IU-Verdes propone una Ley de Servicios Sociales y un Pacto contra la pobreza como alternativa a política de Valcárcel

   El coordinador regional de IU-Verdes y candidato de esta formación política a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, José Antonio Pujante, ha propuesto la creación de una nueva Ley de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma, así como un reglamento que garantice la renta básica de inserción y ha insistido en pedir un Pacto contra la pobreza y la exclusión social entre las formaciones políticas con representación en la Asamblea Regional.    Pujante ha planteado estas medidas como "alternativas" a la política social "precaria" del Gobierno regional que preside Ramón Luis Valcárcel y que, a su juicio, responde a un concepto "neoliberal, claramente regresivo, que concibe la política social como algo pesado, como grasa, como algo costoso".    Así lo ha hecho saber Pujante en una rueda de prensa ofrecida junto a la responsable de Política Social de la federación de izquierdas, Adoración Peñas, para hacer balance de la gestión del Gobierno del presidente, Ramón Luis Valcárcel, en materia de política social, que ha calificado como "claramente negativo, especialmente en los últimos meses".    En concreto, Pujante ha reclamado "una nueva Ley de Servicios Sociales, porque ha señalado que la de 2003 "se ha quedado obsoleta". Entre otras cosas, plantea la necesidad de que esta nueva Ley contemple la descentralización de las políticas sociales a los municipios, y que sean los ayuntamientos, a través de sus concejalías del área, las que se hagan cargo de atender estos servicios, siempre con una financiación "suficiente" por parte de la Comunidad Autónoma.    No obstante, ha pedido que esta Ley debe implantarse "en el contexto de una Ley nacional en este ámbito que siente el marco jurídico". Sin embargo, como no hay "perspectivas" de la aprobación de esta Ley a corto plazo, ha pedido su adopción en la Comunidad para articular las ayudas.    Al mismo tiempo, Pujante ha vuelto a reclamar "un Pacto social contra la pobreza y la exclusión social, entre las formaciones políticas con representación en la Asamblea Regional, que vaya acompañado de una dotación presupuestaria suficiente para combatir la pobreza".    Y es que "a mayor desigualdad, más difícil es salir de la crisis", según Pujante, por lo que ha precisado que los fondos destinados a esta área "no son un coste, sino una inversión para combatir la desigualdad, que está en el fondo de la crisis".    Por eso, también ha solicitado la aprobación de un reglamento que garantice la renta básica de inserción y la cobertura de las necesidades básicas y urgentes de los más necesitados, así como la puesta en marcha de un Plan de inclusión social, con el que cuentan otras autonomías y que en Murcia "es inexistente".    En lo que respecta a la Ley de Dependencia, Peñas ha dicho que la Comunidad "se limita a ofrecer prestaciones económicas, lo que debería ser excepcional según la Ley". Sin embargo, ha reprochado el hecho de que "no se invierta en los recursos públicos para dar respuesta a los dependientes"    Todas estas medidas representan "alternativas a lo que el PP ha denominado externalización de servicios" lo que, a juicio de Pujante, no es más que un eufemismo para denominar a la "privatización y que no sea la Comunidad Autónoma la que preste servicios como la atención a la dependencia y en plazas de residencias". SOCIEDAD DIVIDIDA    Pujante ha reprochado que, si los presupuestos en política social del Ejecutivo de Valcárcel "eran exiguos", tras los recortes "ha quedado en nada", y ha reprochado el hecho de que "haya fondos para avalar con 200 millones de euros a un proyecto de dudosa viabilidad como el Aeropuerto Internacional de la Región, y no se dé dinero a los más necesitados".    Esta política, a juicio de Pujante, está haciendo que la sociedad quede dividida en dos grandes grupos, uno de ellos con gente excluida socialmente. Así, ha estimado que el 30 por ciento de la población vive bajo el umbral de la pobreza, y ha mostrado su preocupación, especialmente, por la población infantil, que es la "más vulnerable".    Peñas ha aseverado que el Gobierno regional "no está atendiendo ni garantiza las necesidades básicas de los más necesitados" y que, según ha indicado, es un colectivo que ya incluye a familias "que hace dos años llevaban una vida normalizada".    Pujante también ha reprochado que los recortes en políticas sociales "afectan a las asociaciones y ONG que, hasta ahora, se hacían cargo de prestar los servicios que no ofrecía la Comunidad Autónoma por dejación de funciones", por lo que "al final, el usuario es el que va a sufrir ese recorte".    Para Peñas, el Gobierno regional tiene una concepción "asistencialista" de las ayudas sociales, ya que ofrece estos servicios como "caridad". por el contrario, ha pedido que se atiendan las desigualdades de forma "profesionalizada" y con una planificación, ya que "hasta ahora se hace a salto de mata", ha manifestado.     LOS PRESUPUESTOS "MÁS SOCIALES"    Pujante ha lamentado que el Gobierno regional "presume sistemáticamente de tener los presupuestos más sociales, año tras año, y que destina ocho de cada diez euros a este ámbito". Sin embargo, ha señalado que "esto es así en cualquier comunidad autónoma, por la configuración de sus competencias".    Así, ha señalado que la educación, la sanidad y la política social "son las partidas que se llevan el 80 por ciento, pero sea cual sea el Gobierno que presida la Comunidad".    Por lo tanto, ha instado a comparar las partidas en servicios sociales con las que se han destinado en años anteriores o con el Producto Interior Bruto (PIB), porque el presupuesto "disminuye y se ha agravado".