Balance de los derechos sociales y el Estado del bienestar

En una sociedad cada vez más envejecida, la ley de dependencia aprobada en 2006 supuso un antes y un después en las garantías a los mayores, pero también a todas aquellas personas que no podían valerse por sí mismas. La llegada de Trinidad Jiménez y la ley de dependencia al ministerio de Sanidad en 2009 dio un nuevo impulso a la norma, aunque tampoco se libraría de los recortes de la crisis. Jiménez heredaba la cartera de Bernat Soria y una ley recién nacida del entonces Ministerio de Educación, Política Social y Deporte que pretendía completar su desarrollo en 2015. A día de hoy 760.000 personas disfrutan de una prestación. Sin embargo, la crisis también frenó la 'política estrella' de Zapatero. En 2010, la encargada de Sanidad anunciaba que se eliminaba el pago de los atrasos en las prestaciones económicas hasta los seis meses como contribución al plan de recorte antidéficit.

Aún a día de hoy, la implantación de la ley de dependencia está siendo lenta y desigual por comunidades autónomas. De hecho, en algunas autonomías la ley se ha convertido en un arma política entre el Gobierno central y las administraciones regionales. La Comunidad Valenciana alcanza demoras en los pagos a las empresas que prestan estos servicios de hasta 13 meses de retraso y en Madrid, Aguirre denuncia que el Estado "pone uno de cada cuatro euros" que debería dar para la financiación de la asistencia, mientras que según los datos del Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad "la financiación de la Ley de Dependencia por parte del Estado supera en más de un 60% la recogida en la memoria económica de la norma. En total, hasta finales de 2010 la Administración General del Estado ha aportado 5.390.510.668 euros" a las autonomías para que desarrollen el mandato de la ley.

Por otro lado, según el VII Dictamen del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales correspondiente al balance de la ley a fecha de junio de 2011, seis autonomías quedan por debajo del aprobado en el ranking nacional: Baleares (4,5); Ceuta y Melilla (4); Madrid (3); Asturias (3); Comunidad Valenciana (1,5) y Canarias (0,5).

La ley de dependencia ha sido la gran bandera de un ministerio con escasas competencias ya que en su mayoría están cedidas a las comunidades autónomas. Eso sí, la etapa de Trinidad Jiménez en este área se recordará también por su faraónica gestión de la gripe A -la propia OMS reconoció que se alarmó en exceso a la población aunque defendió en todo momento el asesoramiento de farmacéuticas privadas en el proceso- y por la polémica implantación de la nueva ley antitabaco en 2009 que endurecía las condiciones ya impuestas a los bares y restaurantes en 2006 por el propio gobierno socialista.

Tribunales

Otras grandes apuestas sociales de la primera etapa del Gobierno de Zapatero fueron la ley integral contra la violencia de género; la ley de reproducción asistida; el divorcio 'express', la ley de matrimonios homosexuales o ley de Igualdad. Estas dos últimas normas fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular. La primera aún no tiene resolución y la segunda, que establecía las listas electorales paritarias, fue avalada por el Pleno, registrando solo uno de los doce votos de los magistrados en contra de la ley.

Por otro lado, desde el año 2010 está en vigor la reforma de la ley del aborto que convierte lo que desde 1985 era considerado un delito despenalizado en algunos supuestos, en un derecho de la mujer. La por entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído, impulsó una norma que permite abortar desde los 16 años hasta la semana 14 de gestación. En el caso de las menores de edad, la norma contempla que al menos uno de los padres o tutores deberá ser informado de la decisión y acompañar a la joven, salvo en casos de riesgo de coacción, amenazas o malos tratos en cuyo caso la decisión recaerá en el médico. Esta ley también fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP y el Gobierno de Navarra, aunque aún no hay una sentencia al respecto.

Pero estas no han sido las únicas normas del Gobierno que la oposición ha llevado ante los tribunales. Claros ejemplos se encuentran en el área educativa, uno de los grandes pilares del Estado del bienestar.

