El CSIF aboga por detraer del concurso de traslados y méritos de Junta las plazas del Guadalquivir ante la sentencia del TC

El sindicato CSIF-A aboga por detraer del concurso de traslados y del concurso de méritos, convocados por la Junta de Andalucía para el personal laboral y funcionario, aquellas plazas relacionadas con el río Guadalquivir, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado el artículo del Estatuto de Autonomía andaluz que le atribuía competencias exclusivas sobre el río Guadalquivir.    La responsable del Sector Autonómico de CSIF-A, Alicia Martos, rechaza que se suspendan los concursos, algo que "provocaría efectos perversos para el resto de colectivos", pero sí aboga por que "se detraigan las plazas propias del Guadalquivir, dentro de la Agencia Andaluza del Agua, hasta que no se determine jurídicamente qué hacer con ese personal; así no se provocarían inconvenientes a terceras personas".    Martos ha recordado que en la mesa sectorial y comisión de convenio celebrados el pasado lunes, CSIF pidió que se incluyera un punto en el orden del día sobre este asunto, aunque finalmente fue debatido en el turno de ruegos y preguntas.    Martos ha explicado que la Junta les ha indicado que está pendiente de un informe del gabinete jurídico para ver las consecuencias de la sentencia sobre el personal de la Agencia Andaluza del Agua transferido de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tanto funcionario como laboral y para también analizar la "incidencia muy directa" de esa nueva situación en el concurso de méritos y concurso de traslados de personal laboral. Ha agregado que la Junta se ha comprometido a convocar "cuanto antes" una mesa sectorial cuando conozca dicho informe jurídico.    Ha agregado que hasta que la Junta no tenga ese informe no conocerá la incidencia de la sentencia del TC, aunque ha destacado que la gestión compartida acordada entre Gobierno y Junta "entra dentro de las posibilidades del Estatuto de Autonomía y de la Constitución, toda vez que hay una serie de competencias que pueden ser compartidas".    Martos ha apuntado que "todavía no se sabe hasta dónde puede llegar la Junta en materia de personal en este caso, por lo que el Gobierno andaluz debe dilucidarlo" y ha agregado que "si la gestión es compartida, existe la posibilidad de que la Junta tenga competencias para convocar plazas para ese personal y para decidir sobre cuestiones relativas al empleo de ese persona, en una situación similar a lo que ocurre en Justicia, donde la Junta se encarga de la nóminas y el Estado se encarga de convocar plazas, aunque con diferencias, pues los funcionarios de Justicia tiene consideración de personal del Estado".    "Estamos a la expectativa de lo que diga el gabinete jurídico", ha agregado Martos, quien ha dejado claro que CSIF "apuesta por que no haya pérdida de ningún derecho profesional y económico adquirido por ese personal desde que fuera transferido a la Junta de Andalucía". EFECTO DOMINÓ SI VUELVEN AL ESTADO    Asimismo, ha recordado que "mucho de ese personal transferido ya no está en la Confederación Hidrográfica ni en la Agencia Andaluza del Agua, sino que ha podido promocionar a cualquier otra consejería".    Por ello, para este sindicato, sería "una salida de tono que ese personal volviera a depender del Estado", algo que "provocaría un efecto dominó".    "La sentencia es clara respecto a la titularidad sobre el Guadalquivir, que es del Estado, pero se han visto modos que permitan una gestión compartida, incluyendo la gestión del personal, que la podría hacer la Junta", ha agregado Martos, para la que esa opción "quitaría problemas prácticos muy importantes". Ha agregado que el concurso de méritos y de traslados "incluye plazas del Guadalquivir, que las puede pedir cualquiera".