El Supremo avala al Congreso

El Tribunal Supremo ha dictado una importante resolución que ratifica que la capacidad de control del Gobierno radica en el Parlamento y no en la acción penal. La querella presentada por el misterioso sindicato 'Manos Limpias' se ha vuelto contra sus inductores, porque reafirma, en un momento especialmente tenso de la política nacional, la división de poderes y la competencia exclusiva que tiene el Parlamento para revisar la los actos de Gobierno.

   Así pues, el Gobierno tiene expedita la vía de negociación con Batasuna y ETA que ha sido permanentemente cuestionada por el PP y otras organizaciones como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que de una u otra forma negaban la legitimidad y legalidad de esta iniciativa.

   Este asunto debiera reconducir la situación y circunscribirla al debate político propio de una sociedad democrática en la que el Gobierno ejerce su labor de gestión de los intereses públicos que le competente, la oposición critica y ejerce el control del Gobierno y el Parlamento se erige en árbitro de la situación al ser la única institución capaz de rectificar las políticas del ejecutivo por el simple mecanismo de las mayorías que se contemplan en la ley y en los reglamentos de la Cámara.

   Insistir en otro tipo de comportamientos y en la inducción permanente de la sospecha o la acusación sin pruebas es un camino que sólo conduce al deterioro institucional  y al bloqueo político. Una vez más el PP tiene que tomar la decisión de si está dispuesto a hacer política, a convertirse en una clase de maquinaria de subversión, propia de un partido extraparlamentario, que hace de la calle y la protesta el eje de su política despreciando el juego de las mayorías en el que se asienta nuestro sistema democrático.

Mariano Rajoy tiene la palabra.