La orden, ejecutada como una resolución presidencial, persigue "coadyuvar en la prestación del sistema público nacional de salud por medio de la prestación del servido de seguros, reaseguros, medicina prepagada y actividades conexas".
Todos los bienes expropiados pasarán a manos del gobierno libres de gravamen.
El decreto busca aportar bienes al Sistema Socialista de la Actividad Aseguradora que formará pare de la Red Nacional Socialista de Seguridad y Asitencia Social Mixta que estará dirigida a los sectores excluidos de la población.
La medida no afecta la estabilidad laboral de los trabajadores de la compañía.