Corriendo el riesgo de llover sobre mojado porque muchos colegas internacionalistas, analistas, notas de prensa, etc., han ofrecido opiniones acerca de los alcances, o falta de ellos, del comunicado emitido por el canciller venezolano y la canciller guyanesa a raíz de la reunión que sostuvieron el pasado 30 de septiembre en Puerto España, a la cual el régimen le ha dado tanta bomba como si de allí hubiera salido algo excepcional, quiero aprovechar este espacio semanal para dar mi propia apreciación acerca de ese documento.
Según había anunciado el propio führer en sus varias apariciones televisivas y radiales del 29 de septiembre (EU 30/09/11, pág. 1-2) esa reunión debía tener por objeto "tratar la controversia territorial que mantiene Venezuela por el Esequibo". Este anuncio, por supuesto, despertó muchas expectativas porque sería la primera vez, desde que se firmó el acuerdo de Ginebra, que los dos gobiernos abordarían directamente la controversia. Sin embargo, según dice el comunicado lo único que se hizo fue reconocer que la controversia "sigue existiendo" y que se trata de un "legado del colonialismo" que debe ser resuelto.
¿Hay algo nuevo en esto?
En cuanto a la solicitud de Guyana para que las Naciones Unidas le autorice a ampliar su plataforma continental en 150 kilómetros cuadrados, tema que dio origen a justificadas reacciones de expertos venezolanos conocedores del tema -que, ¡oh sorpresa! le sirvieron al führer para descargar, por millonésima vez, su artillería verbal contra la oposición- el comunicado se limita a decir que se reconoce el derecho del Gobierno de Venezuela "a dar a conocer sus puntos de vista" ante la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Límites de la Plataforma Continental.
¡Vaya perogrullo! ¿Es que el régimen ha dudado en algún momento que tiene ese derecho?
Luego el comunicado establece que los "respectivos facilitadores discutirán los temas relacionados con la petición de Guyana e informarán a sus respectivos gobiernos". Con esta frase se trató de remendar el capote por el error de inicio cuando se anunció que este asunto sería sometido a la consideración del Buen Oficiante. Resulta que en lugar de sacar la pata del barro lo que hicieron fue meter la otra porque ni el Buen Oficiante, ni los facilitadores tienen nada que ver con ese tema. Si se pretende asignar a esos personajes tareas que no les corresponden si es verdad que el tema de la controversia se volverá un despelote.
A todo lo anterior hay que agregar el embrollo que se ha creado alrededor de este asunto con la afirmación del régimen de que Guyana no le había comunicado su intención de solicitar la ampliación de su plataforma continental, la revelación de que en 2009 Guyana ya había informado a Venezuela de la gestión que se proponía hacer ante las UN, la publicación del texto del telex -muy profesional por cierto- mediante el cual la embajada en Georgetown informó debidamente a la Cancillería acerca de la entrevista que el 14 de mayo de 2009 sostuvo la canciller guyanesa con la encargada de negocios de Venezuela para notificarle de la gestión que haría ante las UN, el hecho de que en esa misma comunicación la embajada advirtió a la Cancillería de la "trascendencia y la importancia estratégica" del tema, la revelación de que durante dos años el director de fronteras del MRE estuvo intentando reunirse con el conductor de la Cancillería para imponerlo de la iniciativa que emprendería Guyana y, por último, con la destitución de ese funcionario, porque seguramente había necesidad de sacrificar un chivo expiatorio.
Todo esto pone una vez más en evidencia que no tenemos Cancillería. Lo que prevalece es la improvisación y la incompetencia con los riesgos que eso significa para la gestión de intereses vitales de la nación.
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