Educación

La ya fallecida exministra de Educación María Jesús San Segundo impulsó en 2006 la Ley Orgánica de Educación (LOE) que incluía una nueva asignatura siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea: Educación para la Ciudadanía. Un día después de que se aprobara la reforma educativa en el Parlamento, San Segundo fue sustituida por Mercedes Cabrera a quien le tocó vivir más de lleno la polémica entorno a la misma. El Partido Popular hizo campaña en su contra por considerar que atentaba contra el derecho de los padres a escoger una formación moral para sus hijos -el gobierno valenciano de Camps incluso boicoteó sus clases imponiéndolas en inglés con la opción de entregar un trabajo sustitutorio-; sin embargo, el Tribunal Supremo concluyó que no cabe apelar al derecho de objeción de conciencia frente a una materia educativa y que, en ningún caso, vulnera la libertad de los progenitores para ofrecer una formación religiosa a sus hijos. No obstante, varios padres disconformes recurrieron la sentencia ante el Tribunal Constitucional que aún no se ha pronunciado.

Un golpe más directo fue el que se llevó Mercedes Cabrera con su iniciativa de flexibilizar el Bachillerato. Los informes de la OCDE de la última década muestran problemas sistémicos en el sistema educativo como el abandono escolar. Como estrategia para combatirlo e incentivar la continuidad del estudio, en 2007 el Ministerio de Educación desarrolló un real decreto que permitiría a los alumnos de educación posobligatoria con entre 2 y 4 asignaturas suspensas matricularse al año siguiente de las mismas junto a algunas del último curso, realizando así un tercer curso 'puente' que mezclase asignaturas de primero y de segundo siguiendo el modelo universitario. Sin embargo, esta medida fue recurrida ante la justicia y el Tribunal Supremo decretó que si se suspendían más de 2 asignaturas la única posibilidad era que el alumno repitiera el curso entero, obviando las asignaturas ya aprobadas, puesto que esta vía es la única que contempla la propia LOE del Gobierno socialista aprobada en 2006.

En materia educativa han destacado también otras iniciativas como el impulso del Plan Educa3  -dotado con una inversión total de 1.087 millones de euros entre 2008 y 2012 entre la administración central y las autonomías- de inversión total de 1.087 millones de euros entre 2008 y 2012 de Zapatero y dirigido por la ministra Mercedes Cabrera.

A su sucesor en el cargo Ángel Gabilondo, expresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), le tocaría rematar la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y llevar a cabo cambios en la prueba de acceso a la universidad, antes conocida como Selectividad.

Gabilondo terminó con el cupo de plazas universitarias para los alumnos de la FP superior y permitió que se pudieran presentar en igualdad de condiciones con los alumnos de bachillerato a la prueba específica para subir nota en los estudios universitarios donde hubiera más demanda que oferta. En cuanto a la formación profesional, su ministerio también puso en marcha el 'Programa Acredita' con la colaboración del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, para permitir a unos 60.000 profesionales la convalidación de su experiencia por un título de FP que garantice sus conocimientos.

En la línea de incentivar el estudio, durante el curso académico 2010/2011 se concedieron de forma gratuita las matrículas de los Master oficiales o estudios de Doctorado para los jóvenes en paro que cobrasen la prestación por desempleo. Una medida que parece que la crisis también se ha llevado por delante porque no ha sido recuperada para el curso que ahora comienza.


Digitalización educativa

La digitalización educativa también ha sido otra de las apuestas del gobierno de Zapatero. En el año 2009 se ponía en marcha el Plan Escuela 2.0 para dotar a cada alumno de primaria con un ordenador portátil y aunque se escucharon críticas de todo tipo (desde el daño que pudieran ocasionar a la vista de los niños, a 'envidias' de los cursos superiores que no entendían porqué se comenzaba por cubrir las necesidades tecnológicas de las edades más tempranas), la comunidad educativa parece convencida de la necesidad de transformar las aulas con herramientas del siglo XXI. Sin embargo, aún se lamenta la lentitud con la que se están transformando los libros de texto a la realidad virtual, las metodologías anticuadas del profesorado...

Para incentivar la inclusión de las TIC en la sociedad, el Gobierno también impulsó en 2006 el Plan Avanza gracias a la colaboración del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto de Crédito Oficial para ofrecer la financiación de equipos informáticos a jóvenes universitarios o PYMES a un interés del 0% hasta 2010, aunque después se ha visto ampliado hasta el 2015.

