Una mujer víctima de violencia de género, con dos niños pequeños y sin empleo, pide ayuda para no quedarse "en la calle" tras la orden de desahucio a la que se enfrenta por impago continuado del alquiler de la vivienda en la que reside en la capital onubense, al tiempo que aseguró que no tiene "a nadie" a quien recurrir y que si no tendrá que volver con su ex pareja "hasta que tengan que guardar un minuto de silencio" por ella.
En declaraciones a Europa Press Televisión, la propia afectada, María del Carmen Félix, explicó que el próximo día 26 tiene que abandonar la que ha sido su residencia desde el año 2005 por faltar al pago del alquiler, por lo que pidió al consistorio onubense que "pare" la orden de desahucio o le facilite la "vivienda permanente" que, según dijo, le prometió por su condición de mujer maltratada.
En este sentido, recordó que tras denunciar a su ex pareja y padre de sus hijos en 2005 "por amenazas" y estando embarazada de la menor que ahora tiene cuatro años, recurrió al ayuntamiento de la capital a través de los servicios sociales para que le proporcionaran una vivienda, mientras trabajaba "en lo que podía" y mantenía al menor de seis años con la ayuda que le proporcionaban sus otros dos hijos mayores de edad.
De este modo, manifestó que en 2008 el ayuntamiento le proporcionó la vivienda en la que actualmente reside de alquiler y que en pocos días tiene que abandonar por orden del juez, a pesar de que ella advirtió que se encontraba sin empleo y no podría hacer frente a los 187,47 euros mensuales de alquiler. Al hilo, aseguró que los servicios sociales del consistorio conscientes de ello le dijeron que no se preocupara que le buscarían ayudas para afrontar los pagos.
Así las cosas, María del Carmen abonó la fianza y los primeros meses de alquiler, si bien dejó de pagar porque no tenía dinero, a pesar de que había solicitado el denominado "salario social" que, como manifestó, es una ayuda que dan a las familias para mantener a los hijos pequeños "cuando no se tiene nada" y que asciende a 536 euros. Sin embargo, lamentó que con esta ayuda no tiene para alimentar a sus hijos y hacer frente al alquiler de la vivienda.
Asimismo, afirmó que desde el consistorio le reprocharon que no hubiera pedido el importe del salario social "en un sólo pago" cuya cantidad ascendería a algo más de 3.000 euros para poder pagar las mensualidades del piso y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que según aseguró, está obligada a pagarlo aunque no vaya a ser propietaria de la vivienda. "En ese caso estaría otro año debiendo el piso, en lugar de alimentar a mis hijos y que tengan una estabilidad que es para lo que te dan ese dinero, y lo que quiere el ayuntamiento es que se lo de a ellos", sentenció.
Esta madre onubense, "hundida y desesperada", aseguró compungida que no tiene "a nadie" a quien pueda recurrir si la dejan "en la calle". "No tengo familia, madre ni padre. Sólo protejo a mis hijos y los mayores me protegen a mí. O me voy a la calle o a vivir con el padre de mis hijos hasta que un día tengan que guardar un minuto de silencio por mí", lamentó, al tiempo que temió perder a sus hijos tras el desahucio por no tener "un techo" donde vivir.
No obstante, dijo estar "dispuesta a llegar a donde sea", aunque sí admitió poder encontrar un puesto de trabajo como ya hizo cuando estuvo trabajando "21 días en una cooperativa" agraria. "Si tengo que plantarme con una tienda de campaña en la puerta del ayuntamiento lo haré, pero una solución tienen que buscar no sólo a mí sino a las familias que se encuentran en esta situación", aseveró y añadió que los servicios sociales deberían ayudarla a ella "y no al ayuntamiento, que hace negocio con la necesidad y la situación social de las familias".
Lo cierto es que María del Carmen, que vive con la ayuda social y la que le proporciona su hija mayor --"porque mi hijo tampoco tiene trabajo porque no hay", admitió-- que apenas cobra 500 euros mensuales, tendrá que abandonar su vivienda en los próximos días.
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