En 2009 se inscribieron 3.994 menores condenados en Andalucía según sentencias firmes dictadas comunicadas al Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, lo que supuso un aumento del 12,1 por ciento respecto al año anterior, según ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que la cifra nacional asciende a 17.572, un 10,3 por ciento más que el año anterior.
En cuanto a la tasa de menores de entre 14 y 17 años condenados por cada mil habitantes en el mismo rango de edad, fue del 10,45 por mil frente al 9,73 por mil frente de la tasa nacional.
Por sexos, el 84,6 por ciento de los condenados en la región fueron varones y el 15,4 por ciento, mujeres, una proporción muy similar a la media nacaional.
Los datos ponen de manifiesto que Andalucía ha sido la región con más condenados inscritos en el Registro en 2009, con el 22,7 por ciento del total, seguida de la Comunidad Valenciana (13,8 por ciento) y Cataluña (12,6 por ciento).
La ciudad autónoma de Ceuta (38,86 por mil) y las comunidades autónomas de La Rioja (18,17) y Castilla y León (16) registraron los mayores tasas de menores de 14-17 años condenados por cada 1.000 habitantes en el mismo rango de edad. Por el contrario, la Comunidad Madrid (6,33), Canarias (6,38) y Castilla-La Mancha (7,16) presentaron los valores más bajos.
DELITOS Y MEDIDAS ADOPTADAS
En 2009, se inscribieron un total de 29.673 infracciones penales cometidas por menores, un 13,3 por ciento más que en el año anterior. De este total, el 66,5 por ciento fueron delitos y el 33,5 por ciento faltas. El número de infracciones penales registradas en Andalucía fue de 6.582.
Atendiendo a la tipología del delito, en el conjunto del país los de mayor incidencia fueron los robos (38,6 por ciento del total), los delitos contra la seguridad vial (12,1 por ciento) y las lesiones (11,4 por ciento); Entre las faltas, las más frecuentes fueron las realizadas contra las personas (60,8 por ciento) y contra el patrimonio (33,6 por ciento).
De las 24.356 medidas adoptadas por los jueces en el año 2009 en todo el país, las más frecuentes fueron la libertad vigilada (35,0 por ciento del total), la prestación en beneficio de la comunidad (20,1%) y la realización de tareas socio-educativas (12,7 por ciento).
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