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Alegan que es responsable de los delitos de tortura y detención ilegal

Altermundistas presentan denuncian en contra del secretario de Gobernación

Altermundistas presentan denuncian en contra del secretario de Gobernación

miércoles 13 de diciembre de 2006, 22:46h
Actualizado: 19 de septiembre de 2007, 07:53h
Ha casi dos años de que el actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña en ese entonces gobernador del estado de Jalisco, utilizó las fuerzas públicas para desalojar a un grupo de globalifílicos que protestaban durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, se han acordado -juridicamente- del hecho y han interpuesto ante la Procuraduría General de la República una denuncia en contra del funcionario.
Miembros del Frente de Procesados M28 presentaron hoy una demanda penal contra el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, por delitos de tortura presuntamente cometidos cuando fungía como gobernador de Jalisco en el 2004.

En el documento, entregado a la Procuraduría General de la República (PGR), solicitan investigar al funcionario por violaciones durante un operativo que ordenó realizar en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe.

Los también llamados globalifóbicos, entregaron al Ministerio Público Federal exámenes en los que  presuntamente se demuestra la violación de sus garantías individuales por parte de policías municipales de Guadalajara y estatales de Jalisco.

En su oportunidad los jóvenes, que todavía enfrentan procesos penales por delitos que aseguran no cometieron, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual emitió un informe especial en el que destacó que se había detenido ilegalmente a 73 individuos. Dicho documento señala que 55 de ellos recibieron un trato cruel, también hubo 73 incomunicaciones y 19 casos de tortura.

De acuerdo a César Naranjo Velázquez, una de las víctimas de la supuesta represión, aseguró que este caso representa un primer reto para la PGR y el gobierno de Calderón y con su conclusión determinará si los derechos humanos son una prioridad o no para esta gestión, como lo ha asegurado el mandatario.


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