Las federaciones de productores de coca del Chapare, sin proponérselo ni desearlo, en el intento de desprestigiar y disciplinar a la Iglesia Católica están convirtiendo en icono de la lucha contra el narcotráfico a monseñor Tito Solari y, al mismo tiempo, han deteriorado la imagen del Gobierno y del Presidente del Estado, al grado de convertir a ambos en personas no gratas ante la comunidad internacional y frente a millones de católicos.
Es inocultable la presencia violenta y el poder del narcotráfico en Bolivia, al extremo de que el propio Presidente y el Vicepresidente del Estado han reconocido sus nocivos efectos en la sociedad y en la economía boliviana. La imagen de Bolivia en el mundo es la de un paraíso para la producción, tráfico y tránsito de droga por la debilidad del Estado para imponer su presencia y autoridad. Por ello, ante los ojos de la comunidad internacional, los feroces ataques a la Iglesia Católica resultan injustos y desproporcionados. Millones de fieles católicos en Bolivia y en el mundo tienen la misma percepción, pues asocian a monseñor Tito con el valor de un pastor que denuncia un mal que aqueja a toda la sociedad y que pocos se atreven a señalar.
Han causado desconcierto en la opinión pública interna las distancias que ha tomado el señor Presidente respecto de las anunciadas sanciones que buscan imponer las federaciones de cocaleros en la persona de monseñor Solari. El Presidente no comparte dichas hostiles e injustas acciones de los sindicatos agrarios del Chapare, pero “respeta” dichas decisiones. Varias lecturas pueden hacerse de las relaciones existentes entre el Presidente y los movimientos sociales.
La primera de ellas es que el Presidente no tiene autoridad sobre los sindicatos agrarios del Chapare, por ello, las federaciones continúan con sus actitudes hostiles sobre la Iglesia Católica. El segundo escenario, mucho más probable que el anterior, es que el Presidente se distancia de los sindicatos y de las agresiones a la Iglesia en el ánimo de preservar su propia imagen, pero al mismo tiempo “avala” la confrontación entre los movimientos cocaleros y la Iglesia. La tercera posibilidad es que ambas acciones, desprestigiar y distanciarse de la burda disputa, sean concertadas y formen parte de una estrategia única para disciplinar a la Iglesia Católica boliviana, institución que ha mantenido una actitud vigilante, crítica y de denuncia de las debilidades y omisiones estatales, pero también de reconocimiento y apoyo de las virtudes y decisiones oportunas del Gobierno a favor del bienestar colectivo.
En cualquier caso, no son valoradas adecuadamente las expresiones de apoyo de la Iglesia al proceso de cambio como las críticas a algunas políticas gubernamentales, sobre todo la indiferencia estatal al secular abandono de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Todo lo anterior pone en evidencia la poca tolerancia gubernamental a la crítica y ratifica el afán de tener una sociedad sumisa, en el marco de un pensamiento único y de búsqueda de la hegemonía del poder político sobre los demás ámbitos de la sociedad.
Si disciplinar a la Iglesia forma parte de una estrategia, existe un pequeño error de cálculo, la Iglesia Católica no se está desprestigiando, sino todo lo contrario. Por ello, la persona no grata no es el sereno y lúcido pastor de la Iglesia, sino quienes agreden y ofenden a la Iglesia.
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Politólogo
Carlos Cordero Carrafa
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