Camps y la regeneración de la política

Las tribulaciones de Francisco Camps hasta su dimisión, no pueden analizarse fuera del contexto de la coyuntura, marcada singularmente por la crítica de la clase política y la exigencia de su regeneración. Es probable que en otro contexto su suerte hubiera sido diferente. Pero, sobre todo, es necesario examinar el caso a la luz del perfil que cobra desde ese prisma regeneracionista. Algo que puede hacerse respecto de sus distintos aspectos. En primer lugar, especialmente ahora que ha dimitido, hay que cuidarse del relativismo técnico. Como si lo importante no fuera el nivel ético de sus acciones, sino la torpeza con la que gestionó la crisis. Es cierto que el político, como la mujer del Cesar, no sólo debe ser virtuoso sino también tiene que parecerlo. Y es muy difícil parecerlo en la sociedad mediática si no se maneja bien el enredo en el plano de la comunicación estratégica. Puede ser cierto que el caso de Camps vaya a ser examinado como paradigmático en universidades y escuelas de comunicación de cómo no se debe manejar una crisis. Pero lo que exige la demanda regeneracionista es la limpieza de su comportamiento, no su habilidad en el manejo. Es decir, se hace necesario regresar al tema denso de si Camps es culpable o no de los delitos de que se le acusan y de si su conducta ha sido impropia o no. Y colocar ese asunto como principal, sin equipararlo con la habilidad mediática, que a estos efectos debe ser considerado como una cuestión secundaria. Sin embargo, en este plano, aunque haya que distinguir el juicio legal del juicio político, es necesario admitir que, cuando las papas queman, ambos están estrechamente conectados. Sobre todo, ahora que Camps ha decidido que no se declara culpable para elegir la vía cómoda de la multa, sino que va a demostrar que es inocente de las acusaciones legales. Así las cosas, es necesario no confundir la mirada regeneracionista con los juicios políticos sumarísimos (propios de orientaciones fanáticas). Si se acepta el camino que marca el sistema de justicia, entonces hay que respetar los principios básicos de la presunción de inocencia y el debido proceso. Esa consigna de limpiar las listas de candidatos de imputados está demasiado cerca de la violación de los derechos fundamentales de todo ciudadano, que los conserva íntegros mientras no se demuestre lo contrario. Entre otras razones, porque si no se respeta la presunción de inocencia, se abrirá la veda para la acusación infundada, hecha por motivos políticos, con lo que no habrá regeneración política sino todo lo contrario. Es absolutamente necesario defender la línea que separa el juicio político del juicio penal: el primero se resuelve en el ágora pública y en las elecciones, mientras el segundo se resuelve en los tribunales. Y si la situación llega a este segundo nivel, entonces hay que atenerse a las reglas del juego, una de las cuales consiste precisamente en respetar irrestrictamente la presunción de inocencia. Ahora bien, decir lo anterior no significa que, en sentido contrario, el juicio político pueda cubrir el comportamiento impropio. En concreto, el hecho de que Camps haya obtenido una rotunda victoria electoral en las pasadas elecciones no resuelve por sí mismo la cuestión de la rectitud de sus actos. Por dos razones principales. La primera, porque pueden darse los hechos en circunstancias especiales que lo disimulen: se afirma que la victoria electoral no era propiamente de Camps, sino del PP, por lo que no podría entenderse exactamente como un apoyo directo a su comportamiento personal. Pero hay otra razón bastante más problemática. Puede que la ciudadanía sea de baja calidad. Hay un caso paradigmático de ello, sucedido no hace tantos años. Estoy hablando del Presidente Menem de Argentina. Durante su primer mandato, lejos de ocultar sus maniobras poco edificantes, gozó mostrándolas ampliamente. Y cautivó a la mayoría de sus ciudadanos, que elogiaban al dirigente canchero, ganador siempre, por encima del bien y del mal, capaz de salirse con la suya en cualquier circunstancia. Sólo cuando al final se demostró su catadura moral y política, muchos de los que lo ensalzaron procedieron a rasgarse las vestiduras. Por esa razón, es que sostengo que la regeneración de la política no sólo es cosa de la clase política, sino que ocupa al conjunto de la sociedad. Hay que insistir en que la calidad de la democracia depende también de la calidad de la ciudadanía. Y una ciudanía de calidad sabe distinguir entre los gestos genuinos y los motivados por necesidades electorales. Claro, todo indica que la dirección del PP no opera sobre la base de ese supuesto. El tratamiento de Génova del caso Camps ha subordinado a las necesidades electorales de su candidato Rajoy cualquier otra consideración ética. Incluso le ha sugerido al acusado que dejara caer su derecho a un juicio justo, con tal de evitar la fotografía de Camps en el banquillo de los acusados en medio de la campaña electoral. Es decir, las opciones de Camps, de cara a las necesidades electorales de Rajoy, eran claras: aceptar adelantadamente su culpabilidad (y pagar la multa) o dimitir. El líder valenciano ha elegido lo segundo. Ahora toca respetar su decisión, aunque sea por razones electorales y esperar que la justicia opere de manera correspondiente. Afortunadamente, pese a lo que dicen algunos, vivimos en una democracia con división de poderes y el sistema judicial no se atiene a la cantidad de votos que ha obtenido el imputado. En realidad, esa es también una lección aprendida. La exigencia de la regeneración de la política, que ha sido parte del clima que ha condicionado este caso, no debe plantearse a partir de la destrucción del sistema democrático existente sino en la perspectiva de su mejoramiento. Y esto no es sólo una tarea de la clase política sino de toda la ciudadanía. Esa es la mejor garantía de que lo sucedido con Camps nos ha enseñado algo. - Lea también: ¿Por qué dimitió Camps?: las claves