Siete chabolas de la Cañada, pendientes de un juez

La decisión judicial se producía veinticuatro horas después de que las siete familias acudieran a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. A diferencia de quienes vieron derribadas su casas hace una semana o en la misma mañana del jueves, éstos habían logrado, gracias al apoyo de varios voluntarios de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada y de Cáritas, interponer un recurso que logró paralizar la orden hasta que el juez se pronunciara.

Lionel Mandache mostraba el jueves, frente al juzgado, la orden de desahucio, en la que se argumenta que su vivienda entorpece el desarrollo urbanístico de Valdecarros. La citación iba a nombre de "Lidia Mandache y otros", es decir, su hija de cinco años y el resto de la familia. Al Ayuntamiento le consta ese nombre como la titular de la vivienda: "Vinieron a preguntar y yo estaba trabajando, y apuntaron el nombre de la niña", explica Lionel. Y no es la única que ha recibido la misiva: en total son siete familias rumanas —18 adultos y 24 niños— las que están emplazadas para abandonar sus chabolas.

Después de celebrar la vista, tanto Jorge como Eva Navarrete, abogada de las familias, se mostraron "optimistas" respecto a la decisión del juez. "El Ayuntamiento mira hacia otro lado ante el problema social que se puede generar si se tiran estas viviendas: quiere tirarlas y la alternativa que da es dejar a sus inquilinos en la calle", dice Jorge. Por eso, piden que se aplace el derribo, al menos, hasta que los Servicios Sociales ofrezcan una alternativa de realojo a las familias.

"Nosotros estamos empadronando a todos para que el Ayuntamiento vea que estas personas tienen un deseo de integrarse en la sociedad. Es paradójico que nosotros, con unos recursos mínimos, podamos hacer un seguimiento de estos menores, y los Servicios Sociales del Ayuntamiento no lo consigan", denunció Jorge. "En la Cañada Real viven unos 50.000 vecinos y trabajan tres educadores del Ayuntamiento. Con esa dotación de personal, es difícil integrar a tanta gente", asegura.

Tanto él como Ángel y Alicia, otros voluntarios que trabajan en la zona, denunciaron además la "descoordinación" del Ayuntamiento, "ya que ni siquiera los Servicios Sociales de la zona habían sido alertados de que la intención de derribar estas viviendas".

Jorge aseguraba que, justo frente a las chabolas que el Ayuntamiento pretende derribar, se levantan viviendas ilegales mucho mejor acondicionadas, "que llevan allí mucho más tiempo". "Es allí donde se produce todo el tráfico de drogas, y no donde viven estas familias, y sin embargo la orden la reciben las chabolas de los rumanos", denunció.

Por su parte, fuentes del Consistorio explicaban que "derribos hay todos los días y para todos ellos hay una resolución judicial que autoriza la actuación en esos asentamientos ilegales". Las citadas fuentes aseguraban que el recurso presentado por las siete familias como cualquier otro que las familias del poblado puedan interponer sería favorable al Ayuntamiento. La suspensión cautelar se ha llevado a cabo sólo por el principio de seguridad jurídica, que ante cualquier recurso recomienda paralizar las actuaciones hasta haber comprobado la situación, pero estamos convencidos de que la jueza levantará dicha suspensión", afirmaban las mismas fuentes.