jueves 23 de diciembre de 2010, 18:24h
Actualizado: 06 de enero de 2011, 20:56h
Hace ya casi un año y medio, un sociólogo local contaba, durante una plática informal con sus compañeros catedráticos, su experiencia con un fenómeno del cual cada vez más personas pueden dar una versión de primera mano: el secuestro exprés. Decía que quienes se lo habían hecho a él no respondían a la forma de hablar “barriobajera” y a la estética corporal recargada y pendenciera, de tatuajes estridentes, por ejemplo, que los medios (y también el prejuicio) -desde Hollywood hasta la TV local- asocian con el hampa; sino que los secuestradores, en su caso, eran muchachitos perfumados, de camisa por dentro, relojes finos y bien peinados.
Parecían novatos universitarios. Su conclusión era que existía (y existe) una “lumpen burguesía” de la que poco se hablaba. Aunque después, claro, todos vimos el caso Saavedra.
La reflexión resulta interesante en la medida en que permite pensar que, más allá de la ecuación “pobreza y desigualdad social = crimen”, que, desde luego, es cierta (y que constituye el fondo estructural del problema en América Latina), existe en nuestro país -aparte, como decimos, de dicha delincuencia cuya “operatividad” es un poco arbitraria y abrupta- un crimen organizado que trasciende las nociones de clase, y que funciona como una incipiente industria. Una red multitentacular de mafias con capacidad de gestión expedita, frente a una fuerza pública históricamente pesada en términos de mandos medios. Y los frentes son varios: narcotráfico, secuestro exprés, sicariato, tráfico de personas, robo y mercado negro; con la capacidad de poner en marcha corruptelas de la más variada calaña.
Desde esta perspectiva, no es exagerado decir que las de la delincuencia son víctimas de una guerra, así, con todas las letras. Una guerra librada entre el Estado y un monstruo cancerígeno que va tomándose varios espacios fundamentales de la vida social. No hemos visto, desde luego, lo que se ve en Brasil o México (por ejemplo, que la fuerza pública entre con tanques a las favelas, y los delincuentes respondan con bazucas), pero debe entenderse que esa es la naturaleza del problema. De allí que, al tiempo que la prevención y la reducción de la pobreza, resulte además imprescindible, a corto y mediano plazo -en un plano confrontativo- la intervención de las Fuerzas Armadas, pero no solo en operativos en el “cascarón” urbano, sino para el diseño exhaustivo y sostenido de acciones de inteligencia, que permitan penetrar en el núcleo mismo de las mafias. Por otro lado, más allá de la potencial acumulación o endurecimiento de las penas, es necesario el entendimiento general de que el problema substancial radica en un sistema de justicia que arrastra taras y vicios seculares, cosa que resulta urgente -y muy difícil- cambiar. Pero de tareas difíciles están hechos los tiempos de guerra.