Gran división de opiniones por la condena de Otegi

Pocas veces una decisión judicial ha suscitado tanta controversia como la condena de diez años de prisión a Otegi y Díaz Usabiaga dictada por intentar “resucitar” Batasuna. Habría que remontarse a la división de opiniones que se suscitó cuando la solicitud de legalización de Sortu –que resultó negativa- o de Bildu, positiva.  Ahora, basta con ojear los diarios, o escuchar a los dirigentes políticos: A unos, la decisión de la Audiencia les parece ejemplar, y a otros les fuerza a mover la cabeza y a dar a entender que aún queda el recurso del Supremo, donde pudiera replantearse la cuestión y resolverla de manera distinta…  Por ejemplo, señala el diario Público que la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional en el caso Bateragune cayó como un jarro de agua fría en Euskadi. El propio lehendakari, el socialista Patxi López, manifestó que "respeta y acata" la resolución, pero añadió que era "consciente" de que "ha podido generar sorpresa o, incluso, frustración en algunos sectores de la sociedad vasca". La sentencia que condena a Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga a diez años de prisión y a Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez, a ocho años, como dirigentes de organización terrorista, llega en un momento, explica Público, en que la sociedad vasca ve en el horizonte la posibilidad de lograr la normalización y la paz. En esta delicada coyuntura, se da, además, la circunstancia de que los condenados ahora por la Audiencia Nacional elaboraron el documento de debate que llevó a la militancia de la izquierda abertzale a apostar por las vías exclusivamente políticas. Otegi llegó a declarar en el juicio ante el tribunal que la estrategia militar de ETA "sobra y estorba". De ahí que todas las fuerzas políticas, salvo el PP, y sindicales que se pronunciaron este viernes en Euskadi mostraran, al menos, desazón ante la sentencia dictada por el tribunal que preside la jueza Ángela Murillo. El lehendakari no se sumó a las fuertes críticas lanzadas desde el nacionalismo, pero sí mostró su comprensión ante quienes no la comparten. 

 "Entiendo que cuando la inmensa mayoría de la sociedad vasca piensa que estamos cerrando el ciclo del terrorismo y la violencia en este país, alguna gente pueda no comprender esta situación", dijo López. Por su parte, la izquierda abertzale, denunció que tanto aquella operación policial como esta sentencia tienen el mismo objetivo: "Imposibilitar" su cambio estratégico por las vías exclusivamente políticas. "Ninguna detención, juicio o sentencia va a sacarnos del camino emprendido", advirtieron. En una comparecencia en San Sebastián, con la presencia de Rufi Etxeberria, Tasio Erkizia, Miren Legorburu, Niko Moreno y Txelui Moreno, absuelto en este juicio junto a Amaia Esnal y Mañel Serra, leyeron un manifiesto en el que acusaban al PSOE y al PP de ser los "responsables políticos" de esta resolución judicial, enmarcada en la "actitud boicoteadora de ambos partidos" los últimos meses. El comunicado concluía con una frase que Otegi pronunció en el juicio y que difundió de nuevo ayer por Twitter: "Que nadie abandone este camino [la estrategia por vías políticas] porque vamos a ganar". 

 En cuanto al Gobierno de Zapatero reaccionó con cautela ante la resolución. Su portavoz, José Blanco, manifestó que el Ejecutivo "respeta" y "acata" la sentencia, pero declinó hacer ninguna valoración política, aunque rechazó "mezclar" el caso Bateragune con la presencia de Bildu en las instituciones o el próximo futuro de Sortu, pendiente de una resolución en el Tribunal Constitucional. Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, UPyD y sindicatos policiales (SUP y CEP) se ampararon en el fallo de la Audiencia Nacional para demandar una intervención judicial contra Bildu y Sortu. El PP, se limitó a felicitarse por la resolución del tribunal a través de su vicesecretaria de Organización, Ana Mato, y su portavoz en el País Vasco, Leopoldo Barreda. Ambos defendieron que, con esta condena, "se ha aplicado la ley". Las fuerzas que integran Bildu EA, Alternatiba e independientes abertzales, denunciaron el fallo con duros términos. Para el secretario general de EA, Pello Urizar, la resolución es una "aberración" que denota que un "impulso político" y que "los poderes del Estado continúan en esquemas del pasado". El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, señaló que la Audiencia Nacional ha puesto la "enésima piedra" en el camino de la paz y que es un "sin sentido" atribuir pertenencia a banda armada a los condenados, cuando, en realidad, "pretendían construir una apuesta política". El PNV hizo público un comunicado en el que interpretó la sentencia como "un paso atrás" para la normalización política de Euskadi y un "absurdo político judicial" sustentado por la teoría a "denunciar" del "todo es ETA". Su presidente en Gipuzkoa, Joseba Egibar, fue más lejos al tachar el fallo de "despropósito y escándalo", por condenar a miembros de la izquierda abertzale que han reiterado de forma "inequívoca" su distanciamiento de la violencia. 

