Gobiernos, periodistas y abogados

No todos los Gobiernos son iguales ni todas las democracias tienen la misma calidad. La independencia de la justicia, la separación de poderes, la corrupción, el poder absoluto o controlado de los Gobiernos, la protección de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y las garantías de los ciudadanos, la libertad de información son algunos parámetros para valorar cuándo podemos hablar de una verdadera democracia y cuándo no. Los recientes sucesos en el Sahara y los de todos los días en Irán son dos muestras de ello.

La situación en el Sahara es dramática y los Gobiernos occidentales, especialmente el español, miran hacia otro lado. El Gobierno de Marruecos ha acusado oficialmente a los periodistas españoles de “recurrir sistemáticamente a procedimientos falaces, técnicas innobles, manipulaciones abyectas y montajes inmundos” para “exacerbar los sentimientos antimarroquíes en una auténtica deriva odiosa y racista”. Y el Gobierno español guarda silencio ante esta mentira. Muchos periodistas españoles –de la SER, Antena 3, agencia Efe, TVE, El País, ABC- han sufrido golpes y amenazas, han sido detenidos y obligados a abandonar el país, y a uno de ellos, Luis de Vega, de ABC, le han retirado su credencial como periodista, es decir le dejan sin trabajo después de muchos años de una información libre, ejemplar  y comprometida. Y el Gobierno calla y apoya a Marruecos. Muchos abogados españoles, que vienen acudiendo como observadores a los juicios contra activistas saharauis pro derechos humanos han sido obstaculizados, retenidos, perseguidos y amenazados. Los abogados saharauis que defienden a los detenidos por Marruecos en un ejercicio de valentía y profesionalidad, han sido amenazados de muerte. Y el Gobierno español calla y apoya esas violaciones de los derechos humanos. Sin estos periodistas que se juegan la vida por informar en condiciones de peligro real y sin estos abogados, saharauis y españoles, el Gobierno de Rabat podría hacer lo que quisiera sin que nadie, al menos, protestara y exigiera una respuesta humanitaria.

Sin periodistas y abogados, muchas personas morirían en Irán ante la ignorancia del mundo. El nuevo embajador persa en Madrid, Morteza Saffari Natanzi, acaba de declarar “Sakineh es culpable y pagará por ello, los iraníes no tenemos dudas. Esta campaña internacional significa dar respaldo a una asesina. Además, hay un error grave de base, ya que en Irán hace años que no se lapida a la gente”. La verdad es que Sakineh fue juzgada en una lengua que no entendía, sin garantías,  que fue condenada por adúltera a ser lapidada, que recibió dos tandas de 99 latigazos, una de ellas en presencia de su hijo adolescente, que su primer abogado tuvo que huir a Irán y que el siguiente, al igual que su hijo, están encarcelados. Quien se confesó asesino del marido de Sakineh está en libertad y ella sigue en la cárcel esperando la ejecución Hay que defender y proteger a los periodistas que nos hacen llegar estas noticias y a los abogados que se juegan su vida y su libertad defendiendo los derechos de aquellos que ven violados sus derechos. Incluso en países que se llaman democracias.   
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