Pero si de algo presumen los socialistas en el terreno educativo es de haber incrementado las becas de estudios. Este curso 2011/2012 se beneficiarán de algún tipo de ayuda 1.700.000 millones de alumnos y, pese a la crisis, la inversión en este terreno ha aumentado un 5% con respecto al año anterior. Es decir, se inyectarán a este fin un total de 1.324 millones de euros, lo que supone que el Gobierno ha duplicado la cantidad dedicada a las becas desde 2004.

La gran cuenta pendiente en este terreno ha sido la falta del ansiado Pacto Educativo entre Gobierno y oposición. Si bien fueron numerosos los contactos entre PP y PSOE, Gobierno y comunidades autónomas, el acuerdo no fue posible en gran parte por los desacuerdos con el papel del castellano, la ya comentada asignatura de Educación para la Ciudadanía y la centralización de la política educativa. Pinchando aquí pueden ver el Pacto propuesto por Gabilondo (pdf) y pinchando aquí (pdf), documentos con los que no supieron entenderse.


El paro lastra el bienestar

Sin embargo, tal y como muestra el último informe de la OCDE, How is life? Measuring well-being, el paro lastra el bienestar de la sociedad española. Este estudio no analiza el progreso social únicamente con el parámetro del PIB, sino que siguiendo al Nobel de Economía Joseph Stiglitz, se utilizan otros parámetros como el empleo, la salud, la vivienda o la educación en 40 países.

En España se han multiplicado las tasas de graduados universitarios, pero estos logros quedan eclipsados por las cifras del paro: el 45% de los jóvenes está en situación de desempleo y la cifra total de parados supera los 4 millones.

A este respecto, se tomaron medidas de urgencia para aquellos desempleados de larga duración que hubiesen agotado la prestación. En primer lugar el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi) de 426 euros/mes y después, el Plan Prepara, activo desde febrero de 2011 hasta agosto del mismo año. Con la diferencia de cuantía, el segundo estaba dotado con 400 euros e incluía un requisito adicional: llevar a cabo un programa de formación para la recualificación profesional.

El paro es el aspecto más visible de la crisis, pero no el único. La falta de perspectivas de futuro atrasaba aún más la edad de emancipación de los jóvenes, de media roza ya los 29 años, y para atajar este problema se puso en marcha la Renta Básica de Emancipación para jóvenes por parte de la entonces ministra de Vivienda, Carme Chacón. Una medida que llegaba después de la anodina propuesta de su antecesora, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en torno a las Keli Finder, 10.000 zapatillas para 'patearse la ciudad' que formaron parte de la campaña de promoción de una web estatal de búsqueda de pisos después de que ella misma hubiera ensalzado las virtudes de los 'minipisos' de 30 metros cuadrados... La web finalmente fue sustituida por el portal de Vivienda Joven con un título algo más digno.


Recortes: 'cheque-bebé' y pensionazo

Y la crisis tocó de lleno. Si la primera legislatura de Zapatero en La Moncloa estuvo marcada por los avances sociales, la segunda lo estuvo por la crisis económica y los 'tijeretazos'.

El 1 de enero de 2011 finalizaba la ayuda de 2.500 euros por nacimiento o adopción, más conocida como 'cheque-bebé', que puso en marcha el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Gobierno daba sí un paso atrás en una de sus propias apuestas que sólo estuvo en vigor unos 3 años y medio.

Pero más significativa fue la estocada dada a uno de los pilares del Estado del bienestar: las pensiones.

Al recorte de sueldo de los funcionarios y otras medidas del plan de austeridad, Zapatero sumó la congelación de las pensiones, exceptuando las no contributivas y las mínimas. Una medida inédita en los últimos 25 años ya que hasta entonces la revalorización de la renta por jubilación había estado garantizada por ley. En su defensa, el presidente del Gobierno argumentó que la pensión media había crecido un 16% desde 2004 y un 27% en el caso de las mínimas, pero lo cierto es que estas justificaciones no convencieron. No logró captar ningún apoyo en el Congreso de los Diputados y finalmente aprobó en mayo de 2010 esta medida dentro del mayor plan de ajuste de la democracia de forma unilateral, gracias a las abstenciones de CiU, CC y UPN, y sin el respaldo del Pacto de Toledo.