 El Estado, añadió, ha querido dar una respuesta a la izquierda abertzale, condicionando su participación política "al cese definitivo por parte de ETA", pero, a su juicio, la sentencia "no retrasará" el final de la violencia: "[ETA y el Gobierno], dijo, están administrando sus tiempos". En términos también muy duros reaccionó Aralar, formación liderada por Patxi Zabaleta, que denunció que esta sentencia "no es homologable desde unas bases democráticas", pues condena a "unas personas por defender las vías exclusivamente políticas". Y también es, agregó, "un despropósito jurídico y democrático" que demuestra la "debilidad democrática del Estado, aunque se trate de una debilidad violenta". Tampoco Izquierda Unida ni su marca en Euskadi (Ezker Batua) saludaron con satisfacción la condena a los cinco miembros de la izquierda abertzale. Para el coordinador general de EB, Mikel Arana, es "judicialmente insostenible" y una "noticia nefasta" que "en nada ayuda a consolidar la paz y la normalización política en Euskadi". El líder de IU, Cayo Lara, también lo lamentó. 

 En cuanto a los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e HIRU, que representan a la mayoría sindical en Euskadi, exigen  que los condenados en el proceso de Bateragune “queden en libertad inmediatamente y de manera incondicional”, ya que “el ejercicio de la actividad política que han venido desarrollando” no puede ser motivo de condena y encarcelamiento. Estos sindicatos, han organizado concentraciones de protesta para este lunes en Bilbao, Donostia, Vitoria y Pamplona. Alegan que “la condena de estas personas supone un hecho de especial gravedad y está fuera de lugar, máxime en un contexto en que las personas detenidas han venido trabajando desde la práctica política en la superación de ese conflicto”. Según explica este sábado El País, el fallo de la Audiencia Nacional “complica la propuesta política que Patxi López viene perfilando para su exposición en el debate de política general que el Parlamento vasco celebrará el próximo 29 de septiembre”. El lehendakari asume que ahora tendrá que exhibir un guiño añadido al entorno abertzale. El lehendakari sitúa su plan de paz en un escenario que contempla como premisa básica la desaparición de ETA y para cuyo objetivo reclama de la izquierda abertzale que se implique. López, que dedica un trato preferente a las víctimas y a la tolerancia, se reunirá con los agentes sociales y políticos y así adecuar un mínimo marco de sensibilidad antes de comparecer en el Parlamento. Dice la crónica de este diario que el clima generado entre las fuerzas políticas vascas, a excepción de PP y UPyD, destila desde el viernes y, tras conocerse la sentencia, más pesimismo porque la sentencia no atiende a la realidad que vive Euskadi. 

 En cambio, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, cree "correcta" la sentencia condenatoria contra Otegi y Díaz Usabiaga, “por tratar de reconstruir la formación ilegalizada” y está convencido de que "contribuye al avance hacia la paz" en el País Vasco. Conde-Pumpido, en declaraciones a la cadena Ser afirmó que este fallo "no introduce ninguna distorsión" en el proceso político vasco, rechazando las posturas contrarias  de Bildu y de la izquierda abertzale. El fiscal deja entrever que si ETA hubiese estado disuelta, la interpretación del tribunal de la Audiencia Nacional habría podido ser distinta en su dictamen. Es "indudable", dice, que si Batasuna hubiese exigido a ETA su disolución, o la banda hubiera dejado las armas, "pudiese haber una valoración y estar influida por ello. Pero como no se ha producido, desde el punto de vista jurídico ETA sigue constituyendo una amenaza permanente y sus dirigentes tienen que ser condenados", añadió. Conde-Pumpido insistió en que, una vez que ETA deje de existir, la imputación por cooperar con banda armada "pierde la trascendencia" y podría haber entonces medidas generosas con los condenados. "En ese momento, el Gobierno que esté tomará las decisiones que le corresponda", señaló. Y reconoció que "los tiempos políticos, los mediáticos y los jurídicos son distintos", matizando que los hechos que se le imputan a Otegi y Díez Usabiaga de refundar Batasuna en connivencia con ETA ocurrieron hace sólo dos años. Conde-Pumpido opina que el final de la violencia llegará sólo cuando los terroristas "sean plenamente conscientes de que son ellos los que están derrotados moral, legal y materialmente". "Sólo el rigor legal es el que ha llevado a ETA a esta situación agónica en la que se encuentra", concluyó. Y ahora, no pocas miradas contemplan esperanzadas una sentencia más comprensiva desde el Tribunal Supremo, que deberá ahora atender al recurso de casación… - Lea también: Conde-Pumpido califica como "correcta" la sentencia de Arnaldo Otegi a 10 años de cárcel Otegi, condenado a 10 años de prisión por pertenencia a ETA  Lea la sentencia de la A. Nacional (pdf)>> Opinión de José Cavero Otegi, probable condena a diez años de prisión