Desde hace un par de años, el Caso Faisán viene reclamando muy abultadas atenciones. Ahora, tras el relevo del juez Garzón primero por el juez Grande Marlaska, y ahora por el juez Pablo Ruz, este juez de la Audiencia Nacional ha ordenado identificar a los usuarios de los teléfonos del Ministerio del Interior que hablaron con los implicados en el chivatazo policial con el que se alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión en 2006. Ruz pide a la policía que explique por qué no incluyó esos números en su informe. Los tres teléfonos pertenecen a la Subsecretaría de Interior y desde ellos se intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en el aún no explicado 'caso Faisán'. El juez también ha pedido que se amplíe la investigación sobre el tráfico de llamadas de esos teléfonos antes de decidir si cita a declarar o no a sus titulares. Ese tráfico de llamadas se produjo durante el periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2006, el día del chivatazo, hasta septiembre de ese año. La identificación de estos usuarios era una de las peticiones formuladas por la acusación popular en esta causa, Dignidad y Justicia, a la que finalmente no se opuso el fiscal, Carlos Bautista, después de que el juez Ruz decidiera, el pasado 24 de enero, no archivar la causa. En su nuevo auto, el juez considera "preciso aclarar la real significancia de estas llamadas", por lo que pide al equipo conjunto de investigación, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa). También les pide que pongan en relación las llamadas realizadas con estos teléfonos con sus anteriores conclusiones y "precisen los motivos por los que fue descartada su inclusión en los anteriores informes de análisis como teléfonos de relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados". Según defendía Dignidad y Justicia, el tráfico de llamadas, que no fue reflejado en el informe que realizó el equipo conjunto de investigación dirigido por Carlos G., pone de relieve que García Hidalgo estuvo en contacto con un número fijo y otro móvil de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, mientras que el jefe superior de Policía del País Vasco contactó con otro teléfono celular de este departamento. Todos ellos, según la asociación, eran números "de seguridad". Ruz también ordena la citación judicial en calidad de testigo del comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que elaboró un informe en el que defendía que el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".
La actuación que ordena el juez Ruz ha reactivado el caso. En una entrevista en el Canal 24 horas de TVE, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dicho que el Gobierno "no tiene ninguna preocupación sobre lo que están averiguando los jueces" y ha apoyado la actuación del Poder Judicial. Ha argumentado que "en un Estado democrático es bueno dejar trabajar a los jueces y no hacer política o pretender desgastes del Gobierno a partir de lo que está ocurriendo en un tribunal de justicia", ha opinado el titular de Justicia, que ha añadido que hay que "respetar los tiempos de la justicia y las decisiones de los jueces". Según ha relatado el diario El País, uno de los teléfonos que ahora se pretende identificar es el móvil particular del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, otro pertenece a la centralita del ministerio y el tercero se desconoce quién fue la persona que lo utilizaba. Añade esta información que otro de los números investigados por el juez es el de la centralita de Interior. También en algunos otros medios informativos, como La Gaceta o en La Razón, se destaca que “uno de los teléfonos investigados por el juez, pertenece al número dos de Interior”, Camacho. Y en El Mundo se indica también que Camacho está en el punto de mira. Entre las nuevas diligencias que el juez ha aprobado figura también la declaración del entonces comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia, José Cabanillas, firmante del primer informe sobre el asunto y que nunca declaró en la causa; así como del comisario provincial de San Sebastián en aquella época, Fernando Amo García. Señala El País que Ruz también ha citado por vez primera a declarar al denunciante del chivatazo, el mencionado José Cabanillas. Se recuerda que el caso Faisán se inició como consecuencia de que una persona, supuestamente relacionada con las Fuerzas de Seguridad, el 4 de mayo de 2006 entregó un teléfono móvil al presunto colaborador de ETA Joseba Elosua a través del cual recibió una llamada que alertó a la red de extorsión los “cobradores” del llamado impuesto revolucionario etarra-, de que les estaban investigando y de que podían ser detenidos en cualquier momento. La investigación, iniciada por Garzón, se centró, primero, en los cruces de llamadas sobre la zona del bar Faisán, en Behobia, junto a la frontera, del que Elosua era propietario y en el que se entregó el móvil. Garzón tomó declaración como testigos a 47 personas que tenían móviles que operaron en la zona del Faisán, a 11 policías también como testigos y a otros tres en calidad de imputados. Nadie identificó al agente que pasó el móvil a Elosua. Sucesivamente, la investigación de la filtración ha corrido a cargo de otros magistrados de la Audiencia Nacional. En primer lugar, de Fernando Grande-Marlaska, que suplió a Garzón durante su año sabático; después le fue asignada al propio Garzón, tras reincorporarse, y, finalmente, la está reactivando su sustituto, Pablo Ruz. En octubre de 2009, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el archivo de la causa al no hallar indicios suficientes de que el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo estuviera detrás de la delación. Dignidad y Justicia, que ejercía la acusación popular, y el PP, que se sumó entonces al proceso, pidieron al juez que encargara a la Guardia Civil la investigación del caso. El lunes 24 de enero, el juez Pablo Ruz ordenó reabrir la causa solicitando nuevas diligencias.
La cuestión es si esta vez llegaremos al final del hilo telefónico, y descubriremos quién estuvo al otro lado del aparato...
Si (
No(
