Los porteros de pubs y discotecas tendrán que pasar un examen en la Escuela Regional de Policías Locales

Los porteros de pubs y discotecas tendrán que pasar un examen en la Escuela Regional de Policías Locales para poder ejercer esta profesión, según establece el 'Reglamento del Derecho de Admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas' aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno.

Según ha informado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, este reglamento busca garantizar a los ciudadanos su derecho a acceder a establecimientos públicos con seguridad, el derecho de los empresarios a poner los medios para que la actividad y los espectáculos se desarrollen con normalidad y una profesionalización del personal de control de acceso.

"El objetivo de la nueva normativa sobre el derecho de admisión y el control de accesos es reforzar la seguridad de los ciudadanos dentro de los locales y establecimientos públicos como bares, pubs, discotecas y recintos en los que se celebran grandes espectáculos, como conciertos o exhibiciones", ha reiterado, informa ep.

Según ha precisado el portavoz, la normativa también contempla el derecho a los empresarios a garantizar el buen orden en sus establecimientos y espectáculos para que la actividad se desarrolle con normalidad y sin altercados y, por otro lado, establece garantías para que el personal de control de acceso sea especializado y profesional.

En concreto, este personal se denominará 'Portero de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (PEPAR)' y no podrá desempeñar funciones atribuidas al personal de seguridad privada.

La Escuela Regional de Policía Local, ubicada en Ávila, será la encargada de realizar el examen a los interesados en obtener la autorización para ejercer de forma profesional como personal de control de acceso en los establecimientos públicos.

Titulados en ESO o FP de Grado Medio

Según establece este nuevo reglamento, los aspirantes deben tener al menos el título de graduado en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o el de Formación Profesional (FP) de grado medio. También deben carecer de antecedentes delictivos por la comisión de delitos o faltas contra las personas o el patrimonio.

La Consejería de Interior y Justicia convocará los exámenes para obtener la autorización y después gestionará un registro de personal autorizado. Según ha informado el portavoz, el primero se convocará antes de un año desde la aprobación del decreto.

Por su parte, las pruebas serán de conocimiento y de carácter práctico e incluirán cuestiones de contenido jurídico y normativo relacionado con los espectáculos públicos, recursos de protección y primeros auxilios, de control en situaciones de conflicto, de valoración de personalidad y de aptitud psicológica para las funciones que deben desempeñar.

Según la Junta, estas funciones están "perfectamente definidas" en el nuevo decreto. Así, debe asegurar el normal desarrollo de la entrada de personas, comprobar la edad, verificar en su caso la adquisición de entrada, controlar que no se supere el aforo, impedir que se saquen bebidas a la calle, facilitar las inspecciones o controles reglamentarios, facilitar el acceso a las personas con discapacidad, prestar auxilio básico a las personas que lo necesitan y, si procede, llamar al 112.

Del mismo modo, los servicios de admisión tendrán obligación de prohibir la entrada a quien porte armas, carezca de la edad mínima, no haya abonado entrada si está establecida y autorizada y a quien origine o intervenga en altercados, exhiba ropa o símbolos que inciten a la violencia, el racismo o la xenofobia, muestre evidentes signos de embriaguez o trafique con sustancias ilegales, no presente unas mínimas condiciones de higiene personal de acuerdo con los usos sociales y que pueda causar molestias a otras personas, o cuando el aforo esté completo o se supere el horario permitido de apertura al público.

No pueden portar armas ni utilizar la fuerza

Se establece además que el personal de control de acceso no puede portar armas y no puede utilizar la fuerza. Así, en caso de que se produzcan incidentes o alteraciones del orden público debe reclamar la intervención del personal de seguridad del local o la intervención policial.

Además, el personal de admisión debe estar identificado de forma permanente con un distintivo en su pectoral izquierdo. Según la nueva norma, este distintivo obligatorio tendrá un tamaño mínimo de 10 centímetros de largo y 3 de alto, con las siglas en mayúsculas PEPAR en su anverso con su número de certificado o carné profesional y, en el reverso, su nombre y apellidos.

Por su parte, los establecimientos y los organizadores de los espectáculos podrán limitar el derecho de admisión con autorización de la correspondiente Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y nunca por razón de nacimiento, raza, sexo y opinión, ni con trato vejatorio, arbitrario o discriminatoria.

Las condiciones de admisión autorizadas deberán ser iguales para todos los clientes y estar expuestas en carteles a la vista en las puertas de entrada y en las taquillas de venta de localidades. Pueden hacer referencia, por ejemplo, a una determinada etiqueta de vestimenta y calzado, al uso de cámaras o grabadoras de sonido o al acceso con bebidas o comida.

Los establecimientos públicos tendrán obligación de contar con personal de admisión cuando se exija a los usuarios o espectadores el abono de un precio para entrar, en los que haya condiciones particulares de admisión autorizadas y cuando se trate de fiestas o sesiones privadas.

Una persona por puerta

Además, si hay varias puertas de acceso el establecimiento deberá disponer de, al menos, una persona del servicio de admisión en cada una de ellas.

Para las fiestas o sesiones exclusivas que no están abiertas al público general y sólo se permite el acceso a personas con invitación u otra acreditación, el titular del establecimiento debe enviar una comunicación a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de su provincia con, al menos, quince días de antelación.

Este decreto regulador del derecho de admisión, que cubrirá el actual vacío normativo a este respecto, se aprueba en desarrollo de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León.

Según ha recordado De Santiago-Juárez, el Consejo Económico y Social (CES) valoró positivamente este texto tras destacar la "inseguridad jurídica" de los ciudadanos y de los establecimientos en esta materia.