Off the record - 10 julio 2007

EL CULEBRÓN DE MARBELLA SE EXPANDE

El culebrón de Marbella puede ofrecer, en los próximos días, nuevas derivadas. El juez Miguel Angel Torres mantiene su firmeza e independencia frente a presiones mediáticas, enredos jurídicos e incluso operaciones de desgaste que recuerdan las sufridas por los jueces y fiscales italianos del grupo “manos limpias”.

Considera el juez Torres que tiene el respaldo de los órganos de gobierno del Poder Judicial y asume sin aparente quiebra de voluntad las presiones que padece desde centros de influencia políticos, económicos e incluso corporativos.

Sin embargo, los movimientos de resistencia y desgaste contra las instrucciones de los casos “Malaya”, “Hidalgo”, etc. crecen en intensidad y dureza a medida que imputados y cómplices ven acercarse el peligro de que las investigaciones conduzcan a las conexiones en Madrid de las tramas de corrupción descubiertas en Marbella.

Una fuente conocedora de importantes entresijos económico-inmobiliarios asegura que los mecanismos de corrupción revelados en Marbella no sólo se trasladaron a importantes núcleos de Madrid y otras Comunidades autónomas, sino que en ellas alcanzaron mucha mayor dimensión y aún más serias complicidades. Y que puede haber noticias, o actuaciones, muy pronto.

La ofensiva contra la instrucción judicial en Marbella podría tener, como principal objetivo, frenar la apertura de investigaciones en esa dirección. 

De momento, es general el escepticismo ante la nueva Ley del Suelo, lo mismo entre expertos del sector inmobiliario que entre los profesionales jurídicos. Casi nadie cree que la nueva ley aporte nada a la solución del problema de la vivienda, y mucho menos que sirva para frenar las prácticas de corrupción en el sector.

“Mientras decisiones de inmensas implicaciones económicas permanezcan en manos de los Ayuntamientos, no avanzaremos un paso. No es sólo un problema de exigir a los Ayuntamientos condiciones de transparencia e incompatibilidades, como pretenden algunos, sino de trasladar las decisiones críticas sobre el suelo a ámbitos por su propia naturaleza más transparentes”, comentaba un muy importante promotor inmobiliario –él decía, con humor, que “tirando piedras contra mi propio tejado”– en unas jornadas de trabajo de economistas, juristas y promotores.

ALERTA EN LA GESTIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

De nuevo hay agitación interna en AENA, el siempre polémico ente que gestiona centralizadamente el transporte aéreo en España. Ahora es a cuenta de la Certificación Técnica de Instalaciones de Navegación Aérea, con la que AENA intenta acreditar la capacidad del organismo para mantener una política adecuada de gestión de calidad.

No opinan lo mismo en la Federación de Sindicatos Aeronáuticos Independientes (FSAI), que en un extenso comunicado se refiere a “la línea habitual de AENA: ser uno de los proveedores de servicios de navegación aérea más caros de Europa y el que menos invierte en salarios y formación de su personal técnico”.

En opinión de FSAI, la clave está en que AENA, en vez de adaptar y cumplir las normativas y reglamentaciones dictadas por las autoridades europeas, se inventa “certificados de calidad que nada tienen que ver con ellas (las normas europeas) ni con el ámbito de la seguridad aérea”.

DIVISIÓN SINDICAL EN AENA

Dentro de AENA, el enfrentamiento entre UGT y USO, por una parte, y la FSAI por otra, se ha agudizado tras decidir los sindicatos próximos al PSOE firmar con la dirección de AENA, contra su posición anterior, el documento relativo a la Certificación Técnica de Instalaciones de Navegación Aérea.

El tema podría parecer interno, o poco relevante para el público general, de no mediar el inquietante párrafo con que concluye el comunicado de FSAI: “De la misma forma que el certificador adquiere la responsabilidad de lo que firma, los firmantes de ese acuerdo también asumen la responsabilidad de lo firmado”.

LAS AUTONOMÍAS Y LA GESTIÓN DE AEROPUERTOS

Cada vez más analistas del complejo mundo del transporte aéreo critican con dureza la debilidad política con que el PP, en su etapa de Gobierno, no llevó a cabo los proyectos de segregar claramente la gestión de la navegación aérea de la de los aeropuertos, que hubiera permitido la descentralización e incluso eventual privatización de estos últimos y el fortalecimiento del sistema de navegación aérea en el marco europeo.  

En el sector se opina que los compromisos adquiridos por el actual Gobierno con la minoría catalana del Congreso, a cuenta de la gestión de los aeropuertos catalanes y especialmente el muy importante de Barcelona-El Prat, debieran extenderse a todas las Comunidades autónomas dispuestas a asumir, inicialmente en cogestión y pronto en gestión completa, los aeropuertos.

Se podrían incluso habilitar los mecanismos de modernización, mediante un proceso de privatización de la gestión aeroportuaria, centrando los esfuerzos estatales en la cuestión crítica de la navegación aérea y su plena armonización en el sistema europeo de navegación aérea.

BAJO DOS AMENAZAS TERRORISTAS

Alerta máxima en España en relación con el terrorismo. Ya no es sólo el problema largamente arrastrado de ETA, que mantiene en vilo a Pérez Rubalcaba ante el riesgo de un atentado selectivo, que aún con pequeña dimensión tendría efectos letales para el empeño de Rodríguez Zapatero de mantener abiertos los puentes al “proceso de paz”.

Se sabe, o se intuye, que ETA juega con los tiempos y plazos electorales, pero en ese análisis ¿conviene a sus objetivos “pisar el acelerador” nada más terminado el verano, o esperar a los “idus de marzo”?

Pero también han llegado informaciones críticas que apuntan la posibilidad de que Al Quaeda haya activado células durmientes dentro del país, lo que hace temer un atentado de especial fuerza simbólica.

AL ANDALUS se ha convertido últimamente no sólo en cita de aparición frecuente en comunicados de los dirigentes de la organización terrorista islámico, sino en tema de estudio y predicación en las mezquitas más afines a las doctrinas sustentadoras de la guerra santa de Ben Laden.  

Por si fuera poco, la compleja polémica abierta por la reclamación de Rajoy, en sede parlamentaria, de las llamadas “actas de las negociaciones con ETA” podría subir muchos grados en la escala de dureza en los próximos días, de ser cierto que la organización terrorista no ve suficiente el mantener los puentes abiertos, por lo que, de no reanudarse rápidamente el “proceso de paz”, las “actas” se harían públicas en su integridad. Obviamente son documentos de trabajo interno, sin valor probatorio alguno, pero cuya credibilidad será la que les de la opinión pública.

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