El registro de la SGAE podría 'tocar políticamente' a González Sinde

Todo comenzó el 20 de noviembre de 2007. En dicha fecha, Víctor Domingo Prieto, presidente de la Asociación de Internautas (AI), Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), y Josep Jover Padró, presidente de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT), denunciaron ante la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) “podía estar desarrollando una actividad económica de carácter delictivo”. En esta primera denuncia Prieto, Subías y Padró denunciaban que los directivos de la SGAE habían constituido presuntamente una trama de empresas paralelas en torno a la misma entidad en las que los montos recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se reinvertían en actividades lucrativas para ellas mismas. El siguiente paso fue una segunda denuncia el 16 de julio de 2010; esta vez presentada ante los diecisiete comisarios de la Comisión de las Comunidades Europeas. Además, denunciaba a otras entidades culturales aparte de la SGAE: a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Entidad de Gestión de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y a los Artistas Interpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), pero, sobre todo, denuncian al Reino de España. La denuncia es presentada frente a la Comisión Europea por el presunto favorecimiento por parte del Reino de España al monopolio de las mencionadas entidades frente a los derechos de propiedad intelectual. La gota que colmó el vaso Pero el tema se pone aún más serio con la denuncia de febrero de 2011. De nuevo Víctor Domingo Prieto y Miguel Pérez Subías, esta vez también con Ana María Méndez Linares en representación de la APEMIT, se manifiestan contra los Consejos de Administración o Juntas de Gobierno de las diversas entidades de gestión de propiedad intelectual y contra los cargos (y funcionarios) del Ministerio de Cultura que hayan avalado o encubierto posibles delitos de fraude a la Hacienda Pública. El ojo del huracán está en el desfase de miles de euros que hay entre los informes y los anuarios de 2008 y 2009 de la SGAE y de la organización CEDRO. Ambas entidades declararon –casualmente, claro está– un total de 7.196.641,  euros menos en estos dos años. En pesetas estaríamos hablando de mil 1.197 millones. Los denunciantes se preguntan qué cosas se consideran obra social o fomento de la cultura porque afirman que “en algunas Entidades de Gestión se pagan a los abogados que ponen las demandas del canon digital, se organizan actos lúdicos y congresos en defensa de la propiedad intelectual, se pagan asesores, viajes, dietas y se forma y beca a funcionarios públicos y finalmente se subvenciona directa o indirectamente a los partidos políticos mayoritarios”. “Sólo a modo de ejemplo, Cedro (escritores, traductores, científicos) ha echado el cerrojo públicamente a los beneficios sociales de sus socios. Ha echado el cerrojo a algo que está obligado a repartir por ley.” Todos estos acontecimientos podrían 'tocar' políticamente a González Sinde según lo que refiere la misma denuncia: "Lo que no sabemos, es si la connivencia de la Subdirección de la Propiedad Intelectual lo es, por acción o por omisión, o si son órdenes directas de la propia Secretaría General del Ministerio." Para resumir, esta tercera y última (por el momento) denuncia se resume en cuatro apartados: 1. En estos dos años han ‘desaparecido’ mas de 50 millones de euros (8.000 millones de pesetas). 2. Se han falsificado documentos oficiales porque las cuentas presentadas a los asociados y a la administración no coinciden. 3. Existe un Fraude a la hacienda Pública por haber declarado un monto inferior para poder obtener una mayor subvención. 4. Existe un fraude a los asociados, autores, productores y artistas al no coincidir lo declarado con lo cobrado. De la boca de Padró Josep Jover Padró, ahora comúnmente llamado ‘el temor de la SGAE’, declaró este viernes para El Cultural que “la cantidad desaparecida puede superar los 400 millones de euros” ¿De dónde? Pues del Canon Digital. La acusación se extiende hasta el Ministerio de Cultura por haber hecho “la vista gorda” con unas cuentas que era “más que evidente que no cuadraban”. Pero, como afirma el abogado, “la venganza es un plato que se sirve frío” y, después de tantos años de denuncias e investigaciones, con los presuntos delitos de Teddy Bautista y su equipo “ya se puede hablar de cárcel”. >> Vea la denuncia de Noviembre de 2007 >> Vea la denuncia de Julio de 2010 >> Vea la denuncia de Febrero de 2011 Lea también: Confirmado: la Guardia Civil tiene orden de arrestar al presidente de la SGAE, Teddy Bautista Twitter le pide a #Teddy Bautista que 'cante' El cuestionadísimo Teddy Bautista seguirá al frente de la SGAE 'Todos contra el canon' denuncian a la SGAE y a otras entidades de gestión por "posible fraude" a la Hacienda Pública