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Sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía

Castilla-la Mancha muestra su apoyo a la ley y a la asignatura

Castilla-la Mancha muestra su apoyo a la ley y a la asignatura

La asignatura se impartirá en la región en el curso 2008-2009

viernes 24 de agosto de 2007, 14:25h
El Gobierno regional ha emitido una declaración institucional donde se deja muy claro que como ya ocurre en una veintena de países europeos, el Gobierno de Castilla-la Mancha apoya la LOE y la asignatura de Educación para la Ciudadanía y de los Derechos Humanos. La consejería de Educación y Ciencia no comparte la objeción de conciencia sobre esta materia, pero respeta a las familia que han decidido presentar recursos en instancias judiciales.

Así lo explica en una nota de prensa el Gobierno de Castilla-la Mancha, que deja claro que apoya de forma explícita la Ley Orgánica de Educación (LOE), sus contenidos y sus desarrollos y, por tanto, la existencia de una materia con carácter universal y obligatorio para todos los alumnos como Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Para el Gobierno de José María Barreda esta asignatura favorecerá la formación en valores, la convivencia y la cooperación en los centros, reforzará una actitud solidaria y de respeto, y contribuirá al conocimiento no sólo de nuestro ordenamiento constitucional, sino de una normal universal como lo es la Declaración de los Derechos Humanos.

Aclaración de la consejería de Educación y Ciencia

El departamento que dirige José Valverde aclara que han sido razones estrictamente pedagógicas, y así lo ha avalado el Consejo Escolar de esta Comunidad, las que han aconsejado llevar esta asignatura a 2º de la ESO, curso que se implantará con carácter general en toda España,  según el calendario de desarrollo de la LOE, en 2008-2009, fecha en la que el alumnado comenzará a estudiar la asignatura.

Respeto a opiniones contrarias

El Gobierno de Castilla-la Mancha insiste en que respeta las opiniones contrarias a esta asignatura, una actitud que es perfectamente compatible con su obligación como Adminsitración púbica de cumplir y hacer cumplir la Ley.

Por tanto, le parece adecuado que aquellas familias que quieran utilizar el cauce legal y constitucional del recurso a linstancias judiciales lo hagan, lo que no significa que deje de exigir el cumplimiento de la Ley. En ningun caso, insisten, el Gobierno regional comparte ni apoya la objeción de conciencia sobre esta materia.

Deben ser los tribunales de justicia que tienen competencia en la materia, quienes se prnuncien sobre los posibles recursos presentado sy no debe ser cada ciudadano quien decida libremente si tiene que cumplir o no con sus obligaciones legales.

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