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La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, asiste en Bruselas (Bélgica) al V Foro de la Cohesión, convocado por la Comisión Europea con objeto de analizar el futuro de esta política comunitaria a partir de 2014. En paralelo con esta cita, la institución ha puesto en marcha una consulta pública para recoger aportaciones, en la que ha participado la Junta. La postura del Ejecutivo ha sido avalada por los tres grupos parlamentarios, lo que ha permitido presentar una propuesta conjunta que se resume en que Castilla y León siga recibiendo ayudas en el próximo periodo de programación, así como en defender que las regiones continúen gestionando los fondos.
El pasado 10 de noviembre la Comisión presentó el V Informe sobre la Cohesión Económica, Social y Territorial, donde ponía de manifiesto que esta política ha contribuido significativamente al crecimiento, la prosperidad y el desarrollo equilibrado del conjunto de la Unión Europea. Así lo reconoce la consejera Pilar del Olmo, que recuerda que "es lo que hace visible la UE ante la población, ya que con los recursos vinculados a ella se han financiado carreteras, regadíos y otras infraestructuras".
Los cambios económicos y sociales de los últimos años plantean nuevos retos a la política de cohesión. Consciente de esta realidad, la Comisión Europea ha puesto en marcha el foro de debate que se inaugura hoy en Bruselas al que ha acudido la titular de Hacienda en representación de la Junta y una consulta pública para recoger las inquietudes de todos aquellos que quieran manifestar su opinión, tanto estados miembros como regiones, ciudades, instituciones, agentes económicos y sociales, organizaciones de la sociedad civil, universidades o particulares.
La Consejería de Hacienda ha hecho más de una docena de aportaciones que giran en torno a una idea central: Castilla y León debe seguir recibiendo ayudas europeas a partir de 2014. Además de esto, el Gobierno autonómico plantea que la gestión de los fondos estructurales continúe en manos de las regiones, dado que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y por tanto las que mejor conocen sus necesidades.
La Junta de Castilla y León ha invitado a sumarse a esta iniciativa a los tres partidos con representación en las Cortes regionales, que han acogido positivamente la propuesta. La consejera de Hacienda explica que "el Gobierno autonómico es consciente de la importancia que van a tener los fondos de cohesión en el futuro de la comunidad, y por eso hemos hecho partícipes a los grupos parlamentarios de la posición que hemos mantenido hasta este momento".
Conviene recordar, en este sentido, que el Presupuesto de la Comunidad para 2011 contempla una partida de 237,5 millones de euros procedentes de la UE. Se trata del 2,4% de los recursos totales que administrará la Junta este año, "una cantidad nada despreciable en un momento de especiales dificultades económicas como el actual", en palabras de la máxima responsable de las cuentas regionales.
Documento común con nuemerosas aportaciones
El hecho de que la oferta del Ejecutivo autonómico haya sido bien recibida ha tenido como resultado un documento conjunto con una postura de comunidad, que se ha remitido a la Comisión Europea y que está en la misma línea que el planteado inicialmente por la Junta. "Tengo que agradecer la receptividad que han tenido los grupos parlamentarios y que también hayan hecho sus aportaciones, compartidas con la posición del Gobierno de Castilla y León", resalta Pilar del Olmo.
El texto comienza defendiendo la continuidad de la política de cohesión, en la medida en que persigue reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales que existen entre los miembros de la Unión Europea. A continuación plantea que las ayudas dirigidas a conseguir esta meta sean para todas las regiones de la UE, "sea cual sea su nivel de desarrollo", y que tengan en cuenta las peculiaridades de cada territorio. Esto permitiría a Castilla y León seguir percibiendo fondos durante el periodo de programación 2014-2020, en atención a características diferenciales como la extensión geográfica, la dispersión demográfica y el envejecimiento de la población.
La comunidad aboga asimismo por la simplificación real y efectiva de los procedimientos de gestión de las subvenciones, en ocasiones excesivamente complejos, sin que ello signifique una merma del control. Esto requiere que la relación entre la Comisión y los receptores de los fondos estructurales se base en el principio de la confianza mutua, algo que también se plasma en el documento.
Otro elemento clave es que la política de cohesión sirva para cumplir la Estrategia UE 2020, de gran relevancia puesto que persigue el crecimiento inteligente, sostenible e integrador de Europa. En ese sentido, se considera positivo el mantenimiento de un Marco Estratégico Común y de los programas operativos como herramienta de trabajo, siempre y cuando se cuente con la participación de las regiones en su diseño.
Por último, Castilla y León defiende que el Fondo Social Europeo continúe formando parte de los fondos estructurales, y pide que la obtención de reembolsos de los recursos no esté condicionada a la consecución de determinados resultados macroeconómicos. Al hilo de esto, reclama prudencia a la hora de valorar cualquier resultado de la política de cohesión sobre la base de indicadores, y considera que sólo serán útiles si están consensuados entre las partes y son claros, fácilmente cuantificables y sobre todo homogéneos.
Mejora sostenida del nivel de convergencia
Castilla y León abandonó el grupo de regiones Objetivo 1 de la UE el 1 de enero de 2007, como consecuencia de la mejora de su nivel de desarrollo. De hecho, el PIB per capita de la comunidad se ha aproximado 13,3 puntos a la media europea en ocho años. Mientras que en 2000 ese indicador representaba el 88,1% del total, en el año 2007 último dato disponible superó por primera vez el 100% y se situó en el 101,4%, convergencia a la que han contribuido las inversiones sufragadas con fondos europeos.
Como es lógico, la pérdida de la condición de Objetivo 1 por méritos propios ha traído aparejada una caída del 66% de los fondos estructurales (FEDER y Fondo Social Europeo) durante el periodo 2007-2013 respecto al marco de programación anterior. En concreto, la comunidad autónoma pasó de recibir 3.916 millones de euros entre 2000 y 2006 a tener asignados únicamente 1.331 a partir de ese último año y hasta 2013. En paralelo con esto, ha bajado de manera notable la aportación para la Cooperación con Portugal, el 71%, puesto que ha pasado de 111 millones a 32.
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