En una rueda de prensa en el Congreso,
Bosch recordó este miércoles que el órgano de gobierno de la Cámara Baja justificó su veto en que las preguntas de ERC aludían a cuestiones estrictamente jurídicas o a temas ajenos a la competencia del Gobierno, unos argumentos que los republicanos no comparten. "El Gobierno gobierna el Estado con todas sus instituciones, no gobierna sobre unas sí y sobre otras no", ha enfatizado.
Partiendo de esa premisa, ERC ha optado por preguntar directamente al Ejecutivo si "conoce" si el príncipe y las infantas cobran un sueldo o las donaciones que recibe la Familia Real, si Hacienda fiscaliza sus declaraciones de la renta o de patrimonio, si considera que la Policía debería investigar si las compañías que prestan servicio a la Casa del Rey cobran por ello o si recibe información por parte del interventor que el jefe del Estado nombró hace unos años.
Además, los independentistas quieren que el Gobierno aclare cómo decide la cuantía de la partida que anualmente se incluye en los Presupuestos para el mantenimiento de la familia y la Casa del Rey si considera ajenos a su competencia el conocimiento de cuántos de ellos cobran un sueldo o en qué se gasta ese dinero público.
Reféndum y 23-F"¿Es la propia Familia Real quien propone al Gobierno la cantidad que se le debe asignar en los Presupuestos Generales del Estado? ¿El Gobierno no tiene ningún tipo de control sobre el patrimonio, la actividad económica e ingresos o sobre el pago de impuestos de la Familia Real?" son otras de las cuestiones planteadas por ERC.
Asimismo, quieren que el Gobierno aclare si ve adecuado que el "Rey no sea responsable de su actos" ni esté sujeto "a ningún tipo de responsabilidad penal", si es partidario de reducir el número de miembros que actualmente componen la Familia Real y si ve oportuno modificar el título de la Constitución referente a la Corona y, en su caso, si ésta debería someterse a referéndum.
Pero en este nuevo paquete de preguntas los independentistas también han incluido un bloque relativo al papel del Rey en el golpe de Estado del 23-F, haciéndose eco de las informaciones publicadas tras hacerse público un informe del entonces embajador de Alemania en Madrid que revela que don Juan Carlos pidió penas leves para los golpistas.
Según Bosch, "no puede ser" que los ciudadanos se enteren del papel del Rey en aquel episodio a través de los archivos alemanes y no de los españoles ni que la "carpeta del 23-F se cierre en falso" y se impida a los españoles conocer la verdad.
Tanto IU como ICV ya han registrado preguntas al Gobierno en el Congreso sobre esta cuestión, pero la Mesa del Congreso las ha frenado, en contra del criterio del PSOE, alegando que este asunto no es competencia del Gobierno actual. Los firmantes de las iniciativas ha presentado un recurso sobre el que tiene pendiente pronunciarse la Junta de Portavoces del Congreso.
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