El Supremo da vía libre a la entrada en vigor del decreto del carbón nacional

El decreto ha sido criticado por las eléctricas no tanto porque provocará un mayor uso de las centrales térmicas de carbón, sino porque este uso se hará en detrimento de otras tecnologías, como los ciclos combinados de gas, que resultarán desplazados. Además, las compañías entienden que la nueva norma incrementará los costes del sistema eléctrico español.

"Nos encontramos con una decisión de la Administración, encargada de velar por los intereses generales, que entiende que es conveniente para asegurar la garantía de suministro mantener operativa la industria nacional del carbón", así como con "la afirmación de la parte que considera literalmente lo contrario", señala el Supremo.

"Esta contraposición de perspectivas no puede resolverse en sede cautelar", concluye el tribunal, que ya había negado anteriormente la aplicación de medidas cautelarísimas contra el decreto.

El decreto que incentiva el uso de carbón nacional para la generación de electricidad fija que las eléctricas deben presentar una carta con sus compromisos de compra de mineral hasta 2012 en el plazo de tres días, a contar a partir de la entrada en efecto de dicha resolución (lo que ocurrió con su publicación en el BOE el 26 de octubre).

El frente del Supremo es uno de los tres en los que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa combaten el decreto del carbón. En otro de ellos, la Audiencia Nacional aplicó medidas cautelarísimas en contra del desarrollo normativo del decreto en el que se obliga a presentar en tres días cartas de compromiso de compra de carbón nacional.

No obstante, estas cautelarísimas, según indicó a comienzos de noviembre la Audiencia, se aplicaron a la espera de que el Supremo se pronunciara acerca de si aplica o no cautelares al decreto. El desbloqueo de la norma por este tribunal hará que, previsiblemente, la Audiencia retire las cautelarísimas, según las fuentes consultadas.

Además del Supremo y de la Audiencia, sobre el decreto siguen pesando las medidas cautelarísimas aplicadas por el Tribunal de Luxemburgo, que ha fijado una vista para el 10 de enero para analizar el caso. En concreto, el tribunal comunitario aplicó estas medidas contra la decisión de la Comisión Europea de declarar el decreto compatible con el mercado interior.