El copago

Todos los políticos lo niegan. A ver quién se atreve en vísperas electorales. Pero la palabra e moda es copago porque no hay un duro en las arcas de las Administraciones. Se habla sobre todo en la sanidad, pero el nuevo presidente de la Audiencia de Barcelona, Pablo Llarena lo ha pedido para la justicia, para aquellos ciudadanos que acudan a los tribunales y no ganen los pleitos. La fórmula tiene bemoles, porque la justicia no es una ciencia exacta y se puede ganar o perder un pleito no en función de la razón sino del juez que te toque, de cómo lo prepare tu abogado o de otras circunstancias. Ahora sólo falta que se proponga el copago en la educación.

Y todo es un debate falso porque ya hay copago. Ya pagamos el coste de la sanidad, de la justicia o de la educación con nuestros impuestos. En algunos casos, como la Universidad, no es que haya copago, es que pagamos casi todo con nuestros impuestos y el alumno que no da ni golpe no paga ni el diez por ciento de lo que cuesta su (mala) educación. Y en Justicia, se han impuesto unas tasas disuasorias para recurrir, otra forma de copago, que limitan los derechos de los ciudadanos y ahora, en la Ley de Medidas de Agilización, se insiste en los mismo, recortar derechos a los ciudadanos. Mal camino. También lo hay en los medicamentos. Y lo que se demuestra en casi todos los casos es que el copago no reduce el consumo ni tapa los agujeros negros de los presupuestos.

El problema es que no hay un duro. En Cataluña, cuando han levantado las alfombras que pisó el tripartito, se han encontrado que no hay ni polvo, sólo facturas impagadas. El nuevo conseller de Sanidad, Boi Ruiz, ha hecho sonar todas las alarmas: el déficit sanitario catalán es de 850 millones de euros, una pasta. Ha dicho que los sanitarios tendrán que trabajar más, que aumentarán las listas de espera y que se reducirán prestaciones. Y además ha aconsejado que los ciudadanos se apunten a un seguro privado, para descargar la sanidad pública. En Madrid también hay informes sobre el copago sanitario y Esperanza Aguirre lleva años tratando de recortar la asistencia jurídica gratuita para los ciudadanos que no tienen recursos, pero que deberían tener, al menos, derecho a la defensa.

El ex ministro de Sanidad, Bernat Soria, cuyo paso por el Ministerio fue manifiestamente mejorable, ha hecho ahora, por encargo -supongo que bien pagado- de un laboratorio farmacéutico, un informe en el que dice que el Sistema Nacional de Salud no será sostenible en cinco años –el déficit conjunto es de 12.000 millones de euros y creciendo- y que podemos estar ante una “burbuja sanitaria” parecida a la burbuja inmobiliaria. Ir al médico, reclamar justicia y cobrar una pensión después de taitantos años trabajando se nos va a poner cada día más difícil. Porca miseria.

[email protected]