La Junta Electoral Central y los indignados

Definitivamente, la campaña electoral propiamente dicha terminó el pasado domingo, cuando estaba en la mitad de su tiempo, justamente  cuando hicieron su aparición en escena los manifestantes o concentrados del llamados Movimiento del 15-M o indignados. A partir de ese momento, la atención de los mítines de los principales dirigentes políticos, como Zapatero y Rajoy, ha estado pendiente de lo que decían o evitaban sobre esas reclamaciones de los “sublevados”. Paralelamente, hemos ido comprobando dos actitudes; de recelo y crítica del PP y de respeto y comprensión desde el PSOE e IU. Finalmente, en la noche de este jueves, la Junta Electoral Central, reunida para debatir qué hacer con ese movimiento ciudadano, decidió, por la escasa diferencia de un solo voto, prohibir las manifestaciones, con lo que se abre una incertidumbre grande sobre varias cuestiones sobre las que ya ha sido intenso el debate de los últimos días: ¿Seguirán las concentraciones o serán disueltas por su propia voluntad o por la fuerza de la policía? ¿Tendrán incidencia electoral  estos movimientos ciudadanos? ¿En qué sentido o con qué inclinación? Los acampados, y algunos representantes de partidos, ha señalado, primero, su decisión de mantener su protesta “indignada” por entender que no es una iniciativa política que incida en la jornada de reflexión. También es conocida la actitud del ministro del Interior, el vicepresidente Rubalcaba, nada partidario de que la Policía intervenga para prohibir, impedir o disolver a los concentrados. Hay coincidencia en señalar que una actitud de esa naturaleza, que algunos sindicatos policiales parecen reclamar, podría significar unas tensiones y hasta una violencia del todo inconveniente, en las delicadas horas de la reflexión y el voto de los ciudadanos. Hay interpretaciones curiosas, y a tener en cuenta, como la que se lee este viernes en El Periódico de Cataluña: “La Junta Electoral empuja al Gobierno a poner fin a la protesta. Rubalcaba tendrá que decidir ahora si disuelve o no las concentraciones en caso de prolongarse”. Ësa es la cuestión, o una de las que deberán resolverse en las horas que vienen, dado el propósito ya anunciado por los movilizados para mantener su actitud y seguir firmes en sus plazas..., porque la situación de la Puerta del Sol, en Madrid, se ha venido repitiendo en muchas otras plazas de otras muchas ciudades españolas. ¿Habrá normas comunes a todos los manifestantes, o cada delegado del Gobierno y autoridad autonómica actuará “por libre”? Y en todo caso, ¿qué interpretación vamos a ver sobre lo decidido por la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional y otros eminentes profesionales sobre la aplicación de la ley electoral? Hemos visto cómo el propio Tribunal Constitucional tiene ya varias interpretaciones en su haber, empezando por la que, el año pasado, determinaba que, en caso de duda, hay que permitir el ejercicio de los  derechos fundamentales, como es el derecho de manifestación durante las campañas electorales y la jornada de reflexión. Ese respeto a los derechos individuales está por encima de las cautelas. Ahora, en cambio, los magistrados y otros profesores que integran la Junta Electoral Central parecen discrepar de esa doctrina, por lo que se plantea un nuevo debate político-jurídico que resolver con la mayor urgencia..., o posponer a que se elabore una de las medidas que piden “los indignados” del Movimiento del 15-M:  Entre los puntos del programa que han debatido y propuesto figura la reforma de la ley electoral, con planteamientos mucho más abiertos de los actualmente vigentes: escaños vacíos en representación de los votos en blanco, listas abiertas, que la iniciativa privada no pueda financiar a los partidos, o que no pueda haber imputados en las listas de candidatos. Pero ahora mismo, a cortísimo plazo, la incógnita se concentra en comprobar cómo interpreta el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba el “mandato” de la Junta Electoral Central. ¿Habrá choque de trenes? No hay duda de que el ministerio del Interior es el responsable máximo de la seguridad ciudadana y de la ausencia de violencia en la calle, pero también le compete el cumplimiento de la legalidad...  Nadie duda, tampoco, de que un desalojo y prohibición de manifestaciones, movilizaciones, concentraciones o como quiera llamárselas, podría suponer un estallido de violencia que la mayoría parece querer evitar. Aunque tampoco falte quien pretenda ver cumplido el mandato de “los junteros” de la JEC “caiga quien caiga” y “a sangre y fuego”. No cabe duda de que la habilidad de Rubalcaba encontrará la fórmula adecuada para hacer compatibles los interesas encontrados de la JEC y de “los indignados del movimiento del 15-M”. Las próximas horas irán resolviendo la gran duda con la que nos acercamos a las urnas del domingo inminente... - Lea también: Rubalcaba, inesperado protagonista de la recta final de las elecciones: ¿permitirá las concentraciones?