¿Reforma penal?

El anteproyecto en cuestión, que ahora se presenta, legaliza el aborto y la eutanasia La reforma del Código Penal Venezolano nos amenaza desde hace muchos años, habiéndose constituido en el pasado comisiones de destacados juristas que asumieron el compromiso de redactar proyectos de tan importante instrumento. Basta citar los nombres de Chiossone, Mendoza, Méndez, Jiménez de Asúa, Ardila Bustamante, Sosa Chacín y Tamayo, entre otros. Y, más recientemente, Alejandro Angulo Fontiveros presentó un proyecto de reforma total, en tanto que algunos parlamentarios y profesores universitarios han unido esfuerzos para esa labor. En el presente, la Comisión de Política Interior tiene como cometido revisar un anteproyecto de más de 1.000 artículos, incluido entre las prioridades de la Asamblea. Es necesario reformar el Código Penal porque, aunque parezca extraño, no tenemos un Código Penal definido, sino una colcha de retazos, con fechas dispares, con normas derogadas o anuladas, con graves omisiones y errores en el texto y lo peor, con dispositivos que materializan graves violaciones a los derechos fundamentales, El anteproyecto en cuestión, que ahora se presenta -entre otras perlas-, legaliza el aborto y la eutanasia, como homenaje a la vida, que ni siquiera llega al costo de un celular; conserva y repotencia los denominados delitos de desacato; y, a pesar de sus declaraciones de modernidad, mantiene en su articulado normas como la de la complicidad correspectiva, lesiva frontalmente a la presunción de inocencia, ya que permite que pueda resultar condenada una personan como autor de unas lesiones o de un homicidio, aunque se desconozca quién lo es, atribuyéndole el hecho por la simple participación en su ejecución, no demostrada la autoría, por una presunción inaceptable en derecho penal. La impunidad, el retardo procesal, el hacinamiento carcelario y el desbarajuste penitenciario no tienen nada que ver con el Código Penal, ni con ningún otro código. Esa realidad espeluznante y terrorífica solo se modificará con voluntad política, eficiencia gerencial y cero clientelismo. En este campo, al igual que otros, el problema de Venezuela no es precisamente de leyes, que las tenemos en demasía, sino de los hombres y mujeres encargados de hacer efectiva la voluntad contenida en ellas. Por lo demás, en este siglo XXI, con el indetenible avance de los derechos humanos -en el mundo civilizado- no podemos pensar en un código con reminiscencias de absolutismo en el cual las ofensas al Rey y a los altos funcionarios públicos se consideran crímenes de lesa patria, ni podemos aceptar fórmulas y vagas para sancionar a quienes ejercen sus derechos; ni cabe admitir, ante el desprecio a la vida de los más débiles, que consideremos lícito dar muerte a seres inocentes que claman por su protección y no se pueden defender ante la aplicación de la pena de muerte del aborto, ni ante la liquidación alevosa de los que transitan por la última etapa de su vida. Esto, sin duda, no responde al imperio de los valores en una sociedad en la que están ausentes los sentimientos de hermandad y de solidaridad. [email protected]