La ruptura del círculo vicioso

La reforma constitucional ha sido ya admitida a trámite por nuestras Cortes y me uno a todos los que aplauden el acuerdo entre los dos grandes partidos (PSOE y PP) que han sabido dar la talla en un momento crucial para nuestra economía. Porque a pesar de que este acuerdo parece haber sido cosa de un par de días, tengo para mí que, al menos nuestro Presidente del Gobierno, conocía las presiones del BCE (por cierto, ya no suelen escribirse cartas) desde el mismo día en que nuestra deuda soberana, al igual que la de Italia, comenzó a ser comprada por esta institución. En materia de dineros nadie parece hacer favores gratis o sin tener garantías suficientes, y como muestra las medidas adoptadas urgentemente por el Gobierno italiano y, ahora, nuestra reforma constitucional (muy probablemente ante la inconsistencia de las medidas adoptadas a mediados de julio). Como ya ha sido suficientemente comentado a lo largo de estos últimos días, son muy pocas las voces que se alzan -con un mínimo de rigor y fundamento- a favor de un referéndum para aprobar la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución. No voy a insistir, por tanto, en la necesidad del camino ya emprendido por nuestras Cortes por mucho que les pese a algunos indignados o a IU,  y a los partidos nacionalistas, porque está en juego la supervivencia económica y financiera de nuestro país. Sin embargo, la reforma constitucional no es sino el primer paso que tenemos que dar a la vista de las últimas noticias sobre las consideraciones realizadas por las Agencias de rating acerca de la solvencia de España. Ya sé que estas Agencias resultan odiosas para todos (no me cansaré de repetirlo) pero nadie puede evitar, por ahora, que sean ellas quienes juzguen la solvencia de los países, y si no que se lo pregunten al propio Obama. Ahora que estamos encaminados a poner techo a nuestro endeudamiento y al déficit presupuestario, nos salen con que el verdadero problema de España se encuentra en las altas tasas de paro y en nuestra raquítica productividad. Y creo que tienen razón –me cuesta admitir que es así- porque el déficit presupuestario se produce, en buena parte (dejando de lado los gastos absurdos que hay que suprimir cuanto antes), por estos dos motivos que actúan como causas del efecto deficitario en nuestros Presupuestos. O sea, que tenemos que ponernos a trabajar como locos para incrementar la productividad, fomentar la creación o subsistencia de las empresas y con ello crear empleo, porque ahí se encuentra el quid de toda la cuestión. La creación de empleo ha de ser, por tanto, el objetivo primordial del nuevo Gobierno que salga de las urnas, no para dar satisfacción a las Agencias de rating, sino porque es lo que demandamos los ciudadanos. Por cierto que no valdrá ya, para semejante cometido, la creación de puestos en las Administraciones públicas (y en las numerosas empresas dependientes de las mismas) porque con eso sólo se incrementaría el gasto y se impide la utilización de los recursos existentes para necesidades mucho más importantes. No es ya cuestión del absurdo debate sobre la dialéctica Keynes vs Hayek, entren otras cosas, porque para los países de la UE ya no existe la posibilidad de manejar los tipos de interés o el valor de la moneda, que son dos de los parámetros esenciales en las recetas Keynesianas. El empleo lo proporcionan las empresas y si no se cuida el tejido empresarial aumentará el paro y, con ello, el gasto público mientras que disminuyen los ingresos de nuestra Hacienda. Un auténtico círculo vicioso del cual tenemos que salir cuanto antes lo cual sólo conseguiremos con gobernantes capaces y honrados (sólo una de estas dos cualidades no basta). Por eso, la reforma constitucional sobre la limitación del déficit público resulta absolutamente necesaria, es urgente y debe afectar a todas las Administraciones públicas (incluidas, por supuesto, las Comunidades Autónomas). Consiguientemente, no es admisible ni conforme a Derecho la pretensión -recientemente anunciada- del Gobierno de la Generalitat catalana de aprobar su propia ley autonómica de estabilidad presupuestaria. Y no lo es por cuanto vulnera su propio Estatuto de Autonomía que, en esta materia (artículos 213 y 214) supedita su legislación a los límites de la normativa estatal y colisionaría con las competencias exclusivas del Estado (apartados 13 y 14 del artículo 149.1 de la Constitución). Por otra parte, semejante ley devendría inconstitucional cuando entrase en vigor la nueva redacción del artículo 135 de la Constitución ya que la materia sólo podría ser regulada por ley orgánica, lo cual sólo pueden hacer las Cortes Generales. Es decir, que lo anunciado por CiU no deja de ser una mera pataleta y ganas de enredar porque saben, o deben saber, que carece de justificación jurídica. Y tampoco es de recibo acudir a mensajes simplistas (cuando no falsos), porque la limitación del déficit presupuestario no tiene por qué traducirse en una disminución del gasto público, en la medida en que si se recauda más (porque hay mayor riqueza en el país) y se racionaliza ese gasto, nuestra sociedad del bienestar no se resentirá, sino todo lo  contrario. Como decía Orwell, si la libertad significa algo es el derecho de decir a los demás lo que no quieren oír. Desde luego que si continuamos sin poner techo al déficit público no saldremos muy bien parados de la que se avecina, porque los poderes públicos no pondrán atención en donde deben hacerlo que es crear empleo. Tarea de largo trecho por delante en la que hay que ponerse a trabajar ya mismo, por lo que aún queda mucho por hacer para cantar victoria, aunque se ha comenzado con buen pie para romper el incomprensible círculo vicioso en el que nos encontramos. José Luis Villar Ezcurra Profesor Titular de Dº Administrativo de la UCM