Justicia a medida del cliente

La decisión del Tribunal Constitucional de permitir a la coalición Bildu presentarse a las elecciones del próximo día 22 está apoderándose de la campaña electoral, hasta el punto de eclipsar la crisis económica y mucho más aún los problemas locales y autonómicos. Un asunto como éste, tan complejo y difícil de resolver jurídicamente, se banaliza así entre argumentos de brocha gorda, sin apenas matices y con simplificaciones infantiles, impropias de una democracia consolidada y de un Estado de derecho. Si alguna parte sale perjudicada en todo este jaleo es la justicia, que poco menos que es puesta como mera correa de transmisión de la política y, más concretamente, de los dos grandes partidos. Sea o no cierto que, en ciertas ocasiones, los jueces y magistrados responden más a su ideología y a supuestos intereses políticos que a las propias leyes, la situación entraña tal gravedad que parece conveniente buscarle algún remedio. La corrección de semejante desprestigio judicial es tarea de todos, pero especialmente del Partido Popular, en la medida en que este partido propaga la idea de que los jueces que sentencian contra los criterios del PP son agentes del PSOE. "Si ETA vuelve a estar en las instituciones es porque así lo han querido los socialistas", llegó a decir la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en un gesto evidente de que el talante de Mourinho no solo aflora en el fútbol, sino también en la política. Es curioso: los propios políticos que apelan a la justicia para eludir una responsabilidad que les corresponde -¿se imagina alguien pactando la transición democrática en los juzgados?-, resulta que después critican a los profesionales que, con mejor o peor criterio, se la han jugado ante toda la sociedad. En realidad, la controversia ante Bildu no solo se ha dado en el Tribunal Constitucional, sino también en el Supremo y no digamos en los medios de comunicación, en los partidos y en el conjunto del país. Pero acotando el debate a las instancias judiciales, que es donde se ha decidido que debía sustanciarse este problema político, de los 16 jueces reunidos en el Supremo, solo nueve habían apoyado con su voto las tesis y las pruebas entregadas por el Ministerio del Interior contra las listas de la coalición abertzale. Los otros ya habían ido por donde fueron ahora los magistrados del Constitucional, que, por cierto, está para proteger y amparar los derechos fundamentales. Y si tantos jueces y magistrados tienen dudas, por algo será. ¿O no?  - Lea también: Guerra total entre los dos grandes tribunales El TC once voces y un tenor