“El paramilitarismo no se acabó, se recicló”

A nivel rural, el Partido Conservador y el presidente del Senado, Armando Benedetti, se despacharon en críticas no sólo contra el Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, sino contra el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera.

“Las cosas actuales de seguridad están para propuestas audaces y respuestas audaces, los resultados no son los que estamos esperando…el ministro de Defensa tienen que hacer unos ajustes ya, o que nos diga y dé un paso al lado…que se vaya el que no esté funcionando y que lleguen nuevas personas que sean capaces de mantener la Seguridad Democrática”, expresó Benedetti.

En ese mismo orden, el Partido Conservador indicó que no sabe en donde está la falla. “Uno no sabe si fue que el Ejército bajó la guardia, si falta más gerencia, si falta un mando centralizado como quizás lo tenía el ex presidente Uribe pero algo que debe quedar claro es que la seguridad de hoy no es la de antes… yo no sé dónde está la falla pero el resultado es que la seguridad que teníamos antes se ha resquebrajado, ha faltado micro-gerencia y es que el ex presidente hacía esa función”, aseguró José Darío Salazar, presidente de esa colectividad.

Finalmente Salazar propuso que sea el propio presidente Santos, como jefe y cabeza suprema de las Fuerzas Armadas, quien asuma las riendas de la seguridad nacional. “La historia no nos perdonaría que se pierda algo que el gobierno pasado nos legó a Colombia como la Seguridad Democrática…aspiramos a que el gobierno del presidente, Juan Manuel Santos consolide ese legado histórico que le dejó el ex presidente Uribe”, agregó.

Sin embargo, pese al ataque directo contra el Gobierno y el ministro, el Partido Liberal, en cabeza de su vocero y presidente Rafael Pardo, salió en defensa de éstos, asegurando que en el gobierno Uribe, con la ley de justicia y paz, “lo único que logró fue un proceso de reciclaje de los grupos paramilitares que actualmente se conocen como las Bacrim”.

Así mismo, frente a la propuesta de un sector de la Iglesia Católica, que planteó al Gobierno abrir un espacio para negociar con estas bandas su desmovilización, el Partido Liberal se unió a quienes rechazaron esa propuesta y defendió la postura del Gobierno de no negociar con esos grupos ilegales.

Pardo solicitó no abrir la puerta para la negociación con estos grupos delictivos porque, advirtió, podría ser la consolidación de un nuevo Ralito. “Se han oído voces que dicen que hay que buscar mecanismos de sometimiento y que quieren entregarse y ese cuento ya lo hemos escuchado varias veces. En el gobierno anterior se llamaban paramilitares y ahora se llaman Bacrim, por eso lo que queda claro es que se ocultó la dimensión del problema y las cifras y los hechos de violencia demuestran”, aseguró Rafael Pardo.

De igual forma, los liberales respaldaron al plan D6 de lucha contra las bandas criminales, que comprende seis líneas de acción enfocadas en desarticular, desmantelar, denegar, disuadir, direccionar y difundir; y contiene información sobre la ubicación, cabecillas, rutas de movilidad y ejes de influencia de las bandas criminales.

“Queremos expresar un apoyo a la política del gobierno nacional porque se le mete mano, por primera vez, al tema de las bandas armadas. Este es un problema que viene ocurriendo desde el gobierno pasado. Dejamos claro que la ley de justicia y paz no era una herramienta adecuada para acabar con los paramilitares sino para reciclarlos”, agregó Pardo.

Las cifras oficiales señalan que en el departamento de Córdoba los homicidios pasaron, en cinco años, de 158 a 575, estos solamente registrados en el 2010. También, cifras del Gobierno señalan que entre el 10 y el 15 por ciento de los miembros de las bandas criminales son considerados reincidentes o ex paramilitares desmovilizados (tal como lo indica un reciente informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación).


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