El informe de Gestha -elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda- revela que el Plan de Prevención del Fraude se estancó en 2008 sin resultados "medianamente aceptables", ya que si bien se contabilizaron 130.345 nuevos declarantes de viviendas alquiladas, el número de arrendamientos sumergidos se incrementó en 209.159 en comparación con el año anterior. Asimismo, el volumen de dinero defraudado aumentó en 473,2 millones de euros, es decir, un 19,3%, hasta los 2.926 millones.
De este modo, los Técnicos de Hacienda sostienen que si bien la reforma fiscal aprobada a finales de 2006 permitió que en 2007 afloraran casi 90.000 alquileres sumergidos, con una ligera reducción del fraude entre 2006 y 2007, al pasar del 57,1% al 54%, lo cierto es que entre 2007 y 2008 los "alquileres negros" aumentaron en más de 1,3 puntos porcentuales (del 54% al 55,4%).
Gestha atribuye estos datos al retraso de dos años en la aprobación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal y la demora de otros dos años más para su entrada en vigor. Esta norma recoge como "medida estrella" la obligación desde 2010 por parte de las compañías eléctricas de facilitar los consumos de los inmuebles, así como la identificación de los titulares del contrato de suministro, la referencia catastral y su localización, con el fin de poder "fichar" aquellas viviendas que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente un alquiler sumergido.
Rentas ocultas de casi 3.000 millones de euros anuales
Por otro lado, el estudio de los Técnicos cifra en un mínimo de 3.000 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables (excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles distintos de los destinados a uso como vivienda) que no se han llevado a la base imponible del IRPF.
En opinión de los Técnicos de Hacienda, el hecho de que el fraude por alquiler de viviendas siga creciendo pone de manifiesto que la Agencia Tributaria no está siendo efectiva en la lucha contra el fraude, máxime si se tiene en cuenta que los alquileres aflorados lo han hecho impulsados por dos motivos: por un lado, por los 502.440 inquilinos que han utilizado por primera vez en 2008 la nueva deducción del 10,05% por alquiler de vivienda habitual (al tener una base imponible inferior a 24.020 euros anuales) y, por otro, por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos.
De acuerdo a estos datos, la causa de que el fraude aumentara puede responder, según Gestha, a la decisión de algunos ciudadanos de sumergir las rentas de sus alquileres al presentar su declaración de la Renta en junio de 2009, en un momento "económicamente muy delicado" marcado por la recesión, la caída del empleo y las dificultades financieras que en general atravesaban las familias españolas.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "los propietarios de viviendas alquiladas son principalmente personas que cambiaron de vivienda y alquilan la antigua para pagar la hipoteca de su vivienda nueva o personas mayores que complementan su pensión con un alquiler. Detrás de estas personas no hay grandes firmas de asesoría. Si la Agencia Tributaria estatal no es capaz de erradicar un fraude tan sencillo de descubrir, ¿cómo va a luchar contra el fraude de las grandes fortunas, de las sociedades instrumentales y de los paraísos fiscales?"
Cataluña, Andalucía y Madrid, las que tienen más alquileres sumergidos
Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que más de dos tercios de los arrendamientos no declarados (un 65,8% del total) se concentran en Cataluña, Andalucía, y Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos arrendamientos ilegales presentan.
En lo referente a la cuantía defraudada, la Comunidad Catalana lidera el ranking nacional con más de 855 millones de euros anuales de rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de las Comunidades de Madrid y Andalucía, con 838,4 y 449,6 millones de euros, respectivamente. En la Comunidad Valenciana se disparó desde los 123,6 a los 209 millones de euros, mientras que en Archipiélago Canario también aumentó desde los 148,6 a los 179,3 millones de euros.
Andaluces, murcianos y canarios, los que más defraudan
Por otro lado, según el estudio, los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública se localizan principalmente en Andalucía, donde más del 71% del parque de viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente. A continuación le siguen la Región de Murcia (68,5%), Canarias (65,9%) y Comunidad Valenciana (61,3%).
Por el contrario, el comportamiento fiscal más ejemplar se localiza en La Rioja, donde llama la atención que menos del 1% de los alquileres escapan del control del Fisco. Asimismo, las comunidades de Cantabria y Aragón presentan una conciencia fiscal menos laxa que el resto de España, con cifras de pisos no declarados del 23,8% y del 25,5% respectivamente.
Baleares y Extremadura, las que más alquileres sumergidos destapan
Asimismo, el infome de Gestha muestra que las regiones que lograron reducir en mayor medida la cifra de alquileres sumergidos y el fraude fueron las Islas Baleares y Extremadura. Así, las islas recortaron en más de 11.000 los alquileres sumergidos, lo que supone una disminución de su bolsa de fraude por este concepto de más de 28 millones de euros. Extremadura, por su parte, disminuyó en 6.336 su número de alquileres sumergidos, con un recorte del fraude de casi 6 millones de euros.
El Principado de Asturias también experimentó una reseñable reducción de 3.104 alquileres sumergidos y 2 millones de euros, seguido de Cantabria, que disminuyó en 1.880 viviendas su parque de alquileres sumergidos y en 2,5 millones de euros el volumen de fraude por este concepto.
Hacienda lo niega
La Agencia Tributaria ha respondido este mismo día al asegurar que "bajo ningún prisma puede asegurarse" que la mitad de los alquileres de vivienda en España no se declaren, como ha señalado esta mañana el sindicato Gestha, que representa a los técnicos de Hacienda.
Pero fuentes de la Agencia Tributaria aseguraron que "bajo ningún prisma puede concluirse que la mitad de los alquileres no se declaren, ya que ambas magnitudes son imposibles de homologar".
Así, mientras los datos del Ministerio se refieren a una estimación de viviendas alquiladas, los de la Agencia Tributaria son según el número de declarantes de IRPF que se reducen por arrendamiento de viviendas habituales.
Por ello, todos los alquileres de viviendas no habituales (por ejemplo a estudiantes o de periodos vacacionales) no están incluidos en la estadística de la Agencia Tributaria, mientras que los declarantes de IRPF pueden tener una o varias viviendas en alquiler.
Además, según este organismo, se olvida que no sólo los declarantes de IRPF alquilan viviendas en España, ya que también existe un amplio sector empresarial y público que se dedica al alquiler de vivienda o al alquiler con opción de compra que no viene reflejado en dicha estadística del IRPF.
"De hecho, con respecto al alquiler de vivienda, los incentivos generados en los últimos ejercicios a arrendadores y arrendatarios y las obligaciones formales como incluir el número de referencia catastral en el IRPF, hacen que las conductas defraudatorias en ese sector difícilmente puedan haber aumentado en los últimos años, más bien lo contrario", añadieron las fuentes consultadas.
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