Bloqueo político murciano

El ejecutivo murciano, que ya venía dando síntomas de cierto agotamiento político y de gestión en los últimos meses, le ha caído como un "jarro de agua fría" la negativa del Ministerio de Economía a autorizarle un nuevo endeudamiento para concluir el ejercicio presupuestario actual, y comenzar el próximo.

De forma que como cualquier noticia negativa, la primera reacción del ejecutivo regional fue –junto con la natural sorpresa- la negación del mismo, con ampulosas afirmaciones de que no contemplaban otra hipótesis que la crediticia, para seguidamente decir que se trataba de una mala interpretación de los datos presentados, hasta empezar a asumir que no se tenían bien hechos los deberes económico-presupuestarios, y que había que plantearse unas iniciativas de ahorro. Siendo en este punto, en el que estamos, pues tras unas cosméticas e iniciales vacilaciones, que no han sido suficientes para superar las exigencias marcadas por Bruselas, a través del Ministerio de Economía, seguir dando vueltas para "meter la tijera" en el gasto.

Siendo en ese punto, cuando el presidente Valcárcel concedió una dramática entrevista en un periódico regional, donde aparentando un paternalismo digno de mejor causa señalaba que le obligaban a "hacer sangre"…. , preparando el terreno para la adopción de dolorosas medidas, al tiempo que se señala –como siempre a Madrid- de responsables de estas, de forma poco responsable. Pues todo ello, se hace sin la menor autocrítica, y sin el menor sonrojo.

Tras esta escenificación pública de responsabilidad ajena, viene el siguiente capítulo del guión, que es un activismo estéril –para la galería de crédulos- en el que aparece la Consejera de Presidencia con una serie de proyectos novedosos de ahorro de dinero y tiempo en la tramitación administrativa, que no dejan de ser un sarcasmo si no habláramos de esta situación realmente dramática, pues se habla de una simplificación de 23 procesos administrativos, que ahorrarían 5,5 millones de euros; ahorro que de darse, es exiguo pues nada más que la deuda sanitaria supone más de 400 millones de euros; además que el recurso a la modernización telemática de las Administraciones Públicas es recurrente últimamente, por lo que no supone en sí mismo novedad alguna; al tiempo que tampoco puede ser excluyente de la tramitación documental ordinaria. Datos por los que nos parece más "humo de pajas" que realmente medidas consistentes.

Naturalmente ante la contundente insuficiencia de la medida, que no parece haber convencido ni a propios ni a extraños, aparece un inespecífico anuncio de amortización de 200 plazas de empleados públicos, según se ha deslizado, "no cubiertas por personal alguno", que ha puesto en alerta a los sindicatos que afirman desconocer la existencia de esas plazas no ocupadas por personal alguno. De donde se sospecha que hayan recurrido a la amortización de plazas de interinidad, lo que irremediablemente conllevará el despido del personal interino que las esté ocupando.

Y aún así, lamentablemente habrá que seguir tomando medidas de recorte del gasto, para poder converger con el resto de las Autonomías y el Estado en las excepcionales medidas de ahorro marcadas por Bruselas.

Si bien, tales circunstancias contrastan con las manifestaciones de la Consejera de Sanidad, que ante los medios de comunicación ha venido a presentar lo bien que lo ha hecho su Consejería con la creación de nuevos centros, la edificación de dos nuevos hospitales, la ejecución de programas de salud comunitaria, etc. Pero lo que no dice la Consejera Palacios, es ¿cómo piensa reducir el cuantioso déficit de la Sanidad Regional?, ¿cuándo van a cobrar los proveedores?, ¿cómo va a sanear las cuentas del sistema sanitario público regional a su cargo, de forma que sea sostenible?

En fin, de nuevo la pose pública de activismo de escasa o nula eficacia, que revela escasez de ideas y de proyectos de actuación que posibiliten una salida a esta situación.

EL MIRAVETE