Bono y Rojo proponen recortes en los privilegios de sus señorías

El presidente del Congreso, José Bono, y el del Senado, Javier Rojo, han informado de sus propuestas a las Mesas de las dos Cámaras, reunidas en sesión conjunta en el Congreso de los Diputados, y a los portavoces de los grupos parlamentarios de cada cámara. Para la elaboración de este documento, Bono tomó como base las propuestas que los distintos grupos parlamentarios le remitieron el pasado mes de febrero con sus ideas para reformar el régimen de protección social de los parlamentarios y el sistema de incompatibilidades al que están sujetos, así como para dar a conocer sus bienes. En el capítulo de la transparencia, los presidentes han propuesto que el contenido del Registro de Intereses tenga carácter público con el fin de que las actividades, rentas y bienes de los parlamentarios sean públicos. Hasta ahora se publican las declaraciones de actividades de los parlamentarios una vez aprobadas por el Pleno de la Cámara y con este cambio se podrían conocer las declaraciones de bienes y sin esperar al certificado de las respectivas comisiones del Estado del Diputado del Congreso y de Incompatibilidades del Senado. Esta apertura precisa una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Respecto al régimen de incompatibilidades, los presidentes recuerdan que la Ley Electoral establece que "el mandato de los diputados y senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta" y que su labor "será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma". No parece necesaria una reforma de la LOREG, ya que "el tenor literal de la Ley es tan claro y exigente que no se adivina cómo puede proclamarse más radicalmente la incompatibilidad". Su apuesta, por tanto, es aplicar la ley "de una manera mas ajustada a su literalidad", para lo cual las respectivas Comisión del Estatuto del Diputado (Congreso) y Comisión de Incompatibilidades (Senado) "deben hacer del principio de 'dedicación absoluta' proclamado en la ley vigente el criterio fundamental de sus resoluciones, de manera que las excepciones sean tales y no se conviertan en norma". Rojo ha incluido una recomendación adicional a los partidos y organizaciones políticas para que estas propuestas sobre publicidad de bienes, rentas e intereses de parlamentarios se extiendan a todos los cargos públicos de España, electivos o designados, cualquiera que sea la Administración Pública a la que pertenezcan, incluyendo los entes públicos, organismos autónomos y empresas públicas del Estado, las comunidades o las Corporaciones Locales. Si se aceptase esta recomendación, que también incluiría al personal eventual o de confianza designado por cargos políticos, debería promoverse la modificación legislativa que lo haga posible, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Pensiones de los diputados La tercera cuestión es el régimen de pensiones de los parlamentarios, que fue la que desató este proceso cuando el presidente del PP, Mariano Rajoy, sorprendió en enero pidiendo su supresión. Antes lo había demandado UPyD, pero entonces nadie lo apoyó. Ahora, y tras el visto bueno de todos los partidos, Bono y Rojo han decidido eliminar el complemento de pensión, pero sin carácter retroactivo: "La entrada en vigor será inmediata bajo el principio general del mantenimiento de los derechos ya adquiridos, reconociendo así mismo las expectativas de derecho generadas o que se completen hasta la constitución de las nuevas Cámaras". Así, la indemnización mensual por cese establecida en el Reglamento de Pensiones será incompatible con cualquier trabajo remunerado mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o de cualquier otra manera del parlamentario cesante, y también será incompatible con el cobro de pensión. Igualmente, se suprimirá el mantenimiento en alta en la Seguridad Social para que el exparlamentario pueda completar el periodo de cotización necesario para causar derecho a pensión de jubilación, así como las percepciones por fallecimiento del parlamentario en favor de su cónyuge y sus hijos menos de 25 años. Y la ayuda prevista para los exparlamentarios o sus cónyuges e hijos  que no alcancen el mínimo de siete años de ejercicio exigirá acuerdo con resolución motivada, adoptado por la mayoría cualificada de tres quintos de los miembros de derecho las Mesas Conjuntas (10 votos). Estos cambios serán acometidos directamente por Bono y Rojo mediante resolución de las Mesas Conjuntas y también procederán a publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la web todas las percepciones otorgadas al amparo del Reglamento de Pensiones. En declaraciones a los periodistas, Bono ha explicado que, con estas reformas, se busca abrir las puertas del Congreso y del Senado "de par en par" para apartar cualquier velo que pretenda cubrir este tipo de informaciones que, en las circunstancias actuales, "no son sino alimento para maledicientes, calumniadores y personas de mala fe que quieren tratar a los políticos de una manera desconsiderada". "Queremos ser más transparentes que ningún otro", dijo.