El 21 de julio de este año llegaba la segunda parte: la aprobación definitiva de la Ley de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social que entrará en vigor el 1 de enero de 2012. Gracias al apoyo de CiU, Zapatero ha retrasado la edad de jubilación hasta los 67 años de forma progresiva y aumentó los años para el periodo de cálculo de la pensión.


Se quedaron en el tintero...

La falta de apoyos parlamentarios, el adelanto electoral y la difícil situación económica obligaron a ralentizar el desarrollo de algunas normas anunciadas por el gobierno de Zapatero como la Ley de Libertad Religiosa que moría antes de nacer en el 2010 o los numerosos proyectos de ley que no alcanzaban los plazos de tramitación parlamentaria.

Entre la quincena de proyectos de ley que se quedaron en el tintero del Congreso destacan el de Igualdad de Trato y no Discriminación que pretendía regular los derechos de las personas en el proceso final de la vida, más conocido como 'ley de muerte digna'. Un proyecto de ley que contemplaba también la prohibición de conceder subvenciones a colegios que discriminaran por sexo y que tantas ampollas levantó en los sectores más conservadores.

A otro nivel, también se quedó a medias la ley de Igualdad que se aprobó en la primera legislatura del gobierno socialista. Si bien la paridad en las listas electorales es ya una realidad y los poderes públicos aplican en mayor o menor grado la discriminación positiva en los altos cargos, la recomendación al sector privado de incluir más mujeres en sus equipos directivos sigue sin ser escuchada.

Precisamente a este respecto, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha manifestado favorable a modificar la ley para obligar a las empresas a cumplir con estos cupos, ya que ahora la ley sólo recomienda. Entre sus promesas electorales también se encuentran las de no congelar las pensiones ni bajar el sueldo a los funcionarios, como hiciera el gobierno de su exjefe, Rodríguez Zapatero.

En cuanto al candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, se ha mostrado a favor de derogar la reforma de la ley del aborto; eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, modificar la Ley de Memoria Histórica; sustituir el canon digital por otro sistema de derechos de autor y ha decidido esperar a la decisión del Tribunal Constitucional para derogar o no la ley de matrimonios homosexuales.



Esquema de las principales normas relacionadas con los derechos sociales y el Estado del bienestar de la VIII y IX Legislatura:


Primera legislatura 2004-2008:

2004 - Ley integral contra la violencia de género
2005 - Ley de Matrimonios homosexuales y 'divorcio express'
2006 - Plan Avanza
2006 - Educación para la Ciudadanía
2006 - Ley Orgánica de Educación (LOE) y modificación parcial de la Ley Orgánica de Universidades (LOU)
2006 - Ley de Reproducción Asistida
2006 - Primera ley antitabaco
2006 - Ley de Dependencia
2007 - Ley de Igualdad (cada sexo no sea superior al 60% ni inferior al 40% listas electorales; en el caso empresarial sólo es una recomendación)
2007 - Renta Básica de Emancipación
2007 - Cheque Bebé 'sí'


Segunda legislatura 2008-2011:

2008 - Plan Educa3
2009 - Se reforma la prueba de acceso a la universidad, antigua Selectividad, que comenzará a aplicarse en 2010
2009 - Ayudas a parados que hubieran agotado la prestación o subsidio de desempleo [Agosto 2009- febrero 2011 Prodi / Febrero 2011-Agosto 2011 Plan Prepara]
2009 - Escuela 2.0
2009 - Matrícula gratuita de máster para parados
[en vigor sólo durante el curso académico 2010/2011]
2009 - Reforma de la ley del aborto
2010 - Concluye la adaptación al Plan Bolonia de Educación Superior
2010 - Reforma del Real Decreto 1892/2008 que regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias
2010 - Reforma de la Ley antitabaco
2011 - Programa Acredita
2011 - Cheque-bebé 'no' (desde el 1 de enero)
2011 - Ampliación de la edad legal de jubilación a los 67 años de manera progresiva a partir del 2013 y consideración de los últimos 25 años cotizados para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación.
2011 - Congelación de las pensiones


Quedan fuera:

- Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación o ' Ley de Muerte Digna', sin concluir la tramitación parlamentaria
- Ley de Libertad Religiosa, se queda en inicios de negociación
- Ley de Igualdad sin aplicación en el ámbito privado.