Amedida que el debate constituyente sube de intensidad, recrudecen los intentos por desviarlo y conducirlo a callejones clausurados, siempre bajo la persistente estrategia de impedir que llegue a aprobarse una Constitución que refleje los cambios sociales y políticos que se están produciendo. El núcleo duro del poder constituido, es decir la corporación de terratenientes ilegales, algunos de los más grandes vendedores de obras y servicios públicos, algunas de las compañías hidrocarburíferas, los mandos activos de las organizaciones de políticos profesionales y un grupo de administradores de justicia, coaligaron todo su poder para cerrarle el camino a la Constituyente y cuando no pudieron contenerla, trataron de que se concentre exclusivamente en el debate sobre autonomías departamentales.
Una vez que esta línea de contención fue superada y el poder constituido experimentó una profunda ansiedad al perder el monopolio del discurso autonómico al chocarse con propuestas mucho más elaboradas y complejas que la que está enarbolando, decidió magnificar y explotar al máximo los frecuentes errores del conglomerado de asambleístas que cobija la sigla oficialista e introducir cuestiones que azuzan la explosión de rivalidades regionalistas y localistas. Con la determinación expresa de jaquear a las fuerzas oficialistas, creando un frente tan artificial como estruendoso que difumine la atención y oscurezca la discusión sobre el tipo de Estado, lo relacionado con la propiedad y la administración de las riquezas naturales -en primer lugar la tierra- y modificaciones institucionales fundamentales.
La estratagema funciona en la medida que desde el bloque social constituyente, se produce una ráfaga de respuestas desordenadas, voluntaristas y previsiblemente emocionalizadas, cuando no sencillamente tributarias del mayor conservadurismo. De esta manera el debate sobre la sede de los poderes públicos se convierte en un intercambio de apetitos e imposturas, donde se reivindican supuestos derechos innatos y razones estratégicas, ficticias y alucinadas.
La verbosidad y el sentimentalismo más manipulativo no alcanzan a tapar la ausencia de un intercambio de argumentos donde se demuestre que una u otra opción son mejores, porque efectivamente sirven de manera superior a una estrategia de país y se articulan consonantemente con el viraje histórico que vivimos. La intensificación de este debate que puede cancelarse por una simple priorización de alternativas aprobadas por la Asamblea, aleja de la comprensión colectiva las cuestiones decisivas que tiene que resolver la nueva Constitución.
Lo anterior se adereza con el lanzamiento sensacionalista de propuestas radicalmente opuestas al avance democrático, como las reelecciones perpetuas, el radical estrechamiento del sistema de representación a través de la universalización de la uninominalidad y el retroceso de cualquier fórmula de innovación de los aparatos de seguridad del Estado o la transparentación del manejo de la educación superior. Todos estos ingredientes socavan el proceso, al abrirle boquetes auspiciados por el pragmatismo más tradicionalista y el abandono de una relación abierta, franca y sana con los millones de mujeres y hombres que abrieron espacio a los cambios y que esperan su consolidación y avance. Aun en el caso de que algunas de estas propuestas se esgriman con un mero cálculo de negociación es un error mayor, o si se quiere un pecado capital, mantener al margen de la comprensión y la participación decisoria a los actores y dueños del proceso.
Roger Cortés es Analista Político y Catedrático
Tomado de la Edición de La Prensa (22/07/2007)
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