El Constitucional ampara a la maestra de religión despedida por casarse por lo civil

   Así, el TC ha decidido anular la sentencia de 13 de diciembre de 2001 dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Almería en autos sobre despido así como la Sentencia de 23 de abril de 2002 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía interpuesto contra la anterior.    Por consiguiente, "retrotrae las actuaciones al momento inmediatamente anterior" a la primera sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Almería para que este órgano judicial dicte nueva sentencia "expresando la debida ponderación entre los derechos fundamentales en conflicto, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 12 de la presente sentencia".    De esta forma, el TC reconoce los derechos de Galera Navarro a "no sufrir discriminación por razón de sus circunstancias personales, a la libertad ideológica en conexión con el derecho a contraer matrimonio en la forma legalmente establecida y a la intimidad personal y familiar", según indica el fallo.    En la sentencia del TC, se expone que la demandante se queja de que tanto la sentencia de instancia como la de suplicación han vulnerado estos derechos, al haber ratificado la decisión de la Administración educativa de no renovar su contrato temporal de profesora de religión católica para el curso 2001/2002, por no haber sido incluida en la propuesta efectuada por el Obispado de Almería porque había contraído matrimonio civil.    Según la sentencia, "resulta incuestionable a la vista del relato de hechos probados de la Sentencia de instancia --confirmada íntegramente por la de suplicación-- que la razón por la que el Ordinario diocesano de Almería incluyó a la demandante de amparo en la relación de profesores de religión de enseñanza primaria que (...) no son propuestos para el siguiente curso, fue el haber tenido conocimiento de que la demandante había contraído matrimonio civil con persona divorciada, circunstancia que se juzga incoherente con la doctrina de la Iglesia Católica respecto del matrimonio". Acuerdos con la Santa Sede    Así, continúa exponiendo que, según la doctrina constitucional expuesta, "no puede compartirse la afirmación que se contiene en la Sentencia de instancia en cuanto a que del artículo III del Acuerdo 26 entre la Santa Sede y el Estado Español de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, y de la restante normativa específica, se deduzca que las propuestas realizadas por el Ordinario del lugar a la Administración educativa para los nombramientos de profesores de religión católica en cada curso escolar no estén sometidas a control alguno por parte del Estado Español".    Concretamente, la sentencia de instancia parte de la premisa de que "la Autoridad académica viene obligada a nombrar como profesores de religión y moral católica a las personas propuestas por el Obispado, el cual tiene absoluta libertad para proponer en cada curso escolar a quien considere conveniente".    Por el contrario, el TC dictamina que "nada de lo establecido en dichas normas en cuanto a que la designación de los profesores de religión deba recaer en personas previamente propuestas por el Ordinario diocesano conlleva exclusión alguna de la potestad jurisdiccional de los Jueces y Tribunales españoles, en relación con el principio de aconfesionalidad del Estado".