Quo vadis, Convergència i Unió?

Unas encuestas llevadas a cabo recientemente en Catalunya, indican que un 43% de los encuestados favorecen la independencia de Catalunya, un porcentaje que ha ido creciendo de manera significativa en los últimos años.  De manera sorprendente, la razón principal que dan ese 43% de los encuestados que favorecen la independencia no es la cuestión identitaria, lingüística y cultural, sino la económica, es decir la percepción de que Catalunya estaría mejor económicamente siendo independiente. Y un 75% del total de los encuestados, es decir una amplia mayoría, opinaron que el presente sistema económico en España discrimina a Catalunya y quisieran cambiarlo a favor de un pacto fiscal más equilibrado o del establecimiento de un concierto económico similar al que existe para el País Vasco y Navarra.  Es decir, un porcentaje muy elevado, aun de aquellos catalanes que no desean la independencia, manifiesta su descontento por el tratamiento discriminatorio del punto de vista económico que recibe Catalunya.  A efectos de las elecciones del 2011 los resultados de las encuestas debieran ser un dato importantísimo para aquellos partidos políticos catalanes que aun a partir de bases ideológicas diferentes defienden, en principio prioritariamente, los intereses económicos de los catalanes (por su política de sumisión a los intereses centralizadores del PSOE en los últimos 5-7 años no se puede incluir al PSC en este grupo y por supuesto no se puede incluir tampoco al PP). Y la importancia de los resultados emana del hecho de que si de manera un tanto burda se considera que un 45% de los votantes en Catalunya son catalanes, llamémosles “identitarios” es decir cuya cultura y lengua de uso es la catalana y que votan mayoritariamente a partidos “catalanes” y otro 40 a 45% son catalanes pero cuya cultura y lengua no es predominantemente la catalana, que no se sienten necesariamente catalanes “identitarios” y que tienden a votar PSC y PP, ello indica que aun entre los catalanes no “identitarios”, el tema de la discriminación económica de Catalunya es una preocupación creciente. Ello debiera indicarle a los partidos “catalanistas” que entre los votantes del PSC y aun (aunque menos) del PP existe un potencial real de cambio de voto hacia las posiciones de defensa de los intereses económicos de los catalanes. Dado el poco peso relativo que tiene en este momento CiU en las Cortes españolas en relación a su peso en el Parlament de Catalunya y al hecho de que gobierne en Catalunya con una amplia mayoría, este partido es el que puede beneficiarse más en la elecciones del 2011 del argumento que tan bien reflejan las encuestas de discriminación económica contra los catalanes. Y ello porque además al ser el partido que gobierna, son ellos los más interesados en explicar a los catalanes que es esa discriminación, la llamada “balanza fiscal” negativa que asciende a unos 20.000 millones de euros anualmente, la que les obliga a aplicar unos recortes a programas sociales que políticamente les están haciendo mucho daño.  Por ambas razones, es decir las posibles ganancias políticas en el 2011 y para limitar el daño político a su gobierno, CiU debiera usar el argumento económico no sólo como elemento esencial de su plataforma política (que en parte ya lo es) sino también como parte de su discurso político diario y de todas sus comunicaciones con los medios informativos. Y eso último CiU no lo está haciendo aun cuando tienen amplias oportunidades de hacerlo en relación a los recortes tan poco populares en los sectores sociales. En la opinión de este articulista, este enfoque de CiU es políticamente erróneo. No explicar en detalle y recordar continuamente a los catalanes que los recortes en los presupuestos son inevitables, no por la crisis económica de España, sino por la desproporcionada contribución anual que hacen los catalanes a la economía española dadas esas balanzas fiscales desastrosas (uno debe recordar que Catalunya tiene un sector público pequeño y eficiente en relación con el de la gran mayoría de las autonomías y en relación al gobierno central), quedó aún más patentemente demostrado en la comparecencia del President hace unos días en el Parlament de Catalunya. Ahí, el President pidió a los partidos políticos catalanes su apoyo en la búsqueda de un pacto fiscal. Ese enfoque es irrealista en relación al PSOE/PSC y al PP, que son partidos que obviamente nunca van a exigir que España le devuelva a los catalanes esos 20.000 millones de euro anuales que salen como impuestos y no vuelven al presupuesto catalán. Y ello se ha visto en la negativa reacción de los partidos, aún aquellos que defienden los derechos económicos de los catalanes en relación a España que han atacado, razonablemente, la falta de concreción de ese “pacto fiscal” (y ha permitido a partidos como el PSOE/PSC volver a recordar la eliminación hace unos meses del impuesto de sucesión, una medida políticamente costosa pero que económicamente no tiene mucha importancia en relación al deficit). Y ello no es de extrañar porque, sean serios, señores de CiU, pacto fiscal con España ya lo tiene Catalunya. El problema es que el pacto fiscal que tenemos es un atraco y a dos meses de las elecciones que CiU no presente unas ideas más concretas es como decir que o no tienen plan o no les interesa realmente defender los intereses económicos de los catalanes. Pero es que hay más. Esa falta de información por parte de CiU a los votantes catalanes sobre las raíces del problema económico es políticamente suicida en relación a las elecciones de noviembre de 2011 ¿Por qué CiU apela a los partidos del Parlament?  ¿Por qué no apela a los votantes catalanes, quienes han indicado en varias encuestas su preocupación económica? Quienes irán a las urnas en noviembre son los catalanes, no los partidos.  Y si CiU no da a los catalanes una razón más convincente para que les voten, ello debe indicar que CiU está perfectamente contenta con seguir siendo un partido irrelevante a nivel de las Cortes Españolas – y que contará todavía menos después de las elecciones de noviembre si se confirman las encuestas de una mayoría absoluta para el PP-. La gran pregunta es ¿por qué CiU no aprovecha mejor esas oportunidades? ¿Por qué no define la forma y substancia que debiera tener un nuevo pacto fiscal con España sabiendo que ya tenemos un “pacto” fiscal y que es precisamente ese pacto el que ha servido para trasquilar a los catalanes durante los últimos 30 años?  O es que es simplemente una cuestión de táctica y que la campaña electoral dará al tema la importancia central que tiene.  Después del discurso de nuestro President perdiendo una oportunidad de oro de llegar a los votantes, la respuesta no puede ser otra de que no se trata de una cuestión táctica sino de fondo. Y el nombramiento de Duran i Lleida como cabeza del partido para las elecciones del 2011 es otro indicador de que no es una cuestión de táctica sino de fondo. No se le puede negar a Duran i Lleida que es una persona brillante pero que no parece muy dispuesta a defender muy activamente los intereses económicos de los catalanes. Sus razones tendrá. Y el silencio absoluto del Conseller de Salut aun cuando tiene que bailar con la más fea e informar de los recortes de turnos de urgencia en algunos CAP o en algunos hospitales, o de la Consellera de Educació, o incluso el relativo silencio del Conseller de Economia (y ya hemos hecho amplia referencia al discurso desalentador del MH President) tampoco sirven para evitar la pregunta del por qué esos temas no se tratan diariamente en cada oportunidad que se le presenta al Govern de informar a los catalanes. ¿Sabe dónde está Convergencia i Unió? ¿Sabe dónde va?  Los catalanes nos merecemos ser tomados más en cuenta por nuestros partidos y por nuestro Govern.