Proceso de extradición de Fujimori sufrió retroceso con Alan García

La portavoz, que es hermana de uno de los nueve estudiantes muertos junto a un profesor en la Universidad La Cantuta en 1992, dijo que sólo la Procuraduría anticorrupción ha seguido el caso de cerca, así como los deudos de las dos masacres incluidas en el pedido de extradición.

Además de La Cantuta está incluida en el proceso la matanza de Barrios Altos, donde asesinaron a 15 personas que asistían a una fiesta en 1991, ambas atribuidas al grupo paramilitar Colina que supuestamente activó el propio Fujimori y su entonces asesor, Vladimiro Montesinos.

"Sólo la procuraduría está actuando. No hay una mayor preocupación del Estado en que ganemos este proceso", se quejó.

La fiscalía chilena debe emitir su fallo no vinculante antes de que concluya este mes de mayo y la resolución en primera instancia debe estar lista en las semanas siguientes.

Ortiz aclaró que se trata "no sólo de un proceso jurídico sino netamente político" y, en tal sentido, agregó: "lamentablemente desde el Estado no podemos decir que nos sentimos apoyados y representados".

Demandó que el gobierno busque el respaldo de otros Estados en la solicitud de la extradición de Fujimori y "otras formas que muestren su preocupación en el caso".
Respecto a la actuación de la justicia chilena, Ortiz consideró "una falta de respeto" que Fujimori haya obtenido una orden de arraigo que le permite moverse libremente por ese país hasta que se conozca el fallo.

La portavoz insistió en que existe peligro de fuga inminente por parte de Fujimori, quien renunció a la Presidencia peruana desde Japón en 2000 tras salir a la luz una gran trama de corrupción y en 2005 llegó por sorpresa a Chile.

Por su parte, la presidenta de AI en Perú, Sandra González, denunció hoy que en 2006 hubo amenazas y hostigamiento contra defensores de los derechos humanos, víctimas, peritos y fiscales que "no fueron seriamente investigadas".

También se quejó de que las Fuerzas Armadas sigan negándose a cooperar con los tribunales civiles que procesan a los violadores de derechos humanos.
El gobierno peruano aprobó que los militares y policías procesados por abusos a los derechos humanos tengan abogados pagados por el Estado, medida que fue considerada discriminatoria por Amnistía.

González dijo que el 60 por ciento de las víctimas no tiene acceso a la asesoría legal y, por lo tanto, el Estado debería asegurarles igualmente la defensa.