En un comunicado, Insulza expresó su preocupación por la prolongación de la huelga de hambre que un grupo de nueve estudiantes venezolanos mantiene en solidaridad con “los presos políticos del Gobierno” del presidente del país, Hugo Chávez.
La reacción de Insulza llega tres días después de que los estudiantes amenazaran con radicalizar su acción, y anunciaran que barajan posibilidades como coserse la boca con hilo o poner fin al consumo de suero, con el que se alimentan desde el pasado 31 de enero.
Insulza emplazó a los manifestantes a que abandonen la huelga de hambre y “empleen otras formas pacíficas para expresar sus reivindicaciones sin poner en peligro su integridad”.
Los estudiantes, por su parte, reclamaron esta semana a Insulza que “coja un avión y verifique en Caracas que nuestras vidas están en sus manos”, una petición a la que el secretario general de la OEA respondió hoy que está “dispuesto, como siempre, a visitar Venezuela cuando sea posible”, pero que para ello requiere el consentimiento deL Gobierno venezolano.
Insulza se reunió ayer con representantes de los estudiantes en huelga, quienes le entregaron un listado de personas que presuntamente están privadas de libertad.
El secretario general de la OEA señaló que solicitaría al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela los antecedentes respecto de cada caso, y, de ser necesario, los remitiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que su situación pueda ser revisada si este órgano autónomo de la OEA considera que así debe ser.
Insulza solicitará igualmente que se brinde atención médica inmediata a las personas detenidas que requieren de ella.
En cuanto a la posibilidad de visitar Venezuela próximamente, Insulza manifestó que, de acuerdo a las normas que rigen a la OEA, el tema ha sido planteado nuevamente a las autoridades de ese país.
En diciembre de 2009, cuando un grupo de jóvenes se declaró también en huelga de hambre, el Gobierno venezolano autorizó el envío de una delegación a dialogar con ellos.
La CIDH ha pedido en varias ocasiones verificar la situación de los derechos humanos en Venezuela, pero hasta ahora el Gobierno de Chávez le ha negado esa posibilidad.
La oposición, aglutinada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), señaló la semana pasada que la “persecución y prisión política” marca su suerte desde que Chávez fuera investido como gobernante por primera ocasión el 2 de febrero de 1999.
La coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la MUD, Delsa Solórzano, indicó ese día a través de un comunicado que en el país “hay 28 presos políticos y más de 3.000 perseguidos”, que incluye a dos diputados procesados por malversación y homicidio.
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