La Sala del 61 del Supremo se reúne hoy para decidir si embarga las herriko tabernas por su vinculación con Batasuna

   El magistrado ponente de la liquidación de Batasuna, Joaquín Samper, informó a sus compañeros del estado de las actuaciones y transmitió su inquietud ante el hecho de que los embargos pudiesen no haber sido renovados. Por ello, el pasado mes de abril el Supremo pidió al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que le informara del estado en el que se encontraban los embargos de 55 herriko tabernas decretados por el Juzgado Central de Instrucción número 5 en abril de 2002 en la causa en la que estudia la sumisión de Batasuna a ETA.

   Garzón aseguró en un auto que estos establecimientos se encontraban bajo administración judicial y no se había alterado su titularidad ni la de sus bienes. No obstante, reconocía que las anotaciones registrales respectivas habían quedado sin efecto en abril de 2006, al cumplirse cuatro años de la adopción de la medida.

   El pasado mes de enero, la Sala prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) concedió quince días a los titulares de las herriko tabernas para que presentaran las alegaciones que consideraran oportunas sobre su vinculación con Batasuna.

   Previamente los liquidadores encargados de inventariar el contenido de los locales habían presentado un informe en el que llegaban a la conclusión de que las herrikos y ciertas asociaciones culturales "pertenecerían en realizad, material y efectivamente a la propia Batasuna".

   A pesar de dicho informe, la Sala del 61 consideró que en ese momento procesal no podía afirmarse, "con efectos de prueba plena que el tribunal considere estrictamente acreditadas, con carácter apodíctico e incontrovertible, los hechos, datos y conclusiones que figuran en el informe de los liquidadores". Por ello, pidió informe a Fiscalía y Abogacía del Estado.

   La Fiscalía respondió al requerimiento afirmando que aunque entre las herriko tabernas y Batasuna "existe una afinidad ideológica e, incuso, una identidad de pensamiento con todos y cada uno de los objetivos que han prestado su apoyo a ETA", no puede "inferirse la conclusión de que uno y otro son la misma cosa, al menos por el momento".

   La Abogacía del Estado proponía el embargo "si quedara acreditado en el proceso que los bienes y derechos" de las herriko tabernas y las sociedades instrumentales investigadas por los liquidadores "pertenecen realmente a los partidos políticos disueltos judicialmente (HB-EH-Batasuna)".