La Fiscalía recurre que la juez del caso ERE pida las actas de todos los Consejos de Gobierno

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso contra el auto en el que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, pidió a la Junta de Andalucía la entrega de las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001.    El recurso, presentado por el propio fiscal delegado, Juan Enrique Egocheaga, mantiene que la medida no es "necesaria ni proporcional" al considerar que no puede justificarse argumentando que pretende evitar que la Administración autonómica pudiera eludir la acción de la justicia o causar daños "graves e irreparables" ya que la Junta ha colaborado con la Justicia y "ha venido respondiendo a cuantos requerimientos" le ha hecho el juzgado.    Asimismo, subraya que no se conoce que en la aportación de documentos que ya ha hecho la Junta ésta haya realizado alguna "alteración o destrucción".    Además, la Fiscalía es contraria a exigir una medida cautelar al tener en cuenta que el destinatario también es la Junta ya que ésta está personada en las actuaciones y no es parte imputada a la que, en su caso, se le pudiera presumir "una futura actuación defensiva, obstruccionista o llanamente evasiva".    Anticorrupción también indica que la Junta es una Administración Pública sujeta a la Ley en la custodia de sus propios actos administrativos que están documentados, entre los cuales se encuentran las actas de su Consejo de Gobierno. Esos documentos --subraya el escrito-- ya están por ley protegidos por un funcionario público, el viceconsejero de Presidencia, que ejerce como titular de la Secretaría de Actas del Consejo.    Por último, considera que el auto de Alaya es un anticipo de la petición formal ya realizada, por lo que dice que si ésta juega con la hipótesis de que exista riesgo de que las actas pudieran ser alteradas sería "más lógico" que hubiera adoptado una medida directa, como una custodia directa o una incautación in situ.    Además, mantiene que en caso de que fuera "imprescindible" adoptar alguna medida cautelar sería suficiente con dirigirse al funcionario que se encarga de custodiar las actas y advertirle formalmente para que extreme el celo de su deber de custodia.    Las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 están guardadas desde la pasada semana en sobres lacrados en un armario de seguridad en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde está abierto el procedimiento sobre las irregularidades en los ERE, mientras que el Gobierno andaluz ha pedido que sea el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo el que resuelva si la juez puede tener acceso a ellas. GRIÑÁN ESTÁ DE ACUERDO Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no ha dudado en asegurar que, evidentemente, está de acuerdo con el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra el auto de la juez que investiga las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que pide la entrega a la Junta de las 480 actas de los consejos de gobierno.    A preguntas de los periodistas en Linares (Jaén), Griñán ha considerado que, "después de todo lo que se ha dicho", la postura de la Junta, del Consejo de Gobierno y de los servicios jurídicos coincide con la opinión de la Fiscalía.    Así, el presidente ha señalado que la juez tiene la oportunidad de pedir las actas "que crea que son imprescindibles para el conocimiento del caso" y que ellos se las facilitarán "sin ningún tipo de problemas".    Según publica este viernes el diario 'El País', la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto de la juez Alaya en el que ordenó a la Junta andaluza la entrega de las 480 actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 para su custodia.    Además, la Fiscalía Anticorrupción también ha designado al fiscal Manuel Fernández Guerra para que, junto al también fiscal Juan Enrique Egocheaga, participe en esta investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en torno a esta posible trama.    La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga como es sabido esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.    Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.