Garzón contraataca

El juez Baltasar Garzón enfrenta tres juicios penales en España, uno de ellos, por el delito de prevaricación, es el de mayor resonancia a nivel internacional por su repercusión en países que, como Chile o Argentina, han vivido funestos episodios de dictaduras militares en su historia política reciente. Se acusa a Garzón de haber investigado cuando era juez penal de la Audiencia Nacional Española, las desapariciones registradas durante la Guerra Civil y demás crímenes del franquismo, a sabiendas de cual iba a ser el resultado. En resumen, la derecha española lo ha puesto en el banquillo de los acusados,  por haber propiciado y protagonizado un “show” contra el franquismo innecesario. Garzón, también tiene abiertas otras dos causas que están pendientes en el Tribunal Supremo español, una por haber cobrado en unos cursos que impartió en Nueva York y la otra por las intervenciones telefónicas del sonado caso Gürtel. Como se recordará, fue el propio juez Garzón quien se declaró incompetente, meses después de haber ordenado abrir una averiguación penal contra el franquismo por la comisión de delitos de “lesa  humanidad”, que recuperara eso que hoy en día se conoce en España  como “la memoria histórica”, al concluir que la responsabilidad penal de Franco y de otros altos mandos de su régimen había prescrito debido a la muerte de todos ellos. Garzón cerró la investigación, pasándole el caso a los Juzgados de Instrucción, de los municipios donde se han encontrado fosas comunes, lo que condujo a sus detractores a preguntarse ¿y para que lo hizo?, es decir, para que dio inicio a una investigación que sabía no iba a poder continuar. Pero Garzón quien se ha visto suspendido en sus funciones como juez de la Audiencia Nacional Española, teniendo que emigrar fuera de su país para desempeñarse como asesor de la Corte Penal Internacional y próximamente de la OEA en materia de derechos humanos, ha respondido y esta vez lo ha hecho de manera categórica, llevando nada mas  y nada menos que al Tribunal Supremo de Justicia de España, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En su demanda, el magistrado alega que su procesamiento ataca a la independencia de los jueces, a la libertad de interpretación de la ley y al Estado de derecho "al dejar indefensas a las víctimas". Garzón cuestiona, además, el procedimiento abierto contra él por la investigación de los crímenes del franquismo, alegando indefensión. Sostiene, que la suspensión provisional decretada por el alto tribunal le ha acarreado un grave perjuicio ya que se le ha privado de su derecho a desempeñar sus funciones como juez y que, aunque posteriormente fuera absuelto, el daño no desaparecería, pues han sido muchos los procedimientos y causas en las que debería haber participado y que su suspensión ha impedido. Con su demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, Garzón denuncia la violación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de España, del principio de independencia judicial. "La normativa internacional en materia de independencia judicial impide el enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de preservar su independencia", se dice en el texto. La finalidad del escrito presentado hace unos días en Estrasburgo por Interights, una organización con sede en Londres y especializada en litigios internacionales sobre casos de derechos humanos, es precisamente "reivindicar el derecho del juez Garzón a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial". La demanda también cuestiona los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo para imputar a Garzón. “La opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el Derecho y la práctica internacionales.” Es decir, que nada le prohibía a Garzón asumir la investigación contra el franquismo como propia y legítima; ni siquiera la  Ley de Amnistía del 1977 que, en todo caso, era anterior a la Constitución española vigente. Un asunto que por sus implicaciones jurídicas traerá cola, pues pone en tela de juicio la existencia de límites legales dentro de los cuales  los jueces deban  interpretar la ley. Ya habíamos dicho en un artículo anterior, que este juicio contra Garzón iba a dejar muy mal parada  ante la opinión pública internacional a la justicia española, que corre ahora el riesgo de ser puesta en entredicho, en una instancia judicial internacional,  por violación de derechos humanos. [email protected]