal y el jefe de los asuntos jurídicos del PP, el ex ministro
Trillo, difieren y se enfrentan por las correspondientes estrategias en el caso
Bono. Según la referida crónica, la estrategia política y judicial puesta en marcha por el Partido Popular con el caso Bono y dirigida por Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades Públicas, ha generado cierto grado de perplejidad y descontento en un sector del PP que desearía más contundencia en un asunto en el que se pone en duda el supuesto incremento patrimonial del actual presidente del Congreso, del que ha dado cuenta con detalle, y en dosis diarias en los dos últimos meses, el periódico La Gaceta. Un malestar que ha generado incluso "desconfianza" hacia la figura del ex ministro en el entorno de la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, candidata del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha.
Sigue explicando El Confidencial que "no son pocos los que creen que el principal partido de la oposición podría exprimir mucho más su acoso hacia el presidente de la Cámara Baja para convertirlo en una especie de chivo expiatorio de otros males que aquejan ahora a las filas del PP, en particular. Como compensación al Caso Gürtel. Y es que, en este caso del "asombroso enriquecimiento de Bono", varios medios de comunicación han encontrado un buen filón para poner en duda las numerosas propiedades adquiridas por José Bono y su familia durante los últimos años. Un abultado patrimonio que podría no corresponderse con las retribuciones públicas recibidas por el socialista en sus diferentes cargos públicos como ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, ex ministro de Defensa y actual presidente del Congreso. Además, sus relaciones de amistad y cercanía con empresarios como
Rafael Santamaría (Grupo Reyal Urbis), a quien habría beneficiado desde la Junta de Castilla-La Mancha y de quien habría recibido numerosos regalos, podrían considerarse otro supuesto delito de cohecho impropio, tal y como se le imputa al presidente popular de la Generalitat Valenciana,
Francisco Camps.
Así las cosas, la estrategia seguida por el equipo jurídico del Partido Popular ha sido la de presentar ante el Fiscal General del Estado,
Cándido Conde-Pumpido, hasta cinco denuncias en las que el PP se hacía eco de las muy numerosas informaciones publicadas en los medios de comunicación durante los últimas semanas, en particular por el diario La Gaceta, del grupo Intereconomía. Una estrategia "poco consistente" que no ha gustado mucho en el entorno de Cospedal y que ha sido fácilmente echada por tierra por la propia Fiscalía, que ha reprochado al PP que no haya presentado más pruebas o indicios más allá de las informaciones periodísticas. En efecto, Conde-Pumpido no ha tenido muchos problemas para calificar esa
recopilación de artículos de "genéricas sospechas" ante las que no ve "conducta delictiva alguna". "Las denuncias presentadas al Fiscal General del Estado eran muy flojas, con muy poca chicha", reconoce un parlamentario del PP a El Confidencial. "Trillo ha presentado un escrito en el que se le dice al Fiscal que hemos leído la prensa. La denuncia como tal no tienen peso jurídico suficiente y es manifiestamente mejorable", reconoce.
Los más críticos con la gestión de Trillo llegan a hablar, incluso, de "desconfianza" hacia él por sus extrañas relaciones con el propio José Bono. Ambos han compartido amistad durante muchos años, si bien el turbio asunto del Yak-42 dejó muy tocada su relación. "Supongo que Bono le habrá llamado a Trillo por teléfono para decirle que cómo le hace esto. Pero no sé si eso le habrá influido, me extraña mucho", reconoce otro diputado popular. También se menciona una conversación que habrían mantenido Bono y Rajoy, y que no consiguió efecto alguno para el presidente del Congreso.
Por su parte, en el equipo de Trillo se defienden de estas críticas y explican que la estrategia judicial aún no ha concluido y que deparará, antes de agosto, nuevas actuaciones. Explican a El Confidencial: "Queríamos ver, en primer lugar, cuál era la respuesta de la Fiscalía ante hechos similares como el caso Gürtel y el caso Bono", dice uno de los abogados del PP. "Y como se demuestra que no actúa igual, hemos decidido que el quinto escrito se presentase ya como una denuncia". "Es verdad -admiten-, que no se ha hecho como a mucha gente le gustaría, pero creo que estamos llevando a cabo una estrategia política y jurídica mucho más interesante", añade. "Estamos recopilando documentación porque, en definitiva, es lo que el Fiscal nos echa en cara, que no aportábamos pruebas. No hemos terminado y hasta que no concluya todo el proceso no se podrá evaluar si lo hemos hecho bien o mal. Pero poner una querella, de un día para otro, a la tercera autoridad del Estado, nos parecía un poco temerario".
Pero Trillo, que ha padecido muchas horas bajas dentro de su partido, está ahora siendo también cuestionado por otros asuntos judiciales coordinados directamente por él y que estos días se dirimen en el Tribunal Constitucional. Le reprochan, por ejemplo, que el TC haya tumbado gran parte del recurso presentado por el PP contra el Estatut de Cataluña aunque haya reconocido que sí había motivo para tales dudas de constitucionalidad. Tampoco entienden los más críticos con su trabajo que haya tardado tanto en presentar el otro gran recurso de inconstitucionalidad, el que afecta a la Ley del Aborto. El PP pidió el pasado 1 de junio la suspensión de su entrada en vigor hasta que el Alto Tribunal dictaminase sobre la norma. El TC decidirá sobre esta cuestión en breve, si bien el PP no habrá logrado impedir la puesta en práctica de la polémica norma con la resurrección de un "recurso previo cautelar", que sólo se ha decidido a aplicar el presidente murciano Valcárcel